Cuando llegó la hora de la verdad

Como es sabido, finalmente el gobierno estatal acabó firmando esa minuta con la ASF, minuta ilegal, que fue el inicio de la bola de nieve que acabó convertida en cataclismo…

CUANDO LLEGÓ LA HORA DE LA VERDAD

Iván López Fernández

En mi pasado texto narré que auditores federales detectaron a ciertas dependencias del Gobierno de Veracruz, que en acuerdo con la Secretaría de Finanzas y Planeación, certificaban los saldos de las cuentas bancarias en las que estaban los fondos federales “etiquetados” para financiar programas específicos y una vez que esas certificaciones se enviaban a la Federación –cumpliendo con la comprobación legal— el dinero se cambiaba de cuentas y se destinaba a cosas diferentes a su objetivo original. Cuando se presentó esto, lo notifiqué inmediatamente al Gobernador del Estado, pero además tuve varias conversaciones personales con el jefe de la Auditoría Superior de la Federación, buscando una solución a este complejo problema.

La ASF propuso que se firmara una minuta con acuerdos específicos entre el Gobierno del Estado y la propia Auditoría Superior, para que este devolvieran a la Federación, en abonos, los remanentes de recursos del Ramo 33, que en ese momento eran unos 4 mil 500 millones de pesos, y que de acuerdo con la propia ASF se habían desviado ilegalmente de su fin original. Podría pensarse que en ese momento la actitud de la ASF era de buena fe y de colaboración con Veracruz y que permitiría resarcir recursos.

Sin embargo, yo estaba absolutamente en desacuerdo con esa propuesta. Y tenía para eso dos razones sustantivas: la primera es que de acuerdo con la ley, en opinión no sólo mía sino de numerosos abogados y expertos que consultamos, la ASF carecía de facultades para actuar a nombre de la Tesorería de la Federación y mucho menos tenía competencia para negociar devoluciones. Mi segundo argumento era menos teórico y más práctico: en la mayoría de los casos eran recursos que ya habían sido gastados y, tal y como yo había previsto y finalmente ocurrió, el Gobierno del Estado nunca tuvo los medios para reintegrarlos.

Estábamos prácticamente en el tercer año del Gobierno y para ese momento yo ya tenía muchas diferencias con distintos funcionarios de la administración, sobre todo con un pequeño grupo de ellos, que solían permanecer todo el tiempo junto al Gobernador, sin perder oportunidad de hablarle al oído, intentando halagarlo siempre y, como se dice en el lenguaje de los políticos, que no perdían oportunidad de “grillar” a todo aquel que se oponía a sus enjuagues y a sus intereses, calumniando y golpeando a quien podían, a veces a través de “periodistas” a su servicio y frecuentemente con chismes y falsos informes al Gobernador.

Por lo que entiendo, no fui el único al que estos perversos intrigaron y, si algo tengo claro, es que muchos de sus malos consejos, de sus complicidades y confabulaciones palaciegas fueron las que acabaron “empinando” al Gobernador Duarte que les había dado su confianza. Como es sabido, finalmente el gobierno estatal acabó firmando esa minuta con la ASF, minuta ilegal, que fue el inicio de la bola de nieve que acabó convertida en cataclismo.

Varios de estos personajes convencieron al titular del Ejecutivo estatal que no era prudente ni oportuno que el Gobierno de Veracruz peleara contra la ASF; en cambio, mi convicción era que por la vía jurídica y demostrando que los recursos se habían aplicado correctamente para el servicio público, podíamos llegar a acuerdos LEGALES con el Gobierno de la República y con la propia ASF. Para ese momento ya campeaba el desorden en la mayoría de las dependencias estatales, pocos funcionarios escuchaban y yo me encontraba en medio de una situación muy difícil, pues existía una estructura administrativa alterna, que fuera de todo el marco normativo era la que realmente tomaba las decisiones y tanto los contralores internos como los jefes administrativos de las dependencias recibían instrucciones directas para operar los recursos públicos, como se ha visto, no siempre con transparencia ni honorabilidad.

En varias ocasiones me enfrenté al hecho de que contralores internos, jefes de las unidades administrativas e incluso funcionarios de la propia Contraloría General, recibían órdenes directas de “altos funcionaros” que pretextaban “instrucciones superiores” para cometer toda suerte de atropellos administrativos, ignorando la autoridad y las competencias de los secretarios del despacho, a veces amedrentando, a veces en franca complicidad. Para mí resultaba realmente desgastante dedicar todo mi tiempo y toda mi energía a desarticular esas coaliciones que procuraban intereses distintos al bienestar de los veracruzanos y menos aún al cuidado del patrimonio público. Hablé de esto en varias oportunidades con el doctor Duarte de Ochoa y finalmente aceptó mi reiterada renuncia, el 10 de octubre de 2013. Me agradeció mi trabajo en su gobierno, como despedida me dio un abrazo y me dijo: “en toda administración hay ciclos que se cierran”. Fue todo.

Debo decir que mucho antes de que el asunto se hiciera público en los medios de comunicación, en mi calidad de Contralor General entregué al Auditor Superior de la Federación con todas las formalidades un listado detallado de las empresas que habíamos detectado porque no contaban con historiales de registros fiscales, varias de ellas exhibían domicilios falsos y, en no pocos casos, las transacciones que presuntamente habían realizado con dependencias estatales mostraban decenas de irregularidades, por ejemplo, no contar con los requisitos establecidos por la ley para participar como proveedoras de bienes y servicios. Éstas serían conocidas después como las tristemente célebres “empresas fantasma”. No dudo que todo esto acabara de ponerme totalmente en contra al “circulo de los amigos”.

Estoy convencido de que a pesar de los procesos legales, de los ex funcionarios estatales presos, incluyendo al propio ex Gobernador, los verdaderos responsables de los quebrantos al erario, por acciones y por omisiones, por dolo o incompetencia o por la suma de todo, nunca han sido llamados a cuentas. No sé qué ni cómo lo habrán hecho hasta ahora para evitar que se les procese por sus responsabilidades penales y administrativas. Es un hecho que la sociedad veracruzana está profundamente agraviada porque estos “servidores públicos” llegaron a extremos de ostentación y cinismo nunca vistos y ciertamente causaron daños enormes al patrimonio público.

Las redes de complicidades y la protección brindada por el reducido círculo de influyentes que mantenía el control, hicieron que varios “operadores” usaran las instituciones en su provecho e incumplieran los mandatos de las leyes y sus juramentos de cumplirlas. Hay numerosas evidencias de ello, por ejemplo la cancelación deliberada de fondos presupuestales para el pago de auditorías que teníamos programadas en la Contraloría General y que no pudieron hacerse; las estructuras de amigos y recomendados que parecían colocados para encubrir las malas prácticas y no para garantizar la correcta administración pública; la determinación de ignorar el seguimiento que pedí formalmente en 2012 a todas las dependencias estatales, del destino de los remanentes de los fondos federales no aplicados o destinados a otros fines; y los esfuerzos por disfrazar y ocultar desvíos e ilícitos de todos conocidos, entre otras cosas.

Si en verdad se quiere que los auténticos responsables del quebranto a las finanzas públicas de Veracruz reparen los daños que cometieron, que enfrenten a la justicia, es relativamente sencillo voltear a verlos y proceder en consecuencia. La mayoría de ellos permanecen impunes e, increíblemente, muchos de ellos continúan “trabajando” en la administración pública, incluso en cargos de muy alta responsabilidad.

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