De Tajo

Cuando se exigen derechos pero no se cumplen obligaciones se genera una espiral de inequidad que más pronto que tarde deriva en conflictos, atropellos y daños irreparables…

De Tajo

¿Está perdida la guerra? I

Aníbal Delfino

Toda sociedad de humanos, para ser viable, es decir, duradera, consistente y armónica, necesita de un conjunto de reglas y acuerdos esenciales entre sus integrantes, que van desde el respeto “al otro” hasta el cumplimiento inexcusable de deberes para con la comunidad en su conjunto (pago de impuestos, servicios sociales, etc.). Y hablamos de cosas simples como no invadir el espacio que pertenece a otros, respetar el sueño de los vecinos y asuntos mucho más complejos, como no matar, violar o despojar a gente indefensa.

En prácticamente todas las naciones del mundo existen códigos de validez universal para sus miembros, que son obligatorios y que al dictarse, se presupone que están orientados a proteger los derechos de los mismos integrantes de la comunidad; esas normas se ponen en vigor para garantizar que las comunidades puedan funcionar, es decir, que no se destruyan a sí mismas y que además puedan garantizar la vida, la integridad, un mínimo de bienestar y otros derechos esenciales de las personas que las integran, que prevalezcan dentro de ellas la paz y la armonía, y que las agrupaciones sociales cuenten con los medios para hacer frente a calamidades naturales, a conflictos con otros grupos, y para evitar las conductas antisociales; en suma, los sistemas normativos son instrumentos indispensables para garantizar la vida de las congregaciones de personas constituidas, ya como países, ya como regiones, ya como simples aldeas.

El marxismo ortodoxo y especialmente el anarquismo han sostenido históricamente que en realidad los sistemas jurídicos no son sino instrumentos “de clase”, utilizados por los poderosos para la explotación de los débiles y han postulado la abolición de toda ley como el único camino de la verdadera justicia. Sin embargo, unos diez milenios de historia documentada de las distintas civilizaciones dejan en claro que es utópica, prácticamente imposible la existencia de una sociedad en la que no haya un mínimo de normas legítimas –reconocidas por todos y orientadas al bienestar general— y por ende, obligatorias.

Por el contrario, la “acracia”, el no gobierno, que es el resultado claro y directo de la inexistencia de leyes o, peor aún, el deliberado y constante incumplimiento de éstas, lo que en términos llanos es un conjunto de instituciones defectuosas, débiles, distorsionadas, incapaces de hacer cumplir las propias normas, acaba siendo el caos y, casi siempre, el “sálvese quien pueda y como pueda”.

El que los sistemas legales funcionen, exige dos condiciones insalvables: por un lado la existencia de organismos públicos sólidos, con los medios y facultades para imponer las reglamentaciones y garantizar su cumplimiento y, de mucha mayor importancia: requiere que los ciudadanos tengan el convencimiento y la firme voluntad de obedecer de manera natural las leyes y que muestren siempre la disposición para hacerlo, aunque no sea grato, como pagar impuestos, por ejemplo.

Cuando las personas no sienten ventaja o beneficio en respetar las normas y encuentran mucho más rentable, cómodo y útil violar la ley, el problema no está sólo en la falla de las instituciones y la siempre probable existencia de ordenamientos erróneos o mal diseñados, sino en la clara ausencia de cultura cívica, en un déficit de valores éticos, carencia de solidaridad, falta de deferencia por los demás y, por supuesto, altísimas dosis de un nocivo egoísmo que antepone los intereses y deseos propios a las necesidades de la comunidad, al precio que sea.

En pocas palabras: vivir en sociedad convierte a una persona en sujeto de derechos pero también de OBLIGACIONES. Cuando se exigen derechos pero no se cumplen obligaciones se genera una espiral de inequidad que más pronto que tarde deriva en conflictos, atropellos y daños irreparables; imposible “mamar y dar de topes” al mismo tiempo, ejemplificaban las abuelas.

No hace falta ser un asesino en serie o un narcotraficante a gran escala: cualquier abuso e inobservancia de las normas (tirar basura, difamar, denostar a otros miembros de la comunidad, contaminar, robarse la energía eléctrica, difundir noticias falsas y rumores perniciosos, incumplir los deberes de la paternidad, pasar un semáforo en rojo, tirar basura en la calle, obstruir la vialidad con una manifestación), implica un daño a la comunidad, no sólo a la víctima directa de las infracciones (como el dueño de los objetos robados, el calumniado por un periodista que abusa de su posición de poder e invulnerabilidad y vende su pluma, la víctima de una violación), son conductas que afectan a todos, como un efecto mariposa que no hace sino destruir constante y progresivamente los cimientos de la organización social, conductas que generalmente propician el encono y la confrontación –lo que en el México de hoy es especialmente notable—.

Decir esto no es políticamente correcto, ni cómodo ni grato y mucho menos cuando la corrupción y el abuso desde el poder político y económico y las ineficacia de las administraciones públicas no hacen sino incrementar la legítima frustración de los ciudadanos y crean el ambiente perfecto para culpar justa o injustamente a los gobernantes de todos los males habidos y por haber, e incluso generando excusas “adecuadas”, como la de que no vale la pena pagar impuestos si de todos modos se los van a robar.

La idea de ciudadanía tampoco es compatible con gobiernos –de todos los orígenes políticos e ideológicos— incapaces de cumplir al menos en mínima parte con el catálogo de sus obligaciones más elementales, como proteger la vida y administrar correcta y honestamente los bienes públicos.

Ciertamente se trata del escenario de los Estados fallidos, pero también –y no es poca cosa— de las sociedades y los ciudadanos que también fallan.

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here