Promete SEGOB que acatarán a plenitud sentencia sobre Atenco

 

Después de que el pasado viernes 21 de diciembre, tras casi 13 años de que las víctimas clamaran justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) declaró la responsabilidad del Estado mexicano por las graves violaciones cometidas contra 11 mujeres en 2006 en Atenco, Estado de Méxicodurante un operativo policiaco en el que estuvo implicado el ex gobernador panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, quien en ese entonces se desempeñaba como subsecretario de Seguridad Pública federal– este lunes 24 la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la SEGOB, Alejandro Encinas, afirmaron que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador acatará y atenderá dicha sentencia del máximo órgano judicial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Hay que señalar que el Estado mexicano ha iniciado un proceso de revisión de esta sentencia, la cual cumpliremos de manera muy puntual, adquiriendo cada uno de los aspectos que de ella se deriven”, declaró Encinas, quien dijo que “en los próximos días se va hacer el análisis de la sentencia, y que darán a conocer las fechas, mecanismos e instrumentos a partir de los cuales la ejecutarán plenamente.

Por su parte, la secretaria Olga Sánchez Cordero destacó que la aceptación de esta sentencia pone de relieve el cambio de paradigma del gobierno federal en materia de derechos humanos.Y la acata a plenitud”, enfatizó la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad del Estado mexicano por las graves violaciones a derechos humanos cometidas contra 11 mujeres en 2006 en Atenco, Estado de México. La CoIDHencontró que fueron víctimas de detenciones arbitrarias, tortura física, psicológica y sexual, y falta de acceso a la justicia.

El máximo órgano judicial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos encontró que las mujeres fueron víctimas de detenciones arbitrarias, tortura física, psicológica y sexual y falta de acceso a la justicia. “El uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales al momento de detenerlas no fue legítimo ni necesario, pero además fue excesivo e inaceptable por la naturaleza sexual y discriminatoria de las agresiones sufridas”, sentenció la CoIDH, la cual reprochó la ausencia de regulación adecuada, la falta de capacitación de los agentes, de supervisión y de monitoreo ineficiente del operativo. El operativo, en el que participaron mil 815 policías estatales y 628 federales, se realizó el 3 y 4 de mayo de 2006.

En la sentencia, que fue adoptada el 28 de noviembre pero notificada el pasado viernes 21 de diciembre, la Corte hace referencia al papel de diversas autoridades, entre ellas el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.

“Esa noche hubo una reunión en la que participaron distintas autoridades federales y estatales, incluyendo al Gobernador del Estado de México, en la que se decidió utilizar la fuerza pública (…) El Gobernador, el Secretario de Seguridad Pública y el coordinador nacional del Consejo de Seguridad Pública se retiraron ‘una vez que se acordó el uso de la fuerza pública’”, indicó.

“La estrategia específica del operativo policial se definió en una segunda reunión, en ausencia del Gobernador y del Secretario de Seguridad Pública, que terminó en la madrugada del 4 de mayo de 2006, en la que participaron las restantes autoridades federales, estatales y miembros del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva”.

En esa época, Yunes Linares era subsecretario de Seguridad Pública federal, por lo que feministas integrantes de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad y Salud Integral para la Mujer (SIPAM) lo señalaron hace más de 12 años como responsable también de estos abusos policiacos.

Las representantes de estas dos organizaciones defensoras de las mujeres ultrajadas demandaron el 25 de mayo de 2006 la renuncia inmediata de Yunes ante su incapacidad para asumir su responsabilidad en las agresiones sexuales de mujeres en el operativo de San Salvador Atenco, que había tenido lugar tres semanas atrás.

Yunes fue señalado por las feministas como “responsable directo de los hechos y de los actos criminales de la corporación a su cargo”. Lo acusaron de poner en tela de juicio la veracidad de las declaraciones de las mujeres violadas por los elementos a su mando, validando de tal forma, el proceder de los policías.

Ante la indignación de las mujeres quienes reprobaron los actos brutales, el abuso y la criminalidad de los policías en este operativo, las organizaciones civiles exhortaron al funcionario veracruzano a renunciar y, más aún, ponerse a disposición de las autoridades correspondientes. Además, exigieron castigo ejemplar a los golpeadores y violadores de las mujeres en Atenco así como un alto a la represión a los movimientos sociales.

Cabe recordar que a mediados de mayo de 2006, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) había constatado también en su informe preliminar sobre los hechos de Atenco, la violación sexual a 23 mujeres detenidas.

Las feministas denunciaron igualmente la irresponsabilidad del entonces presidente Vicente Fox, del secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, y del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, quienes “en lugar de castigar a los responsables han justificado el uso de la violencia y han descalificado los testimonios de las mujeres agredidas”, tal como lo había hecho también Yunes Linares.

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