Vinculan a expresidentes Salinas de Gortari y Peña Nieto con Collado por lavado de dinero

Considerado por algunos analistas políticos como una “caja china” del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para atenuar el impacto mediático de la estridente renuncia que ese mismo día presentó su secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, el proceso penal contra el polémico abogado Juan Collado –detenido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) cuando comía con el dirigente del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps en un exclusivo restaurante de Lomas de Chapultepec– ha tomado un giro inesperado luego de que el denunciante Sergio Hugo Bustamente Figueroa, empresario y socio de “Libertad Servicios Financieros”, acusó que los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto son parte de una red de lavado y accionistas y dueños de esa Sociedad Financiera Popular (Sofipo), a la que Collado acaba de renunciar como presidente del Consejo de Administración.

“Es una Institución financiera que, al amparo de la oscuridad de las leyes financieras del país, realiza actividades ilícitas como blanqueo y/o lavado de dinero, negocios cuyos beneficiarios son los dueños o administradores, créditos amañados, sueldos desproporcionados y toda la gama de delitos financieros que se ocurran”, declaró Bustamente Figueroa ante la FGR, quien acusó al abogado Juan Collado, presidente de la Caja de Ahorros “Libertad” de operaciones ilegales y lavado de dinero en la compra de inmuebles en Querétaro.

“Tuve conocimiento por diversos conductos (llamadas telefónicas y mensajes personales) que no le buscara tres pies al gato dado que, atrás de José Antonio Rico (ex presidente del consejo de administración) y Collado estaba gente muy pesada.

“Que en realidad eran los verdaderos propietarios, refiriéndose en particular y mencionándolos por su nombre a Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Francisco Domínguez Servién (Gobernador de Querétaro), Mauricio Kuri (líder del PAN en el Senado), sorpresivamente miembro del Consejo de Libertad Servicios Financieros”.

La Caja de Ahorros “Libertad” tiene hoy 193 sucursales en todo el país –una de ellas en Xalapa– y más de 2 millones de clientes. En diciembre de 2018 poseía activos por 11 mil 757 millones de pesos.

El denunciante afirmó también que Jesús Beltrán González, ex director de “Libertad”, confirmó que los verdaderos dueños eran políticos y el polémico empresario, dueño de  casinos, Javier Rodríguez Borgio.

Además aseguró que en noviembre de 2014 presenció la llegada de una camioneta de valores al edificio corporativo de “Libertad” con varias cajas de efectivo y que le informaron que era dinero del presidente Enrique Peña Nieto.

Según le versión de Bustamante, la empresa que presidía Collado financió campañas políticas (del PAN en Querétaro, entidad que gobierna el partido blanquiazul), compró el equipo de fútbol “Gallos del Querétaro” y otorgó préstamos irregulares a sus directivos.

RED DE LAVADO INTERNACIONAL

Al abogado Juan Collado le imputan también la posesión de cuentas en el extranjero a través de las cuales él y José Antonio Rico Rico, ex presidente de Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V., recibían dinero producto de operaciones ilícitas.

Bustamente Figueroa señaló que Collado y Rico recibían transferencias millonarias en cuentas de Españas, Andorra y Suiza.

La FGR indicó que las transferencias supuestamente eran realizadas por Tania Patricia Ortega, otra de las coacusadas, para introducir recursos provenientes de la simulación de compraventas y obtención de créditos en el sistema financiero para blanquearlos.

La denuncia de Bustamente derivó de la venta realizada en abril de 2015 por Operadora Inmuebles del Centro de un terreno ubicado en la ciudad de Santiago de Querétaro, el cual   asegura que era de su propiedad y cuya transacción se habría realizado ilegalmente mediante la suplantación de su identidad.

“Me enteré por diversos medios de que a partir de la ilegal compra-venta del inmueble de mi propiedad y utilizando los mismos recursos, dentro de Libertad Servicios Financieros se realizan actividades financieras ilegales, tales como transferencias de sumas muy importantes a entidades financieras del exterior, como España y Andorra, esquema que a decir de mis informantes es utilizado como método para blanquear el dinero, por lo que con mucha frecuencia los implicados viajan constantemente a los países mencionados, y todo esto lo pueden corroborar con los pasaportes de Collado Mocelo, Rico Rico, así como de los familiares de ambos personajes”, indicó Bustamante, quien era accionista de Operadora Inmuebles del Centro, junto con Rico, desde el 21 de abril de 2010.

Bustamante expuso que el 30 de julio de 2013, la empresa celebró una asamblea a la que nunca fue convocado y en la que suplantaron su identidad para vender el total de sus acciones y las de Rico a José de Jesús Alberto Cárdenas Rico y Fanny Gabriela Frías Cantú.

Acusó que José Antonio Vargas Hernández presentó un poder notarial supuestamente concedido por Cárdenas Rico a su favor, para vender el predio de Querétaro por 156 millones de pesos a Libertad Servicios Financieros, el 25 de marzo de 2015. Bustamante dijo que el inmueble vale 700 millones de pesos debido a que allí se construyó un edificio de seis niveles y seis más de estacionamiento, denominado Zona Comercial Centro Sur.

De la venta, Bustamante afirmó que Collado, en su carácter de presidente del Consejo de Administración de Libertad Servicios Financieros, se benefició con 24 millones de pesos que recibió el 10 de abril de 2015 a través de un depósito realizado por García Ortega, en la cuenta 012180004512185068 de BBVA.

Según señaló, los imputados utilizaron a las empresas Administradora Cimatorio, Despacho Integral de Inmuebles y Administradora Ario, propiedad de Rico Rico, para repartir los recursos de la venta del terreno, misma que al ser ilegal, el dinero también lo era.

Mediante las transferencias bancarias que incluyeron depósitos realizados por Tania Patricia García Ortega a cuentas de España, Andorra y Suiza a nombre de Collado y Rico, los recursos ilícitos fueron introducidos al sistema financiero para “blanquearlos”, indicó la FGR.

La Unidad de Inteligencia Financiera señaló que las entidades utilizadas para “mover” los recursos mediante la obtención de créditos y compra-ventas simuladas entre ellas (Administradora Cimatorio, Despacho Integral de Inmuebles y Administradora Ario) pueden formar parte de un esquema de empresas fantasma, elaborado para dificultar la detección del origen del dinero.

La FGR señaló que Rico, Collado, García Ortega, Rodríguez Gálvez y Vargas Hernández se organizaron a través de estas empresas, con lo que conformaron “un grupo delictivo desde hace nueve años”, pues vendieron una propiedad que no les pertenecía y el dinero fue depositado en diferentes cuentas para ocultar su origen.

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