Colaborador Especial

Los burócratas deben ser especialistas que trabajen en el gobierno por vocación, por gusto, verdaderamente inclinados al servicio público; deben estar al margen de consideraciones ideológicas y partidistas y, lo más importante, poseer la convicción y las herramientas para ser útiles a la sociedad. Hacerlo de otro modo, es jugar en la cancha equivocada…

EN LA CANCHA EQUIVOCADA

Iván López Fernández

Me puse a buscar una palabra que describiera con claridad lo que quiero expresar y me parece que la más adecuada es “atavismo”. El diccionario de la Academia define atavismo como el comportamiento que hace pervivir ideas o formas de vida propias de los antepasados. Y es que mi intención es describir una práctica muy arraigada en nuestras comunidades, que viene de mucho tiempo atrás en nuestra historia, y que se me figura como una carrera sin fin, en la que los buenos siempre llevan la de perder, debido a tradiciones muy arraigadas pero no siempre válidas.

Cada vez que alguien “se da cuenta” que una población está sucia, se ponen botes de basura, se contratan barrenderos y, si hay recursos, se compran máquinas para barrer (aunque es cierto que últimamente esos raros camiones cuadrados con cepillos giratorios y chorritos de agua están pasando de moda). En realidad, tendría mucho más sentido que no se tirara basura en las calles, que se reciclaran los desechos en el mismo lugar y en el mismo momento en que se producen. Que la gente mantuviera limpias sus aceras. Pero ni siquiera ésa es la solución de fondo: los expertos coinciden en que hay que disminuir la cantidad de empaques que la mercadotecnia nos obliga a adquirir, que sólo sirven para manipular los apetitos de consumo y que contaminan en serio, como los inútiles envases de los teléfonos celulares. La vida sería más simple y los pronósticos ambientales mucho menos catastróficos si quitáramos de nuestra vida tanto plástico como fuera posible y nos acostumbráramos a materiales durables, de larga vida útil.

Es igual con los drenajes y la necesidad de plantas de tratamiento de aguas; aunque nuestras descargas orgánicas indiscutiblemente necesitan procesarse, y ésta es una obligación importantísima de las autoridades, sería mucho más barato si no tuviéramos que depurarlas de detergentes, sosas, plásticos y cientos de sustancias químicas tóxicas que permanentemente arrojamos a ríos, lagunas y mares.

También pasa con el crimen: la delincuencia crece, la violencia nos aterra. Y todos volteamos a exigir más policías, más jueces, más cárceles, más armamento, castigos más fuertes a los infractores. Pero no hay que ser mago para descubrir que lo verdaderamente necesario son buenas prácticas ciudadanas, que las leyes se cumplan, que NO se cometan delitos, que la gente ejerza sus derechos sin afectar los derechos de los demás, que los conductores y peatones respetemos las reglas de tránsito, que los maestros enseñen y los alumnos estudien, que quienes engendran hijos no sólo garanticen su sustento, sino que los formen, en el sentido más amplio de la palabra, como personas de bien, como buenos ciudadanos.

Pero la cosa es que desde hace cientos de años se nos ha inculcado que hay que castigar a los infractores, que se les deben aplicar penitencias, excomuniones –ahora inhabilitaciones— y que ésa es la forma de evitar todos los males. Por eso digo que se trata de un atavismo, que supone que sancionando a algunos (no pocas veces inocentes) evitaremos las faltas de muchos. Por supuesto que ese es un error de gran magnitud y costo. Hay numerosas evidencias científicas que lo prueban; sólo un ejemplo: en los estados de la Unión Americana en los que se aplica la pena de muerte, la criminalidad no sólo es igual que en aquéllos estados en los que no existe, sino que muchas veces la supera. La pena de muerte NO disminuye los delitos.

Por supuesto sería un despropósito pretender que los delincuentes no sean responsabilizados por sus actos, que no reparen los daños que causan, que no compensen a sus víctimas y, que cuando representen peligrosidad, no se les aísle. Todo eso es indispensable, para asegurar la vigencia del estado de derecho y para vivir dentro de la comunidad con los mayores índices de paz y armonía que sean posibles. Sin embargo, de lo que hablamos es de otra cosa: los castigos y las leyes no son suficientes por sí mismas, cuando las personas a las que regulan no tienen la voluntad de cumplirlas o más aún, cuando los infractores encuentran los medios de ignorarlas, torcerlas, darles la vuelta o, sencillamente, violarlas, porque sus intereses ilegítimos les importan más que su país, que sus conciudadanos, porque su individualismo es mayor que su pertenencia a la comunidad.

El tema es idéntico cuando hablamos de la corrupción dentro del servicio público. Cada vez hay leyes y sistemas anticorrupción más complejos, hay diferentes órganos de control, hay responsabilidades y tribunales especializados, los delitos burocráticos se califican con mayor gravedad y los castigos previstos son más fuertes, a pesar de lo cual y desafortunadamente, la deshonestidad y las malas prácticas son una constante que no logramos erradicar. Ya está más que probado que, al menos en México y particularmente en Veracruz, es un tema que trasciende los partidos y las ideologías y que, en el mismo sentido de los atavismos, podrán cambiar las siglas, pero la cultura prevalece: “a mí no me den, a mí pónganme donde hay, que yo agarro…”.

¿Qué experiencias del resto del mundo nos ofrecen ejemplos de buenas prácticas? Lo que sabemos con certeza es que los países con gobiernos eficaces, transparentes y honorables, tienen servidores públicos especializados, es decir, personas que desempeñan sus funciones como resultado de sus conocimientos y su experiencia, no como consecuencia de botines políticos ni repartos clientelares, como ocurre aquí; sin ganar enormes salarios ofensivos a la pobreza, los funcionarios de esos países tienen salarios y prestaciones muy dignos, competitivos con los del sector privado, que les permiten ofrecer a sus familias una vida sin excesos pero con calidad; otra característica importante es que, por regla general, los servidores públicos administrativos, es decir, los que no son electos sino que provienen de una carrera dentro de la administración, de un servicio civil, tienen estabilidad laboral y saben que a pesar de los cambios políticos, permanecerán en sus empleos salvo que cometan faltas o errores críticos. Eso evita que cometan “cochupos” o caigan en complicidades.

Hay otros dos elementos que también son relevantes: en esas naciones desarrolladas, ser burócrata es motivo de prestigio y reconocimiento social, puesto que generalmente las vacantes se cubren mediante concursos honestos y abiertos; eso y la estabilidad laboral que ofrece trabajar en el gobierno, permiten que lleguen a la administración pública los mejores, los más aptos y calificados. En sentido contrario, la precariedad laboral, la inestabilidad, la incertidumbre y los vaivenes políticos, son el mejor caldo de cultivo para la corrupción y la deslealtad.

Por eso, el trabajo de los órganos de control no puede ni debe limitarse a la función atávica, de castigar. Hay que invertir, con mucha creatividad y determinación, en la profesionalización de los servidores públicos, en su mejora continua, en el escalafón y el progreso personal por méritos. Hay que insistir en el servicio civil de carrera. Los burócratas deben ser especialistas que trabajen en el gobierno por vocación, por gusto, verdaderamente inclinados al servicio público; deben estar al margen de consideraciones ideológicas y partidistas y, lo más importante, poseer la convicción y las herramientas para ser útiles a la sociedad. Hacerlo de otro modo, es jugar en la cancha equivocada.

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