Implicados empresarios de El Financiero y Televisa en fraude de cámaras de videovigilancia

Espejo del Poder

* Más de 700 millones de pesos asignados sin licitación a la empresa COMTELSAT S. A. de C.V., propiedad de Manuel Arroyo y de Bernardo Gómez.

Como candidato al gobierno del Estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares vendió la idea de que era un experto en el tema de la seguridad pública. “Yo sí sé cómo hacerlo”, solía decir en spots y medios de comunicación, criticando el mandato de Javier Duarte de Ochoa.

En sus presentaciones mediáticas insistía que en seis meses resolvería la alarmante inseguridad, que perseguiría a los delincuentes con drones y que instalaría el mejor sistema de videovigilancia del país y del mundo. En todo falló. En todo incumplió, en todo quedó a deber a los veracruzanos y su proyecto de videovigilancia fue un negocio redondo y un fraude.

Su gobierno ejerció  más de 700 millones de pesos en un contrato entregado de manera directa a la empresa COMTELSAT S. A. de C.V., propiedad de Manuel Arroyo,  dueño de El Financiero y de Bernardo Gómez,  del grupo Televisa.

En su perfil corporativo, dicha empresa no señala en ningún lugar que sea experta en sistemas de videovigilancia o que tenga experiencia. Por el contrario, todo su menú de servicios y negocios está enfocado a las tecnologías de la información y comunicación, prestando servicios a Televisa, Tv Azteca y canales deportivos norteamericanos como Fox Sport o ESPN.

En el último trimestre de 2014, esta empresa fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública por tres meses, por haber celebrado contratos con el gobierno a petición de Pemex Exploración y Producción (PEP), según lo publicó el Diario Oficial de la Federación (DOF) en su edición del 22 de septiembre.

Según el periódico Reforma, la inhabilitación se debió a diversos adeudos fiscales de la empresa y porque aparecía en el listado de contribuyentes del SAT bajo el rubro de créditos exigibles.

En su gobierno, Miguel Ángel Yunes Linares decidió que fuera esta empresa la que instalara las 6 mil 476 cámaras de videovigilancia que anunció pomposamente un 22 de octubre de 2017. Ese día dijo que con estas cámaras se atendería una población 3 millones 849 mil 350 veracruzanos, para vigilar 21 mil 544 kilómetros de territorio.

Sin embargo, esta irregularidad del contrato, entregado a una empresa de comunicación y producción televisiva y no experta en videovigilancia, la Auditoria Superior de la Federación emitió la sanción administrativa 2017-B-30000-16-1476-08-001de la Auditoría de Cumplimiento Financiero con enfoque de desempeño 2017-A- 30000-16-1476-2018-1476-DS-GFal Gobierno del Estado de Veracruz en Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades federativas.

La instancia auditoria señalaba las irregularidades de servidores públicos que en su gestión presentaron el dictamen para la adjudicación Directa del Contrato número SSP- UA-111/17, porque la empresa no soportó documentalmente la experiencia para este rubro.

VIDEOVIGILANCIA, PROYECTO FALLIDO

Las 6 mil 476 cámaras anunciadas por el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares en todo el territorio veracruzano harían detección de actos anormales, inteligencia artificial, reconocimiento facial, detección de comportamiento anormal y reconocimiento de placas.

Serían el instrumento perfecto para perseguir e investigar delitos en las entradas y salidas de las ciudades más importantes, en casetas de cobro, zonas universitarias, zonas de actividad deportiva, puentes, centros comerciales y zonas turísticas.

El mandatario estatal argumentó que tenía un estudio serio, profundo y claro, de todos los lugares en donde se instalarían, porque ya habían identificado la infraestructura existente, la capacidad financiera y las zonas de incidencia delictiva.

El Sistema Estatal de Videovigilancia estaría integrado por Estaciones de Monitoreo; Centro de datos para el almacenamiento y análisis de videos y sería operado por personal capacitado. Todo, para prevenir hechos delictivos, prevenir situaciones de emergencia, así como perseguir e investigar delitos.

Según su oficina de Comunicación Social, se instalarían 404 en Pánuco; mil 136 en Poza Rica; 2052 en Xalapa; 1900 en el puerto de Veracruz; 700 en Córdoba y 1084 en Coatzacoalcos. Es decir, 800 más, de las anunciadas originalmente por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

El 11 de marzo de 2018, cuatro meses antes de la elección, dijo que en el mes de junio quedarían instaladas en todo el territorio veracruzano. Pasó la elección, su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez perdió y Yunes Linares dio otro plazo, el mes de agosto, para concluir este programa.

Así lo registró su oficina de prensa y los medios locales, en una declaración del 15 de julio de 2018: “Seguramente no pasará del mes de agosto para que más de 6 mil 500 cámaras estén funcionando debidamente y podamos tener un sistema de videovigilancia cómo nunca lo ha tenido Veracruz”, aseveró.

El 19 de agosto, en Coatzacoalcos, amplió nuevamente el plazo: “las 6 mil 457 cámaras de videovigilancia que se han instalado a lo largo de la entidad veracruzana entrarán en operación a partir del próximo 15 de septiembre”.

Esa fecha llegó y tampoco se cumplió.

El 17 de septiembre, en conferencia de prensa, luego de la clásica reunión del Grupo de Coordinación Veracruz, comentó que ya todo estaba listo, que solo faltaba verificar que la señal llegara a los C4 y C5 de Veracruz-Boca del Río.

El 30 de noviembre de 2018 concluyó su gobierno  y el programa de videovigilancia más grande de la historia de Veracruz, que costó más de 700 millones de pesos, nunca se puso en marcha.

El gobierno de Cuitláhuac García Jiménez tendrá que investigar a profundidad y determinar cuánto se gastó, cuántas cámaras de instalaron en realidad y si de verdad fueron conectas a los Centros de Comando, Control y Cómputo o a algún sistema alterno operado por el propio Miguel Ángel Yunes Linares.

En todo este programa, tampoco se ha concluido el llamado Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Contacto Ciudadano e Inteligencia (C5 I), que se construyó en Boca del Río, el cual habría de entrar en operaciones en mayo de 2018.

Muchas preguntas quedan en el aire de este programa que al parecer es una muestra más de la corrupción e ineficiencia en el gobierno que caracterizó al mandato de Miguel Ángel Yunes Linares.

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