FGR va por Rosario Robles; su excontralor en Sedesol y Sedatu, Vega García, protegido en la CGE de Veracruz

A mediados de febrero de este año, en medio de un gran hermetismo, Miguel Ángel Vega García asumió la Dirección general de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública en la Contraloría General de Estado en sustitución del maestro Nicolás Lorenzo Hernández.

Su nombramiento sorprendió por el bajo perfil del cargo estatal que recibió, pues Vega García, un abogado nativo del puerto de Veracruz, se había desempeñado al lado de Rosario Robles Berlanga durante el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto como titular del Órgano Interno de Control (OIC) de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu),  dependencias en las que la galardonada investigación periodística “La Estafa Maestra”, realizada en 2017 por el portal Animal Político junto con Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), detectó un esquema fraudulento de triangulación de recursos públicos para el desvío de más de 3 mil 433 millones de pesos mediante un sistema de 128 empresas fantasma.

En dicha estafa habrían participado 16 funcionarios que tuvieron cargos en Sedesol y Sedatu y firmaron 28 convenios con universidades y organismos de comunicación entre 2013 y 2016 en ambas dependencias del gobierno federal. Sólo por los convenios firmados en la Sedesol, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso 6 denuncias penales, entre 2015 y 2016, en contra de la dependencia, siete universidades y el Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo por el presunto desvío de recursos.

A finales de enero pasado, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que 64 exfuncionarios estaban bajo investigación por su presunta participación en el desvío de más de 800 millones de pesos mediante el esquema conocido como “La Estafa Maestra”, confirmando la forma en que la Sedesol, Sedatu y otras 9 dependencias federales habrían desviado alrededor de 5 mil millones de pesos mediante convenios y contratos con universidades públicas, lo que no los obligaba a licitar, para que luego estas casas de estudios, cambio de una tajada, dispersaran el dinero contratando empresas fantasma.

A finales de febrero, el diario Reforma publicó que la falsificación de firmas de cinco funcionarios de la Sedatu habría permitido desviar en 2016 unos 600 millones de pesos en convenios con universidades, como parte de la Estafa Maestra. Según el diario capitalino, las firmas falsificadas correspondían a José Antolino Orozco, titular de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de Sedatu, en dos convenios con la Universidad Politécnica de Chiapas por 206 millones de pesos, y a Armando Saldaña, director General de Ordenamiento Territorial, quien presuntamente firmó en febrero de 2016 un convenio con la Universidad Politécnica de Hidalgo “Francisco I Madero” por 187 millones de pesos. De igual forma a Enrique González Tiburcio, subsecretario de Ordenamiento Territorial, cuya rúbrica falsificada se estampó el 4 de enero de 2016 en un convenio también con la Universidad hidalguense por 185.8 millones de pesos. Otros dos funcionarios con firmas alteradas fueron Juan Manuel López Arroyo, coordinador de asesores del Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, en ampliaciones de convenios con un Tecnológico de Comalcalco, y Javier Arrambide, director de Operación de Programas de Delegaciones, en convenios con una Universidad de Quintana Roo por montos no especificados. Los casos de González Tiburcio y de Saldaña fueron consignados judicialmente tras pesquisas de la PGR (hoy Fiscalía) achacándoles responsabilidad en desvíos.

González Tiburcio, nativo del puerto de Alvarado, Veracruz, había denunciado en julio de 2017 la falsificación de su firma ante el Órgano Interno de Control de Sedatu, a cargo de Vega García, y posteriormente lo hizo ante PGR. Sin embargo, fue imputado por la Procuraduría por falsedad en declaraciones y el 29 de enero un Juez lo procesó por dicho delito. González Tiburcio ha sostenido con pruebas grafológicas que la rúbrica contenida en un convenio marco no es suya, por tanto no es responsable de desvíos y ha apelado la decisión judicial. Armando Saldaña, quien también había sido imputado por la PGR en desvíos, demostró que su firma era apócrifa. Incluso según la Auditoría 196 sobre el convenio en cuestión por 185.8 millones de pesos, elaborada por la ASF, se afirma que Saldaña “no reconocía como suyas las firmas que obran en el mismo, que jamás solicitó la prestación de los servicios, que nunca ha tenido contacto ni conoce a persona alguna de la universidad y que no solicitó (…) el pago de recursos a favor” de esa entidad.

El diario Reforma constató que uno de los centros de operación para las falsificaciones estaba ubicado en Tennyson número 125, en Polanco, casa que desde hace más de una década utiliza Emilio Zebadúa para actividades políticas y financieras. Zebadúa fue Oficial Mayor de Sedesol y la Sedatu bajo las órdenes de la Secretaria Rosario Robles en ambas dependencias y es señalado como el autor intelectual de la denominada Estafa Maestra.

Precisamente a Vega García se le vincula con este político, exfuncionario del IFE, ex diputado federal del PRD, expresidente de la Fundación SNTE, exsecretario de Gobierno de Chiapas y candidato del PANAL a la gubernatura de ese estado en 2006.

LA FGR VA CONTRA ROBLES

A principios de mayo, cuando todo mundo ya daba por hecho que habría carpetazo a este escandaloso caso de corrupción –tras los amparos obtenidos por algunos exfuncionarios menores de la Sedatu implicados–, la Fiscalía General de la República decidió reestructurar la investigación de la llamada “Estafa Maestra”, por considerar que es una maquinación orquestada desde el poder público, según anunció el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, al precisar que la indagatoria ahora sería planteada por delitos de Estado y delincuencia organizada.

“Es necesario reestructurar toda la investigación desde una perspectiva de delincuencia organizada, en un posible delito de Estado, encubierto en su momento por diversas instancias públicas como Hacienda, Función Pública, Educación y otras más; razón por la cual se procederá de inmediato a investigar esta hipótesis criminal, mientras se continúan los procesos ya iniciados”, expuso hace tres meses el Fiscal General de la República, quien dijo que este asunto de desvíos de recursos debió investigarse bajo la premisa de una organización que tuvo el propósito de llevar a cabo un enorme saqueo y que iba más allá de las personas incluidas en 23 denuncias.

“La FGR está reestructurando toda la investigación general de este asunto, a partir de una premisa lógica que consiste en que toda esa maquinación de gran envergadura y de tantas coparticipaciones, que cuantificó un posible daño patrimonial a la Nación por más de 5 mil 875 millones de pesos, no pudo ser producto de solo 23 casos personales independientes y aislados unos de otros”, dijo el titular de la FGR.

“Por lo cual, debió de haberse investigado sobre la obvia premisa de colusión y de un interés delictivo coordinado y propositivo para organizar un enorme saqueo concertado y maquinado centralmente desde el poder público, ya que los elementos aportados así lo indican”.

A Gertz le preguntaron si en esta maquinación desde el poder público cabría considerar al ex presidente Enrique Peña Nieto y su posible cita ante el Ministerio Público, a lo cual respondió que la Fiscalía llamará a declarar a quien sea necesario.

El Fiscal recordó que este caso se inició en la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en octubre de 2015, acumulando 21 investigaciones independientes unas de otras, relacionadas con funcionarios de la extinta Secretaría de Desarrollo Social; dos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y otras de dirigentes de universidades públicas.

POR FIN, CITAN A ROSARIO

Este martes, la ex titular de la Sedesol y de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga, confirmó que fue citada a comparecer ante un Juzgado pero dijo que en el citatorio no se establecen hechos que se le imputan y que no ha tenido la oportunidad de defenderse.

“En efecto, fui citada para comparecer el día 8 de agosto de los corrientes a un Juzgado federal, sin que en dicho citatorio se establezcan las causas ni los hechos que se me imputan, minando con ello mi capacidad de defensa”, afirmó en un escrito difundido en su cuenta de Twitter.

La ex dirigente nacional del PRD y ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México afirmó que se enteró por los medios de comunicación de la acusación que le hace la FGR por ejercicio indebido del servicio público.

“Fue a través de los medios de comunicación que me enteré de que la acusación que me hace la Fiscalía General de la República es por ejercicio indebido del servicio público. Esta filtración que ellos mismos hacen, es una flagrante violación a mis derechos y al debido proceso”, reprochó.

“Es inconcebible que se les haya dado a conocer a la opinión pública lo que no se me comunicó a mí. Cabe mencionar que en todo este proceso jamás he sido tenido la oportunidad de defenderme, no he sido requerida para comparecer ante la Fiscalía, ni he tenido acceso a ninguna carpeta de investigación”.

Dijo que “como siempre lo he hecho, actuaré con absoluto respeto a la ley y a las autoridades judiciales. Siempre he dado la cara y así lo seguiré haciendo, con la debida salvaguarda de mis derechos.”

Finalmente indica que su abogado defensor Julio Hernández Barros estará a disposición para atender “cualquier aclaración de carácter jurídico”.

Este martes, en su conferencia de prensa mañanera, interrogado al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no solaparán actos de corrupción y que tampoco habrá impunidad. Remarcó, inclusive, que “hay la instrucción precisa” a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, de que se entregue toda la información a la FGR.

Sin embargo, a principios de este año, en otra conferencia matutina en Palacio Nacional, al preguntársele que si algunos ex funcionarios implicados en este megafraude podrían colaborar en la presente administración federal, López Obrador respondió tajante que “a quienes estén involucrados en esto de ‘La Estafa Maestra’ no tienen por qué trabajar en este gobierno.”

Sin embargo, desde febrero pasado, Vega García fue incorporado en la Contraloría General del Estado del gobierno de Veracruz que encabeza el gobernador Cuitláhuac García, de MORENA.

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