Veracruz debe reintegrar a la Tesorería de la Federación 3 mil 606 MDP que no pudo justificar en auditorías practicadas en el periodo 2013-2018

De los 31 estados del país a los que la Secretaría de la Función Pública (SFP) requirió reintegrar a la Tesorería de la Federación un total de 20 mil 177.6 millones de pesos que no han sido debidamente justificados dentro de los procesos de auditoría realizados entre 2013 y 2018, a Veracruz le corresponde devolver la mayor cifra: 3 mil 606.6 millones de pesos.

Aparte de Veracruz, de acuerdo con el Primer Informe de Labores de la SFP, las otras cuatro entidades que deberán regresar más recursos son Nuevo León, con 2 mil 633.5 millones de pesos; Zacatecas, con 2 mil 320.6 millones de pesos; Michoacán, con mil 290.4 millones de pesos y Nayarit, con mil 168.5 millones de pesos.

Según publica el diario REFORMA en su edición impresa de este martes, el reintegro de los recursos se requirió luego de que al mes de agosto pasado las entidades no pudieron solventar debidamente las observaciones que les formularon los auditores.

“Los gobiernos de los estados deben realizar los reintegros correspondientes por un monto de 20 mil 177.6 millones de pesos, debido a que no se aportaron mayores elementos para ser solventadas”, indica el Informe consultado por el periodista Rolando Herrera.

El reportero del diario capitalino apunta que el único estado que registra cero observaciones y por tanto no se le requirió la devolución de recursos es Querétaro.

También refiere que el Informe detalla que existen otros 25 mil 907.3 millones de pesos en los cuales subsisten distintas observaciones que deberán ser solventadas o bien sobre las que las contralorías estatales deberán de iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa.

Como parte de esta última cifra están 13 mil 651.9 millones de pesos que corresponden a 3 mil 550 observaciones formuladas que los entes auditados no solventaron oportunamente, por lo que las contralorías estatales deberán acreditar los dictámenes de prescripción correspondientes.

“En este caso, para la solventación, las instancias están obligadas a iniciar los procedimientos administrativos para identificar los servidores que incurrieron en la falta de atención de esas observaciones”, indica el Informe.

Para fortalecer los procesos de auditoría y fiscalización de los recursos públicos que se asignan a las entidades federativas, la Secretaría de la Función Pública se coordina con las contralorías estatales y ha firmado convenios de colaboración e intercambio de información.

“A la fecha, la Secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros ha sostenido 20 reuniones de trabajo con igual número de Gobernadores, a fin de establecer canales de comunicación y reforzar los trabajos de coordinación, que en los sexenios anteriores eran prácticamente nulos”, destaca el Informe.

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