Evade Secretaría de Trabajo obligar al Sector Salud a pagar laudos a exempleados despedidos

Ex empleados del Sector Salud, que fueron despedidos arbitrariamente, se han visto afectados también por la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad del Gobierno de Veracruz que ha evadido de manera sistemática su responsabilidad legal de obligar a instancias oficiales a cumplir con el pago de millonarios laudos laborales.

La dependencia estatal, que encabeza Guadalupe Argüelles Lozano –una ex juez menor del Tribunal Superior de Justicia del Estado que en marzo de este año fue duramente criticada por pretender nombrar a su hija Quetzalli Cárdenas Argüelles como titular del Departamento Jurídico y de Amparos de esta secretaría de despacho–, ha impedido de manera ilegal el cumplimiento de resoluciones a favor de ex trabajadores de los Servicios de Salud de Veracruz, un organismo público descentralizado.

De acuerdo con documentos oficiales y copia de juicios, dicha dependencia ha rechazado solicitar al gobernador Cuitláhuac García su autorización para el uso de una partida presupuestal especial para el pago de salarios caídos y prestaciones.

Y es que en el caso de los Servicios de Salud, al ser un organismo descentralizado, la ley prohíbe encargarle bienes, pero la Constitución prevé una notificación al mandatario para que autorice recursos extraordinarios.

La Junta Especial número Seis, dependiente de dicha dependencia, ha emitido una docena de resoluciones a favor de ex trabajadores de Servicios de Salud de Veracruz.

Una de ellas fue a favor de la ex trabajadora Mariel Jaime Beltrán, quien fue despedida de manera ilegal en abril del 2011 y ganó el juicio laboral en abril del 2018.

Las autoridades ordenaron su reinstalación, el pago de salarios caídos y prestaciones laborales, pero ante la negativa de reinstalarla y pagarle prestaciones, se solicitó el uso de la partida especial contemplada en el presupuesto del presente año.

El presupuesto propuesto por el gobernador García Jiménez y aprobado por la LXV Legislatura local, prevé un apartado por “indemnizaciones” con una partida por mil 844 millones de pesos.

El Artículo Séptimo de la Ley de Bienes del Estado prohíbe embargar a organismos descentralizados, como los Servicios de Salud de Veracruz, pero el artículo 49 de la Constitución Política del Estado obliga a la Junta Local de Conciliación enviar un oficio al mandatario estatal para que autorice liberación de recursos extras.

Sin embargo, ante la petición de abogados laboristas, la Secretaría del Trabajo rechaza enviar al titular del Poder Ejecutivo del estado la notificación para la liberación de recursos.

Por ejemplo, en el expediente 546/V/2011/VI, la dependencia ha respondido de manera legal que no ha lugar a acordar la petición de enviar un oficio al gobernador para tal fin, con lo cual estaría violentando la Constitución.

En iguales circunstancias se encuentran una docena más de casos, entre ellos el 219/V/2011-VI del ex trabajador Julián Pinto de León Farcia; el 1080/V/2011-VI de Violeta Cuahutle Márquez, y el 963/VI/2012 de Jenny Ingrid Martínez.

Fuentes consultadas, señalan que en los próximos días serán presentados amparos y quejas ante la Contraloría General del Estado por el incumpliendo de un deber legal de los funcionarios estatales.

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.