Bermúdez, liberado; caso Gibrán, ignorado

De los tres ex funcionarios duartistas excarcelados entre el lunes y miércoles de la primera semana de diciembre para que continúen en libertad sus procesos penales, el caso que más estridencia política y mediática generó fue el de Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de Seguridad Pública del estado, señalado no sólo por enriquecimiento ilícito sino también por su presunta implicación en la desaparición forzada de personas.

El jueves 6, ante su inminente sometimiento a juicio político y remoción de la Fiscalía General del Estado por parte de la LXV Legislatura local controlada por la diputación de MORENA, Jorge Winckler Ortiz, titular de la FGE, convocó a conferencia de prensa para responder también a las críticas del gobernador Cuitláhuac García, quien lo inculpó de los vicios en las carpetas de investigación. “A partir del nuevo gobierno, las puertas del penal se abrieron de par en par. Son aliados los duartistas de este gobierno. Al combatir la corrupción, tocamos intereses muy poderosos”, reviró Winckler.

“Hubo gente intocable, fue a disposición de los jueces, ahora desde Palacio de Gobierno se quiere poner como víctimas a quienes saquearon y afectaron al Estado. Les estorban (estas investigaciones) y les estorbo. (Los duartistas) tienen como aliado al gobernador (…) quieren removerme por oscuros intereses”, pretextó el fiscal yunista, contra el cual este viernes 14 ¡Bermúdez Zurita solicitó juicio político ante el Congreso local!.

Sin embargo, uno de los casos más sonados en la antepasada administración que ni el fiscal duartista Luis Ángel Bravo Contreras ni Winckler investigaron a fondo fue el del secuestro y posterior asesinato de Gibrán David Martíz Díaz, un joven cantante de “La Voz México”, en el cual habría estado involucrado Alan Román Mendoza, conocido entre sus allegados como “Alan Romahn” o “Pin Pon”, hijastro de Bermúdez al que se le atribuyeron millonarios negocios a través de prestanombres –proveedores no sólo de alimentos para reclusorios y cuerpos policiacos sino también de papelería, motocicletas, construcciones y hasta concesionarios del servicio de grúas– en la Secretaría de Seguridad Pública bajo la titularidad del esposo de su madre Lizbeth Mendoza.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el día de la desaparición de Gibrán Martiz, el 7 de enero de 2014, él se reunió con un joven de nombre Luis Eduardo Caballero, originario del puerto de Alvarado, quien tuvo una discusión en una discoteca de Xalapa con el hijo de la mujer de Bermúdez.

Martiz Díaz fue privado de la libertad en un edificio de apartamentos sobre la calle Ferrocarril Interoceánico en la ciudad de Xalapa por un grupo de policías estatales. Posteriormente, su cadáver y el de un menor de edad, aparecieron en un paraje del municipio de Puente Nacional, a un costado de la carretera Conejos-Huatusco.

El padre del cantante, Efraín Martiz Aguirre, quien en su momento acusó de “encubrimiento” al gobierno de Javier Duarte por el cúmulo de irregularidades en la investigación, tuvo que pedir asilo político a Panamá por las amenazas que recibió él y su familia después de la muerte de su hijo. Inclusive llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Un año después de la muerte del secuestro y muerte de Gibrán David, y luego de que el 18 de diciembre de 2014 los siete policías que participaron en el levantón de su hijo y del menor Sergio Luis Hernández obtuvieron su libertad condicional mediante una “medida cautelar” y el pago de una fianza de 5 mil pesos a cada uno de los uniformados que les fijó el juez Florencio Hernández Espinosa, el señor Efraín Martiz volvió a exigir que se investigara a fondo el crimen de su hijo.

En rueda de prensa en enero de 2015, Martiz Aguirre mostró fotografías del cadáver de su hijo en la plancha del Servicio Médico Forense (Semefo), tomadas una hora antes de que le fuera entregado el cuerpo envuelto en una sábana. En las imágenes se observaba el cadáver completamente desnudo con quemaduras en la espalda, producto de choques eléctricos producidos con cables de alta tensión, “probablemente de 220 voltios”, expuso el médico de profesión. Su hijo, dijo, terminó con la mandíbula fracturada por los golpes, y las piernas y glúteos con diversos hematomas y marcas, producto de varios “tablazos”.

“La tortura es por demás evidente, se ensañaron con él; además, a mi hijo le dieron el tiro de gracia. Estas fotos no las voy a dar por respeto a mi familia y la impresión grandísima que generaría en mi esposa y en su hermano, Erick, quien ya una vez se quiso suicidar. Él quedó muy afectado”, expresó emocionalmente muy afectado.

“Mi familia no tenía dinero como para que pidieran rescate por un secuestro. Gibrán no tenía problemas, ni andaba metido en cosas ilícitas, no tenía ni dos días viviendo en Xalapa, estaba recién desempacado del DF cuando lo secuestraron”, comentó.

Al reportero Noé Zavaleta, de la revista Proceso, le confió que el agente del Ministerio Público (MP), Guillermo Bencomo, se negó a entregarle una copia de la averiguación previa (AP-045E-2014*13-06-2014-049547-Z), pero que logró fotografiar varias de las páginas en las que se encuentra una relación de llamadas desde el celular de Gibrán (2291065252).

Según los documentos, el teléfono estuvo siendo “encendido” y “apagado” desde el día de la sustracción de los jóvenes y hasta la aparición de sus cuerpos.

De acuerdo con Efraín Martiz, un localizador GPS da las coordenadas de tres distintas direcciones entre el 7 y el 12 de enero, fecha en que la Fiscalía de Veracruz confirmó el hallazgo de los cuerpos de Gibrán y su amigo.

Uno es el lugar donde fueron secuestrados, cerca del Congreso local, en la calle Ferrocarril Interoceánico; uno más en el conjunto residencial “Las Ánimas”, donde “sé que ahí vive el titular de la SSP, Arturo Bermúdez”, y otro en la Academia de Policía de El Lencero.

“Telcel entregó a petición del MP la sábana de llamadas y localización de datos de internet (un I-Phone 4) de mi hijo. Yo me apoyé con gente externa que conoce de cartografía, de coordenadas y de aparatos sofisticados para obtener dónde habían tenido a mi hijo, y los resultados me dejaron helado”, detalló al corresponsal de la agencia APRO.

“Seguramente a mi hijo lo torturaron, lo golpearon y probablemente lo mataron en la propia Academia de Policía, pero antes lo llevaron o reportaron su detención con el titular de Seguridad Pública, de otra forma cómo te explicas los vaivenes de su teléfono, que nunca me regresaron”, dijo al entregarle al reportero la copia de los mapas con las coordenadas, que coincidían con las hojas de Telcel.

Efraín Martiz recriminó que cuando solicitó al MP entregar las pruebas al Poder Judicial e incluso llamar a cuentas a los policías de la SSP y al propio Bermúdez, aquel sólo dio evasivas. “Dichas pruebas yo las tengo desde junio (de 2014). En esa fecha Bencomo me dijo que ‘necesitaban’ un ‘dictamen’ elaborado por un ‘perito de ellos’ para avalar las localizaciones cartográficas que yo hice con expertos. Han pasado cinco meses más de esa solicitud y no han podido concluir una prueba que yo hice en dos y tres días”, fustigó.

Irritado por el “estancamiento” de la investigación ministerial, Efraín Martiz decidió acudir a las altas esferas del gobierno. Se reunió con el aún gobernador Javier Duarte; con el secretario de Gobierno, Erick Lagos Hernández, y con el nuevo procurador de Justicia, Luis Ángel Bravo. A todos ellos les habló de las pruebas que poseía. Pero todos guardaron silencio, dijo.

“Claro que saben qué sucede, tienen equipos sofisticados para averiguarlo, pero entre ellos se cubren, y no saben que en la calle, en otros ámbitos, los mismos servidores públicos de abajo lo van filtrando, lo van comentando y uno se entera. El tercer joven secuestrado el mismo día que desapareció mi hijo, ‘Connys’, Carlín, de Alvarado, tuvo problemas y rencillas con un familiar del general Bermúdez y ahí inició todo. El error de mi hijo fue llevarse con él (Carlín)”, apuntó.

En una revisión de la agenda pública del gobierno de Duarte, Efraín Martiz encontró que el 14 de enero de 2014 –dos días después de que le entregaron el cuerpo de su hijo– el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, actual coordinador de los senadores del PRI, acudió a la Academia de Policía de El Lencero para entregar reconocimientos durante la graduación de 600 cadetes del Nuevo Modelo Policial. “Lo hizo en el mismo lugar donde estoy seguro que tuvieron secuestrado y donde torturaron y seguramente mataron a mi hijo”, subrayó indignado.

En octubre de 2017, entrevistado por el reportero Miguel Ángel León Carmona, del portal e-consulta.com, sobre la búsqueda que los colectivos de familiares de desaparecidos realizaban en los terrenos de la Academia de Policía, Martiz Aguirre reiteró que “no puedo creer que el CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) no supiera que ahí –en El Lencero– torturaban y mataban gente y, sobre todo que el Secretario de Gobernación haya aceptado estar en la graduación”.

Efraín Martíz, se dijo asombrado de la diligencia de búsqueda que los colectivos de desaparecidos acordaron con Roberto Campa Cifrián, a la sazón subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, pues aseguró que esa misma solicitud le fue negada a él en diversas ocasiones durante la administración pasada. “Yo traté ingresar a la Academia de El Lencero, pero fue imposible hacerlo pues en ese entonces estaba como jefe Arturo Bermúdez Zurita. La CNDH también pidió investigar en el área, pero se los negaron, fue un ir y venir de cartas para solicitar el permiso, pero no hubo manera”, recordó Efraín Martíz, quien mencionó que en la recomendación 14 /2015 por el caso de su hijo Gibrán la Fiscalía General del Estado (FGE), dirigida entonces por Luis Ángel Bravo Contreras, no siguió los protocolos de búsqueda en el interior de la Academia de Policía.

Efraín Martíz también narró a e-consulta.com que días posteriores a la desaparición de su hijo fue contactado por una ex policía de la academia de El Lencero, de quien reservó su identidad, la cual le aseguró ser víctima de tortura en una habitación en la academia de El Lencero “Hay una mujer, una expolicía, a quien días antes de la desaparición de Gibrán, la sacaron a la fuerza de un taxi y se la llevaron a la academia. La querían responsabilizar por un cargamento de droga. Ella sabe dónde torturaban gente, es un lugar donde los policías aprendían a sacar información a las víctimas”, refirió.

Igualmente, además del caso de Gibrán Martiz, la revista Proceso documentó que en Veracruz había denuncias de familiares de policías municipales, agentes estatales y parientes de ex servidores públicos del gobierno de Javier Duarte que aseguran que las policías Estatal y Ministerial levantaban, torturaban y desaparecían gente.

Un caso fue el de Jacqueline Espejo, oficial del agrupamiento carretero de la SSP, la cual fue “levantada” en octubre de 2013 por efectivos de la Policía Estatal Acreditable, quienes a bordo de la patrulla 1397 la golpearon y amenazaron de muerte.

En rueda de prensa, Espejo aseguró que durante cuatro días la tuvieron “secuestrada” en la Academia de Policía El Lencero. “Me dijeron que confesara la posesión de unos tabiques de mariguana, que sabían dónde vivían mis hijos y que no me quisiera pasar de pendeja”.

En ese mismo levantón policiaco desapareció el taxista Andrés Aguilar, de quien hasta el día de hoy se desconoce su paradero. Un caso similar ocurrió el 11 de enero de 2013, cuando ocho policías municipales de Úrsulo Galván fueron reportados como desaparecidos y hasta la fecha nadie sabe dónde se encuentran. Sus hermanas y padres enviaron una carta al presidente Enrique Peña Nieto, en la que aseguraron que fueron policías estatales quienes lo “levantaron”.

Otro caso fue el de Deyanira Hernández, ex jefa del Departamento de Autorización de Crédito de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan). En julio de 2013, acusada de un fraude por 1 millón 800 mil pesos, según el acta circunstanciada DAM-0100/2013, la ex servidora pública fue presuntamente torturada por policías ministeriales mediante “toques eléctricos” en los pezones, abdomen y vagina para que se declarara culpable.

Este miércoles 5, poco antes de ser excarcelado para que continúe su proceso penal en libertad, Bermúdez declaró en entrevista radiofónica que él también fue víctima de tortura. Aseguró que funcionarios de la administración del ex gobernador Miguel Ángel Yunes, como el ex secretario de SSP, Jaime Téllez, lo torturó y que el fiscal para desaparecidos, Luis Eduardo Coronel, lo visitaba de madrugada para que firmara documentos falsos. Admitió que ante ese tipo de situación, cualquiera que esté recluido se “dobla”, trátese de quien se trate.

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