Condena COIDH a México por caso Atenco; implicado Yunes Linares

Después de varios años de exigir justicia, por fin, este viernes 21, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) declaró la responsabilidad del Estado mexicano por las graves violaciones cometidas contra 11 mujeres en 2006 en Atenco, Estado de México, durante un operativo policiaco en el que estuvo implicado el ex gobernador panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, quien en ese entonces se desempeñaba como subsecretario de Seguridad Pública federal.
Según informó el diario Reforma en su edición impresa de este sábado 22, el máximo órgano judicial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos encontró que las mujeres fueron víctimas de detenciones arbitrarias, tortura física, psicológica y sexual y falta de acceso a la justicia. “El uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales al momento de detenerlas no fue legítimo ni necesario, pero además fue excesivo e inaceptable por la naturaleza sexual y discriminatoria de las agresiones sufridas”, sentenció la CoIDH, la cual reprochó la ausencia de regulación adecuada, la falta de capacitación de los agentes, de supervisión y de monitoreo ineficiente del operativo. El operativo, en el que participaron mil 815 policías estatales y 628 federales, se realizó el 3 y 4 de mayo de 2006.
En la sentencia, que fue adoptada el 28 de noviembre pero notificada este viernes 21 de diciembre, la Corte hace referencia al papel de diversas autoridades, entre ellas el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.
“Esa noche hubo una reunión en la que participaron distintas autoridades federales y estatales, incluyendo al Gobernador del Estado de México, en la que se decidió utilizar la fuerza pública (…) El Gobernador, el Secretario de Seguridad Pública y el coordinador nacional del Consejo de Seguridad Pública se retiraron ‘una vez que se acordó el uso de la fuerza pública’”, indicó.
“La estrategia específica del operativo policial se definió en una segunda reunión, en ausencia del Gobernador y del Secretario de Seguridad Pública, que terminó en la madrugada del 4 de mayo de 2006, en la que participaron las restantes autoridades federales, estatales y miembros del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva”.
Las 11 mujeres que la Corte Interamericana reconoce como víctimas son Yolanda Muñoz Diosdada, Norma Aidé Jiménez Osorio, María Patricia Romero Hernández y Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Ana María Velasco Rodríguez, Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, Bárbara Italia Méndez Moreno, María Cristina Sánchez Hernández, Angélica Patricia Torres Linares y Claudia Hernández Martínez.
“(La Corte) observa que después de la violencia sufrida a manos de los elementos policiales, las víctimas fueron sometidas a la puesta en duda de su credibilidad y su estigmatización pública como guerrilleras por el Gobernador, el Secretario General de Gobierno del Estado de México y el Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal”, acusó.
“Al respecto, este Tribunal advierte que resulta absolutamente inaceptable que la primera reacción pública de las más altas autoridades pertinentes haya sido poner en duda la credibilidad de las denunciantes de violencia sexual, acusarlas y estigmatizarlas de guerrilleras, así como negar lo sucedido cuando aún no se había siquiera iniciado una investigación”.

YUNES LINARES, SEÑALADO
Feministas integrantes de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad y Salud Integral para la Mujer (SIPAM) señalaron hace 12 años a Miguel Ángel Yunes, a la sazón subsecretario de Seguridad Pública federal, como responsable también de estos abusos policiacos. Las representantes de estas dos organizaciones defensoras de las mujeres ultrajadas demandaron el 25 de mayo de 2006 la renuncia inmediata de Yunes Linares ante su incapacidad para asumir su responsabilidad en las agresiones sexuales de mujeres en el operativo de San Salvador Atenco, que había tenido lugar tres semanas atrás.

Yunes fue señalado por las feministas como “responsable directo de los hechos y de los actos criminales de la corporación a su cargo”. Lo acusaron de poner en tela de juicio la veracidad de las declaraciones de las mujeres violadas por los elementos a su mando, validando de tal forma, el proceder de los policías.
Ante la indignación de las mujeres quienes reprobaron los actos brutales, el abuso y la criminalidad de los policías en este operativo, las organizaciones civiles exhortaron al funcionario veracruzano a renunciar y, más aún, ponerse a disposición de las autoridades correspondientes.

Además, exigieron castigo ejemplar a los golpeadores y violadores de las mujeres en Atenco así como un alto a la represión a los movimientos sociales.
Cabe recordar que a mediados de mayo de 2006, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) había constatado también en su informe preliminar sobre los hechos de Atenco, la violación sexual a 23 mujeres detenidas.
Las feministas también denunciaron la irresponsabilidad del entonces presidente Vicente Fox, del secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, y del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, quienes “en lugar de castigar a los responsables han justificado el uso de la violencia y han descalificado los testimonios de las mujeres agredidas”, igual que lo había hecho también Yunes Linares.

ORDENAN REPARACIÓN
Ahora, 12 años después, en la sentencia sobre el caso Atenco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano iniciar investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas para determinar, juzgar, y, en su caso, sancionar a todos los responsables de la violencia y tortura sexual contra las 11 víctimas.
Demandó además realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. “Y establecer un mecanismo de monitoreo y fiscalización para medir y evaluar la efectividad de las políticas e instituciones existentes en materia de rendición de cuentas y monitoreo del uso de la fuerza de la Policía Federal y la Policía del Estado de México”, indicó. También ordenó dar becas para educación superior para Angélica Patricia Torres Linares, Claudia Hernández Martínez y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, entre otros puntos.

CRONOLOGIA DE LOS HECHOS
En octubre de 2001, el presidente Vicente Fox anunció la sede del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco.
Ejidatarios de comunidades cercanas iniciaron manifestaciones en contra del proyecto, y conformaron el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).
El FPDT exigió al gobierno federal cancelar la obra.
Los días 3 y 4 de mayo de 2006, en Texcoco y San Salvador Atenco, ocurrieron enfrentamientos entre pobladores y elementos de las policías federal, estatal y municipal.
Después de un choque entre floricultores simpatizantes del FPDT y policías continuó los enfrentamientos entre pobladores y uniformados que dejaron un saldo de dos muertos y 191 detenidos; 31 de las 50 mujeres detenidas denunciaron abusos sexuales.

EL AVISO DEL NYT
Desde hace un par de años, el 23 de septiembre de 2016, el influyente periódico estadounidense The New York Times retomó en su primera plana el caso Atenco que, advirtió, “podría pegarle a la Presidencia” de Enrique Peña Nieto, pues refería que abordaba el tema de las mujeres víctimas de los arrestos arbitrarios y las torturas sexuales cometidas por fuerzas del Estado mexicano el 3 y 5 de mayo de 2006, cuando Peña era entonces gobernador del Estado de México y ordenó un operativo para reprimir una manifestación de protesta del nuevo aeropuerto en San Salvador Atenco.
“La represión ordenada por el gobierno terminó con la muerte de dos personas, más de 200 detenciones y decenas de heridos graves. Los agentes de seguridad que participaron fueron acusados, entre otras violaciones a los derechos humanos, de torturar sexualmente a más de 20 mujeres”, consignó el diario neoyorkino, precisando que once de estas féminas denunciaron los abusos cometidos contra de ellas, pero al encontrarse con trabas para encontrar justicia en México, se vieron obligadas a llevar su caso a instancias internacionales.
El NYT citó que el entonces gobernador Enrique Peña Nieto había declarado, un mes después de los hechos, que “la “fabricación” de acusaciones era una táctica conocida de grupos radicales, y que ese podía ser el caso de las mujeres que denunciaban violaciones por parte de la policía, con el objetivo de desacreditar al gobierno”.
Sin embargo, el periódico norteamericano publicó en septiembre de 2016 que a diez años del crimen, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido su dictamen a favor de las víctimas y el pasado sábado 17 de septiembre mandó el caso a la Corte “que podría obligar al Estado mexicano a establecer responsabilidades en toda la cadena de mando involucrada en los hechos, lo que incluye al entonces gobernador del estado que ordenó el operativo, hoy presidente de México”.
Sin embargo, en respuesta a lo publicado por NYT, “la oficina del presidente ha dicho por su parte que la CIDH no responsabilizó a Peña Nieto ni lo ha nombrado explícitamente como un objetivo de la investigación. Más allá de eso, sostienen, los casos judiciales en México nunca lo han hecho responsable de las agresiones sexuales a las mujeres”.
En su edición en español, el NYT detalló entonces uno de los casos de las víctimas:
“A Yolanda Muñoz la detuvieron en la azotea de una casa y la pusieron de rodillas. A su lado había una pila de cuerpos amontonados, golpeados y ensangrentados.
“Todavía recuerda las botas negras de sus agresores, el encono de sus golpes: casi siempre pegaban en la espalda y en la cabeza, dice.
“Los policías la subieron a un autobús tipo escolar junto a otras mujeres y hombres que, al igual que ella, creían que iban a morir. Y en cierto sentido no se equivocaba: en ese viaje de cinco horas que hicieron desde Texcoco —un municipio en las afueras de Ciudad de México— a distintas cárceles, a muchas de las detenidas les mataron una parte de ellas mismas.
“A algunas le mordieron los senos, les pellizcaron los pezones. A una mujer la obligaron a darle sexo oral a varios policías. A otras las penetraron con los dedos o con objetos. Mientras los policías las golpeaban, las manoseaban y las denigraban, algunas eran forzadas a contar chistes para entretenerlos. A Yolanda Muñoz le hicieron mantener el equilibrio mientras sostenía una granada falsa en las manos…”.

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