Posponen proyecto de amparo federal para que Javier Duarte apele condena de 9 años de cárcel por lavado de dinero y asociación delictuosa

El pasado jueves 14, el magistrado Horacio Hernández Orozco, del Primer Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México, propuso concederle al ex gobernador de Veracruz,  Javier Duarte de Ochoa, el amparo que finalmente le permitiría abrir la brecha legal que hasta ahora le ha impedido apelar la condena de 9 años de cárcel que le fue impuesta por lavado de dinero y asociación delictuosa.

Según publicó en su edición de este domingo el diario REFORMA, el magistrado federal Hernández Orozco, el proyecto de sentencia plantea concederle la protección de la justicia al ex mandatario veracruzano para que sea repuesto el procedimiento con el que busca impugnar su sentencia.

Sin embargo, de acuerdo con el reportero Abel Barajas, del diario capitalino, aunque el proyecto fue hecho público, fue retirado a sugerencia del magistrado Francisco Javier Sarabia Ascencio, con el propósito de que sea motivado con mayor detalle un argumento procesal, consistente en explicar por qué Duarte de Ochoa ya sólo tenía como opción recurrir al recurso de amparo.

El proyecto de sentencia del magistrado Horacio Hernández considera que debe concederse el amparo a Javier Duarte porque cuando supuestamente se desistió de la apelación contra la condena, el juez de control tenía la obligación de requerir al ex gobernador de Veracruz  para ratificar ese escrito y no lo hizo.

Argumentó que si bien el Código Nacional de Procedimientos Penales no prevé un mecanismo de ratificación, los impartidores de justicia tienen la obligación de realizarla cuando existe la duda sobre la veracidad de un escrito.

Es por ello –indicó el periódico REFORMA– que el magistrado ponente propuso ordenarle a un juez de control del Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte reponer el procedimiento y admitir la apelación de Duarte.

De acuerdo con el proceso vigente, el juzgador deberá remitir después este recurso legal a un Tribunal Unitario en materia penal para que, con libertad de criterio, resuelva en primer término si debe darse trámite a la apelación o debe prevalecer el supuesto desistimiento de la misma atribuido a Duarte, mismo que él rechaza haber promovido.

En caso de tramitar esta impugnación, el Tribunal Unitario resolverá si confirma, modifica o revoca la condena de 9 años de prisión y la multa de 58 mil 890 pesos impuesta el 26 de septiembre de 2018 por el juez Marco Antonio Fuerte Tapia, luego de que Javier Duarte negociara esta condena con la Fiscalía General de la República (FGR) mediante un procedimiento abreviado.

En el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, el procedimiento abreviado está previsto como uno de los mecanismos de terminación anticipada del proceso, en el cual el imputado admite la responsabilidad de los delitos, a cambio de que el Ministerio Público solicite al juez imponerle penas menores.

De acuerdo con los antecedentes del caso, hace 14 meses, cuando fue sentenciado, Duarte apeló su condena y luego se presentó un escrito a su nombre en el que informaba su desistimiento de dicho recurso.

El 11 de octubre, el juez administrador Fernando Payá Ayala tuvo por no interpuesta la impugnación.

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