RECTORA DE UV, BAJO SOSPECHA POR CASA MILLONARIA, AHORA PROMETE AUSTERIDAD

Luego del amago del presidente Andrés Manuel López Obrador de recortar los subsidios del gobierno federal a las instituciones de educación superior, la Universidad Veracruzana, que encabeza la rectora Sara Ladrón de Guevara, emitió este miércoles 19 un comunicado para ratificar que la UV “asume con convicción y compromiso social la política de austeridad implementada” por el mandatario mexicano

Asimismo reconoció la “invaluable disposición” de López Obrador “para seguir apoyando a la educación superior pública en el país”, por lo que, “en reciprocidad, nos sumamos con toda responsabilidad a los nuevos tiempos de nuestro país y, en consecuencia, suscribimos los acuerdos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) presentados en reunión de trabajo con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.”

En dicho comunicado, la UV de Ladrón de Guevara remarcó que “en ocasión de esta renovación de los votos a favor de una política de austeridad, de mayor eficiencia y transparencia, la universidad se compromete a continuar una gestión racional, honesta, transparente y a rendir cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.”

Y se puntualizó que “en este sentido, además de las medidas que ya se implementan en la actual administración, y que incluyeron el recorte a las compensaciones de los mandos superiores de la universidad desde el primer periodo del actual rectorado, se comunica que la Rectora de la Universidad Veracruzana, Dra. Sara D. Ladrón de Guevara González, reducirá por segunda ocasión sus percepciones a partir de enero de 2019 armonizándolas con la iniciativa presentada por el Presidente de la República, independientemente de la resolución al respecto que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación.”

Sin embargo, aunque la rectora de la UV se compromete a entrarle a la austeridad, se resiste a someterse a las normas locales que en esta materia están por expedir el Ejecutivo y el Congreso del estado. Así, al menos, lo dio a entender públicamente en su comunicado: “Siendo la Universidad autónoma, agradecemos el respeto manifiesto en los poderes ejecutivo y legislativo federales. Estamos convencidos de que hallaremos siempre congruencia en el quehacer de  los poderes locales. Solicitamos en consecuencia excluir a nuestra institución de leyes estatales que condicionen el uso de nuestros patrimonios y nos comprometemos en reciprocidad con la austeridad manifiesta del Señor Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, a procurar también una gestión austera y una utilización de los recursos públicos en beneficio de la sociedad.”

Pero en los hechos no hay ninguna garantía de que Ladrón de Guevara cumpla su palabra.

Y es que contra lo que ahora presume, la rectora de la Universidad Veracruzana se ha conducido con una inusitada opacidad. Por ejemplo, desde hace más de dos años había sido cuestionada por el monto real de su salario como máxima autoridad de la UV. La última vez fue a principios de septiembre de 2017, luego de que el portal informativo Animal Político publicó que mensualmente percibía 195 mil 348 pesos, lo que la convertía en la académica “mejor pagada del país”, aún por encima de los rectores del Instituto Politécnico Nacional, UNAM, Colmex y de la UAM, así como de varios gobernadores –incluyendo al entonces mandatario panista Miguel Ángel Yunes Linares, quien nominalmente percibía menos de la mitad: 74 mil 938 pesos al mes– y hasta del propio ex presidente de la República, Enrique Peña Nieto, cuyo último ingreso fue presuntamente de cien pesos menos que el de la ex directora del Museo de Antropología de Xalapa.

Entrevistada sobre este asunto en septiembre de 2017 en un evento en el Palacio Municipal del puerto de Veracruz, la rectora no quiso revelar el monto de su percepción. “Falso, falso, es falso. No tengo ese dato”, respondió a los reporteros que le preguntaron sobre lo publicado por el portal informativo que en 2016 destapó el caso de las fraudulentas “empresas fantasmas” del ex gobernador priista Javier Duarte de Ochoa.

“No voy a tener eso como un tema, es una provocación”, respondió molesta, arguyendo que “yo le puedo decir que tengo un salario menor que el que tenía mi antecesor y el que tenía el antecesor de mi antecesor. No quiero manejar cifras porque ustedes están queriendo poner una nota y la Universidad Veracruzana hace mucho más que tener unas notas para vender, disculpen”, pretextó para justificar su opacidad.

El asunto caló tanto entre la comunidad universitaria que a través de la plataforma Change.org, el año pasado, un grupo de académicos de la UV recabó firmas para –entre otros puntos– pedir que la rectora bajara su salario.

Este tema volvió a resurgir a finales de abril de este año, ya que luego del estruendoso fracaso de la Feria Internacional del Libro Universitario organizada por la UV –a la que hasta la periodista Carmen Aristegui canceló inexplicablemente su asistencia– fue filtrada una copia fotostática de la Escritura Pública número 28109, volumen 726, del 30 de octubre de 2017, en la que el Notario Público No. 9 de Xalapa, Arturo Hernández Reynante, da fe del contrato de compra-venta entre seis miembros de la familia Lascurain Rangel, y los esposos Sara Ladrón de Guevara y Guillermo Heitler Aroeste, los cuales compraron y adquirieron para sí mismos, “en partes iguales e indivisas”, la casa y terreno marcados con el número 50 de la antigua Calle Josefa Ortiz de Domínguez –hoy Calle Corregidora–, de esta ciudad capital, con superficie remanente de poco más de 3 mil 547 metros cuadrados.

Esta residencia fue propiedad del ex gobernador Rafael Hernández Ochoa (1974-1980), misma que el ex mandatario estatal del PRI habitó durante su mandato. Y según corredores inmobiliarios, su valor real casi doblaría el precio declarado en la escritura notarial. El monto de esta operación fue por la cantidad de 12 millones de pesos. La solicitud de inscripción en el Departamento del Registro Público de la Propiedad y el Comercio fue recibida el 02 de enero del presente año.

UNIVERSIDADES IMPLICADAS EN FRAUDES

Un escándalo más de corrupción que marcó al sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto fue el de las universidades públicas implicadas en actos fraudulentos en perjuicio del erario federal. En octubre de este año, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso siete denuncias penales ante la PGR en contra de la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedatu), de Desarrollo Social (Sedesol) y tres instituciones de educación superior por el presunto desvío de recursos públicos a través del esquema conocido como “La Estafa Maestra”.

Las nuevas irregularidades detectadas por la Auditoría tanto en Sedesol –durante 2014– como Sedatu –en 2015 y 2016– ocurrieron durante las administraciones de Rosario Robles en ambos casos y sumaban  mil 901 millones de pesos.

Durante la Segunda entrega de informes individuales de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondientes a la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017, el auditor superior David Colmenares Páramo detalló que estas siete denuncias penales se sumaban a otras 23 interpuestas también por este esquema de presunto desvío en contra de Sedesol y otras universidades.

En total, hasta octubre de 2018, se habían presentado 30 denuncias penales relacionadas con contrataciones celebradas por diversas dependencias y entidades, con universidades públicas y sistemas de radio y televisión de Quintana Roo, Sonora e Hidalgo, por un monto aproximado de 5 mil millones de pesos.

En un amplio reportaje publicado por el portal informativo Animal Político, se detalló que dicho esquema de desvío consistía en que una dependencia hacía convenios con universidades o sistemas de radio para hacer supuestos servicios, y éstos a su vez subcontrataban a empresas que resultaban ser “fantasma” y, por tanto, el dinero desaparecía. Esto ocurrió por el uso de la excepción al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones que permite hacer convenios entre entes públicos sin necesidad de hacer licitaciones.

La Sedatu, a cargo de la ex perredista Rosario Robles, fue denunciada hace un año junto con las Universidades Politécnicas de Chiapas, Quintana Roo y Francisco I. Madero. También el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y Televisora de Hermosillo por los convenios hechos entre 2015 y 2016.

En tanto, la Sedesol y Radio y Televisión de Hidalgo fueron denunciados por los convenios realizados en 2014 para servicios como diseñar la “estrategia, creatividad, producción y la difusión en medios; el planteamiento conceptual base para diseño y edición de materiales en audio, en video y gráfico y la edición de piezas de comunicación para la Cruzada contra el Hambre”, la principal estrategia del gobierno del presidente Peña Nieto para el combate a la pobreza.

Los servicios supuestamente convenidos por la Sedatu con las universidades eran para la difusión y aplicación “de los conocimientos científicos y técnicos en la implementación de proyectos y acciones en materia de ordenamiento territorial”, o “para el servicio tecnológico para el sistema para el control de la estrategia de inclusión nacional de la Sedatu, en cumplimiento de sus fines institucionales”.

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