Ex gobernador Miguel Ángel Yunes pagó millones sin contratos ni facturas

Agencia SPI Veracruz

La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares pagó más de 564 millones de pesos sin documentación comprobatoria y justificativa.

La Sefiplan también incurrió en realizar pagos de bienes y servicios sin Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, sin expediente del proceso de adjudicación, sin contrato de prestación de servicios con los anexos correspondientes y sin instrumento legal que los hubiera regulado.

El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), encabezado por Lorenzo Antonio Portilla Vásquez determinó la existencia de un daño patrimonial a Hacienda Pública Estatal por 564 millones 724 mil pesos.

Igualmente, durante el último año (2018) del bienio del gobierno panista de Miguel Ángel Yunes Linares, el Orfis detectó un presunto daño patrimonial de 4 mil 500 millones de pesos en 45 entes estatales.

Por lo anterior Portilla Vásquez procedió en su momento al fincamiento de responsabilidades y determinación de daños y perjuicios.

Otras irregularidades determinadas por el órgano auditor hacia la Sefiplan, fueron en los capítulos 2000 “Materiales y Suministros”, 3000 “Servicios Generales” y 4000 “Subsidios y Transferencias”, se detectaron erogaciones por un monto de 382 millones sin anexos de documentación comprobatoria y justificativa del gasto.

Del capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles de la Secretaría”, se hicieron pagos a proveedores para adquisición de bienes y servicios por pagar a corto plazo con un costo de 56 millones de pesos, de los cuales no anexaron documentación comprobatoria y justificativa del gasto.

Asimismo, la Sefiplan celebró un contrato con la empresa “Mayoristas en Informática Avanzada, S.A. de C.V.” por la “Prestación del servicio especializado de desarrollo e implementación del sistema de gestión electrónica de oficios versión 2.0 (GEO 2.0)”, por un monto de 36 millones de pesos.

De dicha operación la dependencia tampoco presentó evidencia de haber recibido y disponer de diversos requisitos legales, como análisis de campo del problema, plan de trabajo del proyecto identificando fases y actividades, narrativa general del análisis del proceso actual, entre otros.

Se identificaron provisiones contables por un monto de 71 millones, donde tampoco la Secretaría presentó evidencia de la documentación comprobatoria y justificativa, que permita verificar que dichos registros por pagos y “aplicaciones” a los proveedores debían afectar la información contable y/o presupuestal.

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