Se quejan ante la CNDH por falta de condones en Veracruz

Foto http://reportemexico.mx

A pesar de que Veracruz ocupa el primer lugar nacional en nuevos casos de SIDA, el segundo en VIH y el tercero por tuberculosis, la Secretaría de Salud de Veracruz no cuidó el abasto de condones  y este descuido pone en riesgo la vida de cientos de veracruzanos, así lo aseguró Patricia Ponce Jiménez, integrante del Grupo Multisectorial VIH-SIDA en Veracruz.

Por ello, esta organización presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que aún preside Raúl González Pérez, para exigir a las autoridades sanitarias de la entidad veracruzana que cumplan con su trabajo y atiendan a este sector de la población.

En días recientes, el propio Secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, reconoció el desabasto en la distribución de preservativos por todo el estado y argumentó que esto se debió a un “problema administrativo” provocado por el retraso en las licitaciones de estos insumos médicos.

Ponce Jiménez calificó de “lamentable” este hecho y señaló que en los meses que lleva esta administración tampoco se han comprado condones femeninos y que tiene comprobado ese desabasto en el sector salud.

Dijo que el desabasto de condones no solo representa la negación o negativa de un servicio de salud, sino la violación de un derecho humano y no solo para los enfermos de VIH-SIDA, también para toda la población que se encuentra en riesgo. “Es algo muy grave lo que está ocurriendo en Veracruz”, concluyó.

CNDH emite CNDH recomendación al gobierno de Morelos y Ayuntamiento de Jiutepec.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 81/2019 al Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y al Ayuntamiento de Jiutepec por el insuficiente cumplimiento de una Recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad por la Comisión Estatal de Seguridad Pública y porque el Presidente del municipio mencionado no la aceptó, así como al Ombudsperson Estatal, Raúl Israel Hernández Cruz, por las irregularidades detectadas en la integración del expediente de queja sobre el cierre e instalación de controles de acceso a un fraccionamiento por una asociación de colonos.

Al analizar el caso, ocurrido en 2016, se advirtió una aparente colisión entre los derechos al libre tránsito y el de seguridad ciudadana, por lo que la CNDH ponderó las circunstancias, no para concluir en la “preferencia o priorización” de un derecho sobre otro, sino para resolver los aspectos concretos de ambos derechos, de tal forma que quedaran debidamente delimitados, buscando su coexistencia y que su ejercicio pudiera ser protegido y garantizado.

Este Organismo Nacional determinó que hubo restricción al derecho a la libertad de tránsito por la asociación de colonos, misma que responde a una demanda colectiva de seguridad ciudadana por el alto índice delictivo en Morelos, por lo que se persigue un fin justificable; que debido al diseño del fraccionamiento no se impide la comunicación con otras vías o colonias, y que se restringe en menor grado la libertad de tránsito, pero dicho esquema se considera proporcional y adecuado, y acreditó que el requisito para ingresar al fraccionamiento – consistente en el registro de datos de identificación de la persona— es acorde con las normas de seguridad privada, y que el control de acceso no persigue otra finalidad como la recaudación de cuotas a la asociación de colonos o de impuestos al municipio.

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