Colaborador Especial

Una condición clave para tener una administración eficaz y honesta, en México y Veracruz, es reconocer las distintas realidades económicas, políticas y sociales de cada estado, de cada región, de cada municipio, de cada localidad…

¿CÓMO CONSEGUIR UNA ADMINISTRACIÓN EFICAZ Y HONESTA?

Iván López Fernández

Para nadie es un secreto que nuestro país está lleno de contradicciones. Convivimos con ellas cotidianamente y forman parte de una “normalidad” a la que indebidamente nos hemos acostumbrado, pero que en realidad nos hace daño como personas y como sociedad y que por supuesto, tampoco es “normal”. Hay muchos ejemplos de estas paradojas: estamos llenos de leyes federales y estatales, de códigos, de reglamentos, de bandos municipales, de normas oficiales, de circulares, de manuales y reglas de operación, pero la verdad es que la mayor parte de ellas se distorsionan, se incumplen parcial o totalmente, se violan constantemente e incluso de plano son ignoradas, tanto por los que debemos cumplirlas como por los que deben vigilar su cumplimiento y sancionar a los infractores.

Cada vez que hay un problema, en México se pretende resolverlo a golpe de decretazos legislativos. Es verdad que la ley debe ser dinámica y adaptarse a la evolución social y a las nuevas necesidades; por ejemplo, sería absurdo que el Congreso Constituyente de 1917 hubiera legislado en materia de telecomunicaciones, de energía nuclear o de exploración espacial, pero sería aún más ridículo que a estas alturas no tuviéramos reglamentaciones al respecto. Hasta ahí, la dinámica de la adaptación legal parecería lógica.

Pero lo cierto es que, por otro lado, se abusa en extremo de la redacción de leyes, pensando que sólo con decretar códigos, las cosas se van a corregir. Y dentro de esta problemática, es aún peor el constante cambio de rumbos y enfoques. Lo grave de las alrededor de 700 reformas y adiciones hechas (hasta 2017) a la Constitución Federal son los bandazos, a veces salvajes, entre uno y otro extremo ideológico: la nacionalización y la privatización de la banca, la defensa radical del ejido y la factibilidad de comerciar con tierras ejidales, son apenas dos de muchos ejemplos en ese sentido, pero hay muchos más.

El artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice puntualmente que “es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.

¿Somos realmente una república federal compuesta por estados libres y soberanos? Por supuesto que no. Más allá del discurso, tenemos siglos viviendo en condiciones políticas que producen y reproducen un centralismo extremadamente acendrado, desde el poder central hacia las entidades federativas y desde los gobiernos locales hacia los municipios.

El mejor ejemplo es la pirámide fiscal: en 2018, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público programó recaudar 2 billones 981 mil millones de pesos de impuestos, lo que en ese momento representaba alrededor del 94% de las contribuciones fiscales de los mexicanos; esto significa que estados y municipios apenas recaudaron alrededor del 6% de los fondos públicos, lo que confirmaba la histórica y clara relación de dependencia de ambos niveles de gobierno respecto de la Federación.

Pero el tema no acaba allí: quienes más demandas sociales tienen son precisamente los ayuntamientos, sobre todo en materia de infraestructura y servicios públicos, sin embargo son los que menos dinero recaudan y están sujetos a las reglas y a las políticas que se imponen desde el centro y, muchas veces, a la impuntualidad y los abusos de los gobiernos estatales, que no transfieren ni en tiempo ni totalmente el dinero que corresponde a las autoridades municipales.

Lo más grave son las reglas de operación que limitan el ejercicio de los recursos: es frecuente encontrar que algún ayuntamiento reciba fondos que no solicitó para remodelación de escuelas, por ejemplo, cuando lo que les urgen son sistemas de agua potable y drenaje. Si las decisiones se toman de manera centralizada, generalizando reglas para comunidades que suelen ser muy diferentes entre sí, es muy frecuente que esas decisiones fracasen.

Muchas veces frente a la urgencia, por ejemplo pagar la nómina de maestros, un funcionario determina usar fondos etiquetados para salud. El tema es claro: se trata de un delito que se castiga a nivel local y federal; de hecho, el artículo 223 del Código Penal Federal dice que comete el delito de peculado todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa. ¿Qué pasa si los miles de maestros no reciben oportunamente los pagos de sus salarios? No es difícil imaginarse el caos que se presentaría en Veracruz o en cualquier entidad federativa. Y no es que se robe el dinero, basta con que lo destine a un fin diferente al que estaba destinado, para que formalmente se convierta en un delincuente.

La enorme dificultad del trabajo de fiscalización radica en la obligación irrenunciable a cumplir las leyes tal y como fueron dictadas por los legisladores y, por otro lado, entender la problemática real y las dificultades de gobernar cuando se trata de sociedades mayoritariamente pobres y necesitadas de muchas cosas, como la nuestra, sin que esto signifique en ningún momento que contralores y auditores deban convertirse en cómplices de irregularidades y mucho menos de acciones indebidas destinadas al lucro o provecho personal de los servidores públicos.

Y tampoco es que el auditor tenga mucho para dónde moverse: el único criterio que cabe es cumplir con lo que dice la ley, guste o no. Y esa rigidez choca muchas veces con problemáticas sociales a las que no es posible dar soluciones sencillas. Una muestra: hay fondos federales que pueden utilizarse para pavimentación e infraestructura de algunas comunidades, siempre que se cumplan ciertas condiciones, como por ejemplo que se trate de asentamientos regulares, autorizados, que estén dentro de los padrones catastrales y, por ende, que tengan escrituras o documentos que acrediten la propiedad legítima de sus dueños, que paguen los impuestos como el predial, etcétera. Pero en los hechos, la mayor parte de las colonias marginales en los suburbios de las ciudades veracruzanas nacieron de manera irregular, a veces de manera espontánea, a veces como parte de invasiones y transacciones políticas (los famosos “paracaidistas”), a veces como parte de fraudes y fraccionamientos ilegales. A veces se necesitan años para llevar a cabo esas engorrosas tramitologías burocráticas de regularización, sobre todo de la tenencia de la tierra. Por eso, es muy, muy frustrante que el dinero federal, que de por sí es insuficiente, no se pueda utilizar y obligatoriamente deba reintegrarse al final del año fiscal, debido a que las comunidades que lo necesitan no pudieron cumplir con los requisitos exigidos por la ley.

Una condición clave para tener una administración eficaz y honesta, en México y Veracruz, es reconocer las distintas realidades económicas, políticas y sociales de cada estado, de cada región, de cada municipio, de cada localidad y, sin perder las herramientas de control y fiscalización, sin dar margen a simulaciones ni corruptelas, contar con la flexibilidad para darle adecuado y oportuno uso a los recursos públicos, atendiendo no sólo las necesidades básicas de la gente, sino usando los fondos fiscales como instrumentos de desarrollo, es decir, impulsando el crecimiento de la economía. Las reglas cuadradas y rígidas buscan evitar la corrupción, pero tristemente, la realidad es que con mucha frecuencia la propician, provocan grandes desperdicios y, desde luego, desmotivan a una sociedad que se frustra, se siente mal gobernada y, por ende, se enoja.

Como todo en la vida, el éxito está en el justo medio: sistemas de control y fiscalización eficaces, pero verdadera aplicación de los principios del federalismo, para permitir que estados y municipios hagan uso de su libertad y autonomía a la hora de ejercer, honestamente, los recursos públicos.

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