Cuando el auditor es visto como enemigo: Iván López Fernández

A veces, los clientes esperan que el auditor “arregle” sus errores, que corrija sus fallos e incluso que trate de ocultar el incumplimiento de obligaciones legales.

CUANDO EL AUDITOR ES VISTO COMO ENEMIGO

Iván López Fernández

Quince años después de mi ingreso al despacho PriceWaterhouse la empresa inició un proceso de fusión –uno de los muchos que la han convertido en el gigante mundial que es— y ante a eventualidad de un cambio de adscripción que no me convenía, acepté la oferta de liquidación que me hicieron y eso me permitió iniciar formalmente las actividades de mi propio despacho de contabilidad y auditoría, el primero de enero de 2001.

Por supuesto nos establecimos en Xalapa, mi ciudad natal y la tierra de mis querencias. Empezamos, con muchas ganas y optimismo, éramos apenas seis personas. Hoy somos alrededor de 60 jefes de familia los que realizamos las tareas del despacho. Para nuestra fortuna, y gracias a las experiencias y contactos profesionales que habíamos establecido en el trabajo anterior, no iniciamos de cero: empresas sumamente grandes e importantes, como el Consorcio Azucarero Escorpión y el Grupo Machado, ambos propietarias de numerosos ingenios, nos dieron de inmediato su confianza y desde sus inicios el despacho se fue acreditando.

Durante mi paso por PriceWaterhouse habíamos realizado actividades para diferentes oficinas gubernamentales, incluyendo algunas dependencias veracruzanas, durante la gestión del licenciado Patricio Chirinos Calero; los mayores trabajos de revisión que se hacían entonces eran a la Universidad Veracruzana, pero nuestro nuevo despacho xalapeño pasó varios años antes de trabajar para oficinas de gobierno, pues ciertamente llegamos a ser identificados como especialistas de la gestión fiscal privada y, sobre todo, del área azucarera. Recuerdo que la primera auditoría a un ente público que hicimos, fue al ayuntamiento de Xalapa.

Prácticamente desde el principio de mi carrera yo había realizado todas las evaluaciones, por cierto nada sencillas, y los trámites para certificarme como dictaminador fiscal. En resumen, contar con la autorización de dictaminador es una especie de calificación que permite que un contador público titulado evalúe la situación fiscal de un contribuyente, revisando a detalle sus ingresos y egresos y asegurándose de que han sido bien calculados y bien pagados los impuestos federales, estatales y municipales, así como las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social y en general de todos los sistemas de previsión (el ISSSTE, las Afores, los fondos de pensiones, etcétera), así como los pagos al INFONAVIT, al FOVISSSTE.

Una vez que todo se ha verificado debidamente, ya que se asegura que la contabilidad se ha realizado correctamente, el dictaminador puede expedir un certificado –se llaman “dictámenes”— que facilita el trabajo de las autoridades fiscales pero que además ayuda a acreditar la legalidad y las buenas prácticas de las empresas y los sujetos obligados al pago de impuestos y contribuciones.

Cada dictamen es inscrito y certificado y las autoridades llevan un registro detallado del desempeño de los dictaminadores. Hay diferentes tipos de dictámenes, dependiendo del tamaño, la actividad y las obligaciones de los contribuyentes, pero algunos de ellos son enormes e implican la revisión detallada de miles y miles de documentos y registros contables. No es un trabajo sencillo y además implica una enorme responsabilidad pues, si el dictamen no se hace correctamente, uno corre el riesgo de convertirse, sin querer, en cómplice de fallas o errores que pueden implicar sanciones muy severas. Al día de hoy, hemos hecho más de 200 de esos dictámenes y puedo decir con orgullo que en estos 19 años jamás hemos recibido ni una amonestación, ni mucho menos una inhabilitación, es decir, nunca hemos sido sancionados. Ninguno de nuestros dictámenes fiscales ha sido rechazado.

Poco a poco diversas oficinas públicas nos fueron encargando trabajos de auditoría. En promedio, solemos atender a unos quince diferentes ayuntamientos cada año, a los que revisamos sus cuentas públicas –en este momento estamos revisando las cuentas de 18— y son varios cientos de administraciones municipales diferentes a las que hemos podido servir durante estas dos décadas.

Como ya decía, la auditoría está lejos de ser un acto punitivo, pensado en la persecución y el castigo; con base en una relación de confianza mutua, el auditor debe construir al lado del cliente independientemente de que sea una empresa privada o una oficina de gobierno, el auditor debe trabajar identificando fallos y debilidades en las organizaciones, proponiendo opciones para su corrección, para la mejora de las actividades contables y fiscales, buscando no sólo el correcto cumplimiento de obligaciones legales, sino también la eficiencia, el adecuado control de los recursos de los clientes y la mejora continua.

Técnicamente, el auditor debiera ser visto como un aliado que facilita, que ayuda a la transparencia y que permite perfeccionar las actividades productivas y administrativas. Lamentablemente, hay vicios en nuestra cultura que colocan a los auditores en posiciones muy comprometidas. A veces, los clientes esperan que el auditor “arregle” sus errores, que corrija sus fallos e incluso que trate de ocultar el incumplimiento de obligaciones legales. Por supuesto que esas conductas son indeseables, ilegales y por lo general quienes se atreven a intentarlo, acaban fracasando. Un principio esencial de la buena contabilidad es que resulta imposible ocultar lo que no está bien. Algunos clientes se molestan porque no consiguen de los auditores la “ayuda” que esperan y con frecuencia se pierden oportunidades para hacer las correcciones legales y los ajustes que la ley permite y propicia.

También está –en el otro extremo— la convicción de algunas personas de que todos los contribuyentes son evasores de impuestos y que todas las dependencias públicas se manejan de manera corrupta, lo que por supuesto no es cierto. A pesar de los notorios e inocultables casos de delitos públicos y privados, hay un número muy grande de negocios y de oficinas de gobierno que actúan legalmente, cumplen sus obligaciones y hacen bien las cosas. Por supuesto, lo deseable sería que cada vez hubieran menos casos de deshonestidad y todos nos ajustáramos a las buenas prácticas, que es lo que la sociedad necesita.

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