Opinión

En síntesis, al oponerse la fiscalía e impugnar la decisión de un juez digno, para que se desconozca la calidad de víctima de la corrupción a la sociedad, lleva a la percepción que se quiere manejar todo en lo oscurito, lo que significa que se dará, de nueva cuenta, la simulación…

MÉXICO: “EN CONDICIÓN DE VÍCTIMA” DE LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD

José Lima Cobos *

Si se pensó  que con dotar de autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio a las fiscalías –antes ministerios públicos, artículo 102 constitucional- éstas responderían al interés de la nación y de los ciudadanos, cuán equivocados estamos y seguiremos, si de antemano, no existe en una ley, no solo  que sean delitos graves los cometidos contra la administración de la justicia y otras disposiciones más severas para que no se constituyan en auténticas dictaduras jurídicas, que solo den cursos a los asuntos de su conveniencia  e intereses pues, Veracruz se encuentra en esa crisis.

Desde tiempo atrás, he considerado que el Ministerio Público debe ser un auténtico representante de la sociedad, es decir, que lo mismo sirva a la víctima como al victimario y de esa manera, se ahorraría ese mamotreto que se denomina Comisión de Derechos Humanos cuyas recomendaciones se pasan por el arco del triunfo, sin embargo, como escaparte de simulación que puso de moda el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, ni quien lo dude  que empoderó la corrupción e impunidad, después de ese descomunal fraude electoral por el que arriba de la presidencia  de la república y de ahí, hasta el 1º de diciembre del 2018, en que, nuevas brisas de los aires comienzan a respirarse, aunque las fiscalías quieren que nos intoxiquemos con el hartazgo

Es grave la noticia que se nos anuncia que la fiscalía general de la república, con su fiscal autónomo, se opone a que un grupo de la sociedad reclame su calidad de “víctima” ante los crimines cometidos contra la nación y,  el caso concreto,  se tiene con el Estado de Veracruz, donde, de manera criminal e irresponsable, el ex gobernador Duarte, mediante acuerdos reparatorios llega a beneficiarse de tal manera, que la condena  es mínima en proporción con el saqueo despiadado que hizo de recursos públicos y todo quede en borrón y cuenta nueva.

Resulta que los acuerdos reparatorios que ofrece el nuevo sistema penal acusatorio- adversarial, permite este tipo de convenios, sin embargo, es inadmisible que no se permita a la sociedad inconformarse, de ahí que  la fiscal Martha Estela Ramos  Castillo quiere   liberarse de la denuncia que se presentó  en su contra por la intervención injusta  e inadecuada en el caso, pues a simple  vista, no tan solo puso, en un actuar  incorrecto con sus decisiones, sino que hizo a un lado la ley de Hacienda y responsabilidad hacendaria, que precisa que los recursos desviados de la federación tienen que devolverse a  la secretaría respectiva y no reintegrase a la entidad, como se aplicó, lo que se observa complicidad o ineficiencia inexcusable  extrema, al ordenar que el procurador Cervantes, ahora, fiscal, entregara al gobernador Yunes Linares, una miseria del volumen saqueado y  desviado y con una penalidad ridícula.

Si se quiere vivir en una auténtica transformación y no solo presumirse desde el púlpito,  tendrán que ser los jueces federales  dignos- que lo hay pese a corruptelas denunciadas-  los que hagan que exista la justicia, como es el caso  Juan Mateo Brieba de Castro, Juez Sexto de Distrito de Amparo  en materia penal que concedió la protección constitucional para que un organismo no gubernamental  conozca el expediente,  en su condición de víctima de la corrupción, pues la prisión impuesta a Duarte y lo devuelto en monetario, es, desproporcionalmente bajo, en cuanto a los delitos cometidos.

Con la impugnación de la fiscalía en contra de esa resolución y si el colegiado revoca el amparo concedido, la nación toda quedaría  en estado de indefensión, pues si quien hoy es la representante de la sociedad, es cómplice, no silencioso, sino activo, no permite que  la ciudadanía tenga derecho a conocer los expedientes que se integren, como interesada  en la buena marcha del  país, ¿donde queda el derecho humano a conocer la verdad?,  salvo que se piense aún  que se tiene un país de idiotas.

Mientras, por un lado, el  juez de control-hay que investigarlo si no se quiere corrupción e impunidad-  le negó acceso a esa sociedad civil a  conocer el expediente, mal sirve al país  una fiscalía que se niega a que la sociedad lo acompañe en la investigación de los delitos que se comentan o involucren a los criminales de todos los niveles, es decir, se quiere ocultar lo que es público, cuando el presidente López Obrador se desgañita todas las mañanas afirmando que las cosas públicas, cada vez deben ser más públicas.

En síntesis, al oponerse la fiscalía e impugnar la decisión de un juez digno, para que se desconozca la calidad de víctima de la corrupción a la sociedad, lleva a la percepción que se quiere manejar todo en lo oscurito, lo que significa que se dará, de nueva cuenta, la simulación, que por más de treinta años ha existido, pero ahora ,en la cuarta transformación, con un fiscal autónomo, porque antes había el pretexto que el Ministerio Público era empleado del presidente de la República, no debe darse pretexto para la impunidad.

limacobos@hotmail.com

Twitter: @limacobos1

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