Investigan a jueces federales de Veracruz, Jalisco, Guerrero y Colima que han liberado a capos del CJNG

Áreas de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Policía Federal, en colaboración con agencias del gobierno de Estados Unidos, investigan a jueces federales adscritos a los estados de Veracruz, Jalisco, Guerrero y Colima, donde han sido detenidos y posteriormente liberados operadores financieros y logísticos, así como jefes de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El expediente se abrió luego de detectar casos en los que juzgadores ostentan propiedades y otros bienes que no pueden ser explicados sólo con sus ingresos y que presuntamente son resultado del pago por resoluciones favorables a integrantes del crimen organizado, según publica en su edición impresa de este martes el diario capitalino La Jornada.

Congresistas y miembros del Poder Judicial de la Federación (PJF) tienen conocimiento de las indagatorias. Personal adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR) dirige la operación en la que se revisa con lupa el desempeño de jueces y magistrados de los estados mencionados y que han servido de bisagras para que las puertas de la justicia se vuelvan giratorias, de tal manera que así como los inculpados entran, salen poco después, de acuerdo con fuentes del gabinete de seguridad. 

Respecto a los casos de corrupción de jueces y magistrados, denunciados o señalados recientemente tanto por el presidente López Obrador como por el senador Ricardo Monreal, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, comentó: “hemos iniciado un gran número de investigaciones y procesos de disciplina, particularmente en Jalisco, que es uno de los estados en donde se nos reportaron problemas de diversa índole. Iniciamos una renovación del circuito. Nos parece importante hacer cambios de adscripciones para tener sangre nueva…”

Integrantes del PJF señalaron que desde hace al menos ocho años se ha procedido en contra de aquellos funcionarios que han incurrido en actuaciones indebidas, y mencionaron que hay “tres rubros en los que se ubican los casos de corrupción: delincuencia organizada, autos ‘chocolates’ y casinos.

Cuando a Zaldívar se le preguntó si es grave la situación del tema de corrupción, respondió: “hemos observado –yo lo sabía antes de llegar a la Corte– que sí hay en el Poder Judicial un problema de corrupción. No es generalizado”.

Este martes, el diario REFORMA destaca el caso del Magistrado federal Isidro Avelar Gutiérrez, del estado de Jalisco, quien está en la mira de la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, el cual comenzó a ser investigado por la FGR desde el sexenio pasado por presuntamente dejar en libertad en forma injustificada a líderes del CJNG.

En la nueva administración federal, la UIF le inició una investigación a raíz de que la fracción parlamentaria de Morena en el Senado diera a conocer que adquirió inmuebles por 18.7 millones de pesos entre 2010 y 2016.

Este lunes, la UIF, que encabeza Santiago Nieto, informó que congeló sus cuentas bancarias, que suman un saldo de 50 millones de pesos.

Autoridades federales confirmaron que el 17 de julio de 2018, cuando presidía el Sexto Tribunal Unitario de Jalisco, Avelar Gutiérrez ordenó la libertad de Juan Francisco Aguilar Santana “Juan Pistolas”, hombre cercano a Rubén o Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, capo del CJNG.

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvo a “Juan Pistolas” el 9 de junio del año pasado en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con 15 armas largas, 12 armas cortas, 4 barrets, 2 lanzagranadas y droga.

De acuerdo con informes del Gobierno federal, el juzgador ordenó la liberación del narcotraficante con un argumento que, para los fiscales, no tiene fundamento legal.

Explicaron que el Magistrado justificó la liberación porque un agente del Ministerio Público Federal firmó casi simultáneamente tanto el acta de cateo al inmueble donde fue detenido como la del allanamiento a otro domicilio en Jalisco.

No obstante, el problema es que, según las autoridades consultadas, Avelar pasó por alto las formalidades de los cateos previstas en los artículos 283 y 288 del Código Nacional del Procedimientos Penales, que ya no exigen como requisito la firma del Ministerio Público (MP) en las actas de los allanamientos.

En este caso, el cateo lo realizó la Policía Federal Ministerial y las actuaciones después las suscribió el agente del MP para judicializar la investigación.

Conforme con los datos a los que se tuvo acceso, las autoridades tienen en la mira a otros impartidores de justicia del Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación, es decir, de Jalisco, ya que cuentan con indicios de que Avelar estaba coordinado con otros jueces y magistrados.

Esta línea de investigación se ha desprendido de las revisiones que han llevado a cabo las autoridades federales de los fallos del Magistrado desde que era titular del Séptimo Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con residencia en Guadalajara.

Lo que hacían algunos juzgadores con casos contra miembros del CJNG era argumentar que las cargas de trabajo les impedían resolver dichos expedientes y los remitían a Avelar cuando era Magistrado auxiliar. Desde esa posición, éste dictaba sentencias favorables para los acusados.

El 28 de noviembre de 2011, Avelar dio un amparo a Néstor Moreno, ex director de Operación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), contra la orden de aprehensión que le habían girado por enriquecimiento ilícito.

El Magistrado en ese entonces argumentó que no existía una sola prueba jurídicamente aceptable sobre el enriquecimiento ilícito de más de 36 millones de pesos, en el periodo 2001-2010, imputado al ex funcionario.

Cuando ese amparo estaba en la etapa de revisión, por impugnación de la PGR, Moreno fue detenido y encarcelado. Hoy, por esa acusación, el ex mando de la CFE está sentenciado en segunda instancia a 8 años de cárcel.

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