Cuando Yunes se salvó de un “helicopterazo”

El 21 de septiembre de 2005, por la mañana, el veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares, a la sazón subsecretario de Seguridad Pública federal, iba a viajar con su jefe Ramón Martín Huerta al penal de La Palma, en el Estado de México, donde se pondría en operación la Fuerza de Seguridad Penitenciaria, nueva policía que tendría como encomienda mantener sin corrupción los centros federales de máxima seguridad.

Sin embargo, según trascendió en aquella ocasión, de última hora Yunes Linares no formó parte de la comitiva del secretario de Seguridad Pública federal que se transportó en un helicóptero Bell 412-EP, con matrícula XCPFI, el cual, pese a que era promocionado por la empresa estadounidense Textron como la aeronave más confiable en “condiciones extremas”, como las de la cordillera del Himalaya, cuyos picos rebasan los 8 mil metros sobre el nivel del mar, no pudo ascender más allá de 3 mil 500 metros de altitud y acabó estrellándose contra las montañas mexiquenses, lo que le costó la vida a uno de los hombres más cercanos al entonces presidente Vicente Fox.

Después de 25 minutos de vuelo, el helicóptero se estrelló en la parte alta del cerro conocido como La Cima, que se localiza en el poblado de San Miguel Mimiapan, municipio de Xonacatlán, Estado de México. La nave había partido del Campo Marte a las 10:25 de la mañana, y el viaje rumbo al penal de La Palma duraría de 35 a 40 minutos. A bordo iban, además de Martín Huerta, Juan Antonio Martínez, director de Comunicación Social de esa dependencia; el oficial mayor, Francisco Becerra; el secretario ejecutivo, Silvino Chávez Hernández; el comisionado de la PFP, Tomás Valencia Ángeles; el jefe de ayudantes, Jorge Alberto Estrella; el tercer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Antonio Bernal; el piloto Habacuc de León Galicia, y el copiloto Rafael Esquivel Arreguín.

Según versión de la SSP federal, a los 20 minutos de vuelo, Eduardo Mondragón, secretario particular de Martín Huerta, recibió una llamada vía celular de su jefe. Faltaban diez minutos para que el helicóptero aterrizara en el penal de La Palma.

Sin embargo, la Secretaría de Gobernación informó en un comunicado de prensa que la nave partió a las 10:45 del Campo Marte y que “el último contacto que se tuvo fue a las 11:38”, es decir, habría volado ya, según esa versión, 53 minutos, ocho más de lo estipulado en el plan de vuelo.

El acto en el que el orador central sería Martín Huerta estaba programado para las 12 del día. Decenas de reporteros y funcionarios esperaban el arribo del secretario y sus acompañantes, empero, casi a esa misma hora comenzaron a correr versiones de que el helicóptero en que viajaba el funcionario se había desplomado. Fuentes consultadas no descartaron que el siniestro hubiera sido provocado como respuesta a la creación de la nueva policía penitenciaria y el reforzamiento de las medidas de seguridad en los centros penitenciarios federales.

La falta de información oficial en torno a lo ocurrido, situación que se prolongó por casi siete horas, provocó un vacío que propició que en los medios de comunicación surgiera todo tipo de especulaciones, y aunque sin confirmación gubernamental se habló de un posible atentado, ya que en las últimas semanas el líder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, preso en La Palma, habría amenazado de muerte –a través de terceros a altos mandos de la SSP federal y de la CNDH.

Incluso se llegó a informar, por parte de funcionarios cercanos a Ramón Martín Huerta, que el tercer visitador de la CNDH y el secretario se entrevistarían con Osiel Cárdenas para aclarar las amenazas de muerte.

Según publicó el diario La Jornada en aquella ocasión, fuentes oficiales y policiacas desde temprana hora mencionaron la posibilidad de que se tratara de un atentado, por lo que posteriormente las versiones gubernamentales comenzaron a reiterar de manera precipitada que se había tratado de un accidente.

Durante la noche de ese trágico día, el entonces subsecretario Miguel Angel Yunes, quien desde finales del sexenio del presidente Ernesto Zedillo había tenido el control directo e indirecto de los reclusorios federales de alta seguridad –inclusive después de que en enero de 2001 escapara Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, del penal de Puente Grande, Jalisco, cuando el director de Prevención y Readaptación Social era su incondicional Enrique Pérez Rodríguez, su sucesor en esa dependencia federal y ex suplente en la Cámara de Diputados y secretario de Educación de Veracruz en su administración estatal– declaró al noticiero de Televisa que conducía el periodista Joaquín López Dóriga que “el helicóptero no existe... no quedó prácticamente nada. Aun así descartó a priori que el percance tuviera algo que ver con las amenazas del narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén.

AFLORARON LOS NEGOCIOS

A partir de este trágico suceso afloró la corrupción en la compra de las aeronaves oficiales. El semanario Proceso, por ejemplo, publicó en su edición del 25 de septiembre de ese año, que entre 1995 y 2005 por lo menos cinco helicópteros de este tipo, Bell 412, utilizados por dependencias oficiales habían sufrido accidentes graves, refiriendo que uno de ellos fue comprado en 6 millones de dólares, sin licitación de por medio, cuando el vicealmirante Wilfrido Robledo Madrid era el comisionado en la Policía Federal Preventiva (PFP).

Robledo fue acusado por el primer secretario foxista de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Maneropredecesor de Martín Huerta y actual encargado de la nueva Fiscalía General de la República–, de comprar de manera ilícita y a sobreprecio por lo menos 15 aeronaves, 13 camionetas Cherokee y 353 patrullas en agosto de 2000, pocos meses antes de que terminara el gobierno del presidente Ernesto Zedillo y cuando ya se conocía el triunfo del panista Vicente Fox.

Tras la investigación de las irregularidades, en mayo de 2003, Robledo Madrid fue inhabilitado para ocupar cargos públicos por 10 años por el órgano interno de control de la PFP. A pesar de esto, el ex comisionado de la corporación fue designado director de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México por Enrique Peña Nieto, quien en 2005 acababa de asumir la gubernatura mexiquense.

La polémica en torno del helicóptero Bell 412 venía de varios años atrás. En mayo de 2004, la Procuraduría General de la República presentó una demanda por daños y perjuicios de 6 millones de dólares contra Bell Helicopter Textron, la segunda empresa más importante del mundo en la manufactura de helicópteros. La demanda incluía también a 20 ex funcionarios de la PFP y de la Secretaría de Gobernación, entre ellos el vicealmirante Robledo, Gerardo Cajiga Estrada ex oficial mayor de Gobernación y los generales Pedro Huerta y José Antonio Guzmán.

Los helicópteros Bell fueron considerados como la “columna vertebral” de la división aérea de la Policía Federal de Caminos, que llegó a tener hasta 16 unidades.

Bell Helicopter tiene ventas anuales por 2 mil 200 millones de dólares y en México su principal cliente era hasta el sexenio antepasado la empresa Aeroservicios Especializados SA de CV (Asesa), que le alquilaba servicios de transportación aérea para Pemex Exploración y Perforación.

La subsidiaria de Pemex firmó un contrato con Asesa con vigencia de cinco años, que vencía en 2008. El contrato fue tan jugoso que el 14 de marzo de 2004 Asesa compró 10 helicópteros Bell 412 EP nuevos. El director ejecutivo de la empresa, Humberto Lobo de la Garza, afirmó que esta compra convertía a su compañía en “el operador marítimo más grande en México”.

El comunicado de prensa de Asesa justificó así la compra de los Bell 412 EP: “La muy buena y conocida confiabilidad, el mejor ciclo de vida y costo de operación, nos permitieron la habilidad de presentar a Pemex la más sólida propuesta de servicios de helicóptero”.

A su vez, el entonces subdirector de PEP, Rafael Bracho Ransom, declaró al semanario Proceso que a la paraestatal le salía “más barato” rentar los servicios de transportación aérea que comprar directamente los helicópteros Bell 412.

La calificadora Fitch México señaló que Pemex era dueña de 49% de Asesa, mientras que 51% pertenecía a Servicios Especializados de México, del grupo regiomontano Protexa.

Después del foxista Ramón Martín Huerta murió el 4 de noviembre de 2008 en otro accidente aéreo Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación con el presidente Felipe Calderón –fuerte aspirante del PAN para la sucesión presidencial de 2012, con quien Yunes Linares se había vinculado desde la Dirección general del ISSSTE–, el cual falleció cuando el Learjet en el que viajaba procedente de San Luis Potosí se precipitó en Periférico y Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.

Y tres años después, el sucesor de Mouriño en la SEGOB, el panista tijuanense Francisco Blake Mora, también pereció cuando el helicóptero en el que viajaba se desplomó en el Municipio de Chalco, Estado de México, el 11 de noviembre de 2011.

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