Denuncia ORFIS desvíos por casi mil millones de pesos en 104 Ayuntamientos en los últimos diez años; los alcaldes, impunes 

En los últimos diez años, de 2007 a 2017, el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz detectó desvíos de recursos públicos en 104 ayuntamientos de la entidad por casi 959 millones de pesos, una cifra similar al presupuesto anual que para el presente ejercicio fiscal les fue asignado conjuntamente al propio ORFIS y al Poder Legislativo del estado.

Las auditorías municipales arrojaron graves irregularidades que derivaron en denuncias penales contra ediles de todos los partidos políticos.

De acuerdo con documentos oficiales, alcaldes y alcaldesas del PAN, PRI, PRD, PT y Movimiento Ciudadano incurrieron en el desvío de recursos públicos, incluyendo también los que llegaron por coaliciones como las alianzas Fidelidad Por Veracruz (PRI-PVEM) y PAN-PRD.

El daño patrimonial denunciado ante la Fiscalía General del Estado ascendió a 958 millones 848 mil pesos, dinero que alcanzaría para al menos el presupuesto anual de cuatro dependencias estatales: Secretaría de Gobierno, Contraloría General, Secretaría de Turismo y la de Desarrollo Económico y Portuario.

De la Alianza Fidelidad Por Veracruz, conformada por el PRI y PVEM, fueron denunciados 37 presidentes municipales; del Partido Acción Nacional (PAN) sumaron 28 alcaldes que enfrentan querellas ante la FGE.

El ORFIS también denunció a 11 alcaldes del Partido de la Revolución Democrática; ocho del Partido Revolucionario Institucional; ocho más de la alianza PAN-PRD; dos del Partido del Trabajo y uno de Movimiento Ciudadano.

Los mayores desvíos de recursos ocurrieron durante los ejercicios fiscales del 2009, 2013 y 2010, pues la magnitud de los montos representa casi el 50 por ciento del daño patrimonial encontrado por los auditores.

En el año 2007, el Órgano de Fiscalización Superior denunció penalmente a 12 autoridades municipales por un desvío de recursos de 42 millones de pesos; y un año después, 2008, fueron seis denuncias por 33 millones de daño patrimonial.

Al año siguiente, 2009, se registraron los mayores desvíos de recursos con un total de 252 millones de pesos que derivó en la denuncia de 33 autoridades municipales.

Para el ejercicio fiscal del 2010, un total de 17 presidentes municipales fueron denunciados por 92 millones, y en el 2011 sólo hubo un municipio denunciado: el de Fortín de las Flores, por un daño patrimonial de 39 millones de pesos.

En el ejercicio fiscal de 2013 se reportó un daño patrimonial de 138 millones 316 mil 415.62 pesos. Los ayuntamientos con más observaciones fueron los de Xico, presidido por Luis Alberto Pozos Guzmán (PAN), con más de 40 millones de pesos; Lerdo de Tejada (Gaspar Cruz Peña), con más de 25 millones de pesos; Yanga (Pascual Alvarado Martínez), con cerca de 16 millones de pesos; Tezonapa (Julio César Sánchez García, PRD-PT), con más de 12 millones de pesos, y los de Cerro Azul ((José Luis Terán Intriago) y Zentla (Rafael López Hernández) con alrededor de 11 millones de pesos cada uno.

Por la cuenta pública de 2014 no se formuló denuncia alguna; en la del 2015 se presentaron solamente dos denuncias penales por un presunto daño patrimonial de casi 16 millones de pesos, contra los ayuntamientos de Coatepec, presidido por Roberto Pérez Moreno (PRI), y de Cosamaloapan, encabezado por la alcaldesa priista Adriana Mass Michel; al munícipe coatepecano se le fincó responsabilidad por casi 10.5 millones de pesos, y a la cuenqueña por otros 5.5 millones de pesos.

En la cuenta pública de 2016 el daño patrimonial reportado por el ORFIS sumó 107 millones de pesos. De los seis ayuntamientos denunciados, las sumas más altas correspondieron a los de Cosamaloapan, presidido por Adriana Mass (PRI), por más de 88 millones de pesos; el de San Andrés Tuxtla, encabezado por el priista Manuel Rosendo Pelayo, con 16.6 millones de pesos, y el de Cosautlán de Carvajal (Rafael Díaz Argüello, PT), con 1.6 millones de pesos.

Y en la cuenta pública de 2017, de los casi 124 millones de pesos de daño patrimonial denunciados por el ORFIS, el de Cosamaloapan, a cargo de la priista Mass Michel, se le imputó responsabilidad por más de 121 millones de pesos. El otro ayuntamiento observado,   Tierra Blanca, presidido por el panista Saúl Lara González, se le responsabilizó de un presunto desvío de 2 millones 748 mil pesos.

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