Para largo, reformas pro aborto en Veracruz

Agencia SPI Veracruz

La resolución del amparo interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la negativa de los diputados locales a legislar sobre la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) podría durar hasta dos años.

La asesora legal de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam), Esmeralda Lecxiur Ferreira, señaló que aunque esperan que en breve se realice la asignación de la ponencia de este caso, es posible que su determinación tarde mucho más tiempo.

Recordó que debido al periodo vacacional de Verano se retrasó la asignación de ponencia en el caso del amparo promovido ante la Corte.

“Hubo periodo vacacional y estamos en espera que se nos indique a cual de los ministros de la Suprema Corte le va a corresponder analizar directamente la solicitud que hemos planteado. No tarda tanto tiempo, tiene que ver con el impulso que las partes le estemos dando, en este caso las organizaciones de la sociedad civil, hay muchas organizaciones en todo el país que están apoyando está atracción por todo lo que implica”.

Indicó que en donde puede generarse un mayor retraso es en el análisis y dictaminación pues podría tardar hasta dos años, aunque dijo que existe interés en abordar el tema de manera pronta.

“Hay un retraso, una vez que se defina ponente se lleva un tiempo y lamentamos hay cierto tiempo que puede ser hasta dos años pero estamos confiadas en que por el acontecer de las controversias y juicios de amparo este tiempo pueda ser menor”.

Cuestionada sobre la falta de voluntad de los legisladores para abordar este tema a fin de ampliar las causales y el periodo para acceder a la ILE, la abogada dijo que podría generarles responsabilidades de tipo penal, que incluso podría llevar a un juicio de procedencia en su contra.

“Hay delitos y violaciones por derechos humanos e incluso se podrían fijar juicios de procedencia en contra de las legislaturas pasadas y de los que están”.

Mientras tanto, señaló que las mujeres puede ampararse en contra de que las autoridades no hayan atendido las recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

“Estamos hablando de voluntad política, jurídicamente la Legislatura tiene la obligación de acatar las recomendaciones que ha emitido Conavim pero si insisten agotaremos la vía (…) Si una chica se acerca y dice que no le permitieron interrumpir el embarazo podría meter un amparo porque la alerta sigue viva”.

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