Imputa FGR a Tomás Zerón, ex jefe de la AIC, clave en la investigación de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa

De acuerdo con una nueva investigación iniciada por la Dirección General de Asuntos Internos, de la Visitaduría General de la Fiscalía General de la República, firmada el pasado 25 de junio, la FGR evidenció actuaciones ilegales del ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, en las diligencias en el río San Juan, en Cocula, donde se encontraron restos humanos presuntamente de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014.

Según la información oficial a la que tuvo acceso el reportero César Martínez, del diario REFORMA, Zerón incurrió en faltas administrativas graves –por lo que se le deberá cancelar su certificado como funcionario de seguridad, así como cometer posibles delitos contra la administración de justicia, por alterar, modificar, ocultar, destruir, perder o perturbar el lugar del hallazgo, y desviar u obstaculizar la investigación.

Como se recordará, el 28 de octubre de 2014, Zerón realizó la diligencia en el río San Juan, un día antes de hallar en el mismo lugar las bolsas con restos que según la versión oficial confirmaba que los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula.

El reportero de REFORMA consigna que entre los señalamientos de la Visitaduría se indica que Zerón, en ese entonces jefe de la AIC, no tenía la autorización legal para trasladar a Agustín García Reyes “El Chereje” de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) al río San Juan, en Guerrero.

El periodista Martínez apunta que también se menciona que Zerón recabó una videograbación de su participación en la escena, la cual no fue incluida en el expediente y la hizo pública, en una versión editada, hasta que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reveló las actuaciones de dichas diligencias.

La videograbación recabada durante la diligencia además de no haber sido entregada al agente del Ministerio Público federal (…) fue editada y con ello se pretendió acreditar ante la opinión pública que el personal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas participó en las diligencias”, señala el informe al que tuvo acceso el reportero de REFORMA, en el cual se asegura también que como jefe del AIC ordenó indebidamente a los peritos de la entonces PGR buscar específicamente bolsas en el río, lo que pudo impedir que el personal analizara toda la zona en busca de cualquier indicio, además de que solicitó resguardar el lugar de los hechos sin hacerlo del conocimiento del Ministerio Público de la Federación, pues él no tenía esas facultades.

El reportero refiere que por esas conductas, las penas oscilanentre 4 y 10 años de prisión y de entre 3 y 8 años, según cada caso.

El acuerdo de conclusión resuelve dar vista a la Unidad de Atención Inmediata de la Visitaduría General para que inicie una carpeta de investigación en contra de Tomás Zerón y de otros ocho funcionarios de la entonces PGR señalados en la investigación de Asuntos Internos de la ahora Fiscalía por faltas administrativas graves o posibles delitos cuando ocupaban cargos en 2016. 

SE TAMBALEAVERDAD HISTÓRICA

Para Ángela Buitrago, ex integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la diligencia del río San Juan, en Cocula, es clave para esclarecer la versión de que los normalistas de Ayotzinapa fueron incinerados en el basurero municipal, pero se trata de una escena del crimen manipulada,. 

Y es que según la “verdad histórica”, sostenida por el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, los normalistas fueron incinerados entre la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el basurero de Cocula, y luego sus cenizas fueron tiradas en el río San Juan. 

Oficialmente, el 29 de octubre, buzos de la Marina descubrieron en el río dos bolsas con restos de algunos estudiantes, entre los cuales se logró identificar plenamente un hueso de Alexander Mora Venancio.

Sin embargo, el GIEI reveló que un día antes del supuesto hallazgo, Tomás Zerón había encabezado en el mismo lugar una diligencia que no fue integrada en la investigación oficial.

“Fue una diligencia que nunca estuvo materializada dentro de la averiguación, que se hizo sin presencia del defensor (de ‘El Chereje’), que se lleva a un detenido que fue torturado a un sitio sin la menor legalidad posible; ese río San Juan fue objeto de lo que nosotros llamamos en términos investigativos ‘manipulación de la escena’”, comentó en entrevista.

“Lo que pasó al día siguiente, que es donde encuentran el fragmento de hueso (de Alexander), hay muchos cuestionamientos, ya tienes muchas dudas de cómo apareció ese fragmento ahí. ¿Quién lo puso? ¿Cómo lo puso?”, cuestionó.

Para Ángela Buitrago, la conformación de una Comisión Especial, la designación de Omar Gómez como Fiscal para el caso Iguala, la revelación de un video en el que se observa cómo otro detenido –el presunto delincuente Carlos Canto– fue torturado por Carlos Gómez Arrieta, entonces titular de la Policía Federal Ministerial en Guerrero, y la investigación interna de la Fiscalía revelan que a cinco años el caso sigue activo.

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