Veracruz, uno de los 23 estados que desdeñan las unidades antilavado

Foto de Crónica de Xalapa

Pese a los exhortos que se les han hecho desde el Senado de la República, muy pocos gobiernos estatales –entre ellos el de Veracruz– invierten recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) en las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), no obstante que es una de las prioridades nacionales en seguridad y justicia.

Según publicó este miércoles el diario REFORMA, únicamente 9 de las 32 entidades destinarán recursos del FASP 2019 a ese rubro, de acuerdo con una revisión de los anexos técnicos de los convenios de coordinación que los estados suscribieron con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El diario capitalino resume que, en total, sólo se invertirán 43.8 millones de pesos de recursos federales para las UIPE, cantidad que representa apenas el 0.6 por ciento de los 7 mil 202 millones de pesos que la Federación distribuye este año a los estados para cumplir con las estrategias nacionales en la materia.

REFORMA publicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda retomó el proyecto de las UIPE en los estados –que se había acordado en 2011, pero no fructificó– como parte de su Estrategia Nacional contra el Lavado de Dinero.

Las unidades estatales combatirán el lavado de dinero usando como insumo bases de datos del predial, de impuestos sobre compra de inmuebles, registros de información bancaria y datos de los registros públicos de la propiedad,

Según los anexos para la distribución de los recursos, únicamente los gobiernos de Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y San Luis Potosí usarán presupuesto del FASP para el “fortalecimiento y/creación de las Unidades de Inteligencia Financiera”.

En Veracruz y el resto de las entidades, ese subprograma que deriva de las 10 prioridades nacionales en materia de seguridad y justicia, aparece en ceros en los anexos técnicos que firmaron durante el primer semestre del año.

Según la nota informativa firmada por el reportero Antonio Baranda, el gobierno estatal que destinará más recursos del FASP a su UIPE es el del Estado de México, con 20 millones de pesos.

Por su parte, el senador Samuel García, presidente de la Comisión de Federalismo de la Cámara alta del Congreso de la Unión, pidió a los gobernadores colaborar en el combate al lavado de dinero.

El legislador de Movimiento Ciudadano (MC) propuso a los mandatarios estatales integrar esta estrategia como parte de los proyectos que serán financiados con el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

El senador por Nuevo León consideró que se debe poner en marcha Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) para prevenir y castigar este delito.

A través de un punto de acuerdo, el senador de MC recordó que los gobiernos estatales se comprometieron a crear instancias contra ese delito desde la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, realizada en junio de 2011.

“Los integrantes del Consejo se comprometieron a prevenir y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita y se conformó el grupo de trabajo en materia de lavado de dinero”, refirió.

“Éste grupo debería realizar propuestas de modelos normativos para homologar políticas públicas y disposiciones jurídicas a nivel local, además de establecer en cada entidad federativa una UIPE conforme a un modelo desarrollado por la UIF”.

García recordó que, como parte de la estrategia, se acordó integrar las UIPE como coadyuvantes del Ministerio Público para la investigación y acopio de información en materia de prevención y combate al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Advirtió que entre los programas prioritarios del FASP está el fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto, que están relacionados con el combate de activos producto de lavado de dinero y que los estados pueden combatir a través de las UIPE.

“La implementación de dichas unidades es un compromiso que asumieron las entidades federativas con el Consejo Nacional de Seguridad Pública”, recordó.

“Con la implementación de dichas unidades patrimoniales, los estados tendrán una institución especializada en el combate y prevención de las conductas delictivas relacionadas con lavado de activos”.

De acuerdo con la información publicada por REFORMA, la red de unidades en los estados permitirá ubicar quién es el último beneficiario de un bien, ya sea monetario o inmobiliario.

 

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