Defraudados por Ocampo Verdugo piden a AMLO que no vaya a indultarlo; acusan a jueces de Veracruz de favorecerlo

Ahorradores veracruzanos defraudados por Cirilo José Ocampo Verdugo, preocupados por las maniobras del llamado “Rey de las Cajas de Ahorro”, quien pretende hacerse pasar por “preso político” para ser indultado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y obtener su libertad después de 19 años de prisión –actualmente está recluido en Durango–, hicieron un exhorto al Jefe del Ejecutivo federal para que no libere a Ocampo y para que además los apoye en la lucha legal que iniciaron desde 2007 para recuperar sus patrimonios perdidos, valuados en más de 600 millones de pesos.

Los afectados por Ocampo Verdugo, quienes solicitaron mantener sus nombre en el anonimato por temor a la represalias del defraudador –quien presuntamente tiene vínculos con grupos de la delincuencia organizado, a los que habría servido para lavar dinero–, expusieron que el 3 de diciembre de 2018, a través de la Dirección General de Atención Ciudadana de  la Presidencia de la República, le hicieron llegar a López Obrador un informe sobre la sospechosa parcialidad de dos  jueces del Tribunal Superior de Justicia del Estado por las anomalías observadas en dos procesos judiciales en contra del empresario recluido y 23 coacusados, pero que hasta la fecha no han recibido respuesta del mandatario.

Mostraron los folios números 000120180029757 y 20190225HEGCQY de su solicitud en la que demandan la “valiosa y determinante intervención” del Presidente, ya que la consideraron “indispensable” para evitar “la muy obvia y muy creciente corrupción, la natural impunidad concedida a nuestros denunciados por el delito de fraude específico, etc., y, desde luego para recuperar nuestro patrimonio, cometidas estas irregularidades en el muy cuestionado desarrollo procesal de la Causa Penal No. 364/2009 radicada en el Juzgado Tercero Penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, Veracruz, en la cual denunciamos fraude específico y reclamamos la respectiva y válida reparación del daño cuyo monto, al día de hoy y mediante actualización del peritaje contable realizado según el método y cálculo en la Dirección General de Servicios Periciales de la actual Fiscalía General de Veracruz, probablemente supera los 600 millones de pesos; auxilio que nunca llegó y por eso, al gran parecer, fue vendida la ley y/o traicionada la justicia para consumar la corrupción y conferir la impunidad al C. Cirilo José Ocampo Verdugo quien, de forma muy extraña y por demás dudosa, sospechosa, etc., el día 25 del mes de abril del presente año fue beneficiado con una sentencia absolutoria a pesar de haber y constar muchísimas y contundentes medios de pruebas en su contra desde la misma denuncia así como en la preinstrucción y, también , en la instrucción, a pesar de que la Jueza Alma Rosa Flores Ceballos acepta la comisión y existencia del delito imputado…”

En su escrito, le remarcan al Presidente que “a pesar de haber y constar muchísimos más medios de pruebas aportadas por nosotros que las pruebas aportadas por otras víctimas en distinta pero bastante similar Causa Penal contra otras personas y contra el mismo C. Cirilo José Ocampo Verdugo por el mismo delito de fraude específico –radicada ésta en el Juzgado Primero Penal con sede también en Pacho Viejo–”, el pasado mes de enero de este año 2019 dictaron sentencia condenatoria la cual no fue aprovechada, ni en lo más mínimo, por la Jueza Alma Rosa Flores Ceballos para orientar y fortalecer un criterio imparcial y justiciero cuya honesta y ética aplicación debió derivar en la merecida decisión a favor nuestro en lugar de muy cruel y contradictoriamente revictimizarnos…”

Señalaron que esta actitud de la Jueza mueve a sospecha porque en el momento de los hechos estaban reunidos todos los elementos materiales que configuran y conforman el delito de fraude específico, pues de no haber sido así entonces no hubiera procedido la orden de aprehensión y tampoco hubiese procedido el auto de formal prisión.

Apuntaron que la Jueza atribuyó la dudosa y sospechosa sentencia absolutoria “a la pésima actuación de la fiscal adscrita” pues no aportó los suficientes y contundentes medios de pruebas y tampoco analizó y comprobó el nexo entre causa y efecto de la obtención indebida de nuestros dineros por parte del acusado, lo cual ya no era estrictamente indispensable porque el acusado tenía vigente un auto de formal prisión derivado, precisamente, de la materialidad del delito de fraude específico, es decir, porque con nuestros medios de pruebas estaba más que visto, claro y justificado el tiempo (todas y cada una de las fechas en las cuales fueron invertidos y reinvertidos nuestros dineros para ganar intereses y  no para incrementar el capital de la cooperativa en comento, tal y como consta en los medios de prueba presentados tales como las fichas de depósitos bancarios, etc.), el lugar (el denunciado, a través de sus empleados, siempre operaba y/o accionaba en todos y cada uno de los domicilios de los establecimientos donde estuvieron situadas y funcionando las sucursales de la cooperativa en comento, tal y como consta en los medios de prueba presentados), el modo (el denunciado siempre operaba y/o accionaba a través de todas y cada una de las demás personas denunciadas y circunscritas en esta Causa Penal, quienes, para beneficio del C. Cirilo José Ocampo Verdugo, trabajaban, con engaños, mañas, etc., y a cambio de pagarés –copias de estos documentos están anexadas en esta Causa Penal– pidieron y recibieron nuestros dineros, tal y como consta en los depósitos bancarios, etc., presentados como medios de prueba , en todas y cada una de las sucursales y cuentas bancarias de la cooperativa en comento cuyas oficinas cerraron y desaparecieron intempestivamente sin aviso alguno –para nosotros– antes y después de esa decisión suya, tal y como consta en los medios de prueba presentados)…”

Finalmente aluden al llamado “Nexo de Causalidad”, ya que afirman que “dicho denunciado sí obtuvo nuestros dineros tal y como puede verificarse en el Numeral 902 de esta misma Causa Penal donde existe el medio de prueba en el cual consta el añejo aseguramiento de la cuantiosa suma de dinero de un millón 466 mil 082 pesos con 89 centavos en una cuenta bancaria del Banco Santander a nombre del C. Cirilo José Ocampo Verdugo”, a quien acusan de haberlos despojado de sus dineros “a través de otras personas las cuales conscientemente trabajaron para él, incluida su sobrina de nombre Linda Paloma Ocampo Delgado, y quienes por ser cómplices también están denunciados y circunscritos en esta misma Causa Penal…”, aunque apuntaron que al día de hoy “todavía están prófugos de la justicia pues sus nombres completos aparecen en la misma e incumplida orden de aprehensión contra el acusado en comento…”

También cuestionaron la parcialidad con la que se condujo el Juez Ignacio  Ochoa Ochoa, “quien en su momento también sentenció de igual y mañosa forma a favor de siete de los 23 denunciados y circunscritos en esta misma causa penal.”

Ante las anomalías observadas en la Causa Penal número 364/2009 como en el expediente en materia civil número 241/15/I, en los que acusan conductas de dilación, negligencia, parcialidad y obstaculización por parte de los impartidores de justicia, los nueve agraviados que recurrieron a la Oficina de la Presidencia de la República le solicitaron a López Obrador que “si es procedente, por favor exhiba en sus conferencias mañaneras tal y como ha prometido, a los Jueces Ignacio Ochoa Ochoa y Alma Rosa Flores Ceballos y, sobre todo, para que exhorte, invite, etc., a los respectivos Magistrados –en la Segunda Instancia – y, obviamente, a su superior, a fin de que en honor a la justicia no vendan la ley y sí, en cambio, muy rigurosamente apliquen mucho mayor atención, honradez, honestidad, imparcialidad, justicia, etc., al caso en comento y este sea resuelto sin provocar duda, sospecha, inconformidad y revictimización alguna y, más aun, para que por favor presente las respectivas iniciativas ante las instancias legislativas correspondientes a fin de mejorar, total y absolutamente, la impartición de justicia en todo el país, harto de tanta pinche corrupción, tranza e impunidad.”

Y es que en su lucha por asegurar y acelerar la recuperación de sus patrimonios, los nueve defraudados veracruzanos afirman que “hemos invertido algo de dinero y más de 12 años de esfuerzos pero, desgraciadamente, estos procesos judiciales –denuncia y demanda ya citadas– han sido entorpecidos, saboteados, vendidos, etc., muy vilmente, muy villanamente por los jueces Ignacio Ochoa Ochoa y Alma Rosa Flores Ceballos.”

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