LOS JUEVES

Todas estas facturas fueron autorizadas por el Jefe de la Unidad Administrativa de la SSP, Guillermo Moreno Sentíes. De concluirse la nueva revisión y encontrársele responsabilidad al ex funcionario, ¿actuará el ORFIS de la misma manera que la Fiscalía en el caso del hijo de Jaime Téllez Marié?…

LOS JUEVES

Miguel Valera

Guillermo Moreno Sentíes, en la mira

Si la Fiscalía General del Estado de Veracruz se ensañó tanto contra Jaime Téllez Lacedelli, hijo del ex Secretario de Seguridad Pública Jaime Téllez Marié, deteniéndolo, boletinándolo, exhibiéndolo y vinculándolo a proceso por su presunta participación en el delito de ejercicio indebido del servicio público, por no cumplir con los requisitos legales dentro de la Fiscalía Especializada en Combate a la corrupción, en donde laboraba, ¿actuará de la misma manera en contra de Guillermo Moreno Sentíes, hijo de Guillermo  Moreno Chazzarini?

A pesar de que ha ventilado que no tiene dinero para cumplir con la revisión de la Cuenta Pública 2018 del Gobierno del Estado de Veracruz, a mandato expreso del Congreso del Estado, a la titular del Órgano de Fiscalización Superior, la abogada Delia González Cobos, manos acomedidas le han acercado el expediente de la Secretaría de Seguridad Pública en donde se puede observar cómo se manejaron ad libitum los recursos de los veracruzanos, sin licitaciones y de manera obscena, sin ningún tipo de pudor social, a pesar de la ingente necesidad de seguridad en la entidad.

Entrados en el calor del poder y confiados en que lo mantendrían por seis años más, en febrero de 2018, el ex Contralor y ex Secretario de Finanzas, hombre de todas las confianzas del ex mandatario Miguel Ángel Yunes Linares, Guillermo Moreno Chazzarini, promovió la designación de su hijo, Guillermo Moreno Sentíes, como Jefe de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública que presidía Jaime Téllez Marié.

Desde ahí, según los registros contables y facturas en manos de este reportero, Guillermo Moreno Sentíes no sólo avaló los pagos por los mil 100 millones de pesos del Sistema Estatal de Videovigilancia —que permitió la instalación de 6 mil 476 cámaras en territorio veracruzano— que tanta polémica han causado y cuyas irregularidades, supuestamente, fueron denunciadas ante la Fiscalía General de la República, también pagaba a cientos de proveedores favoritos de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, medios de comunicación de la zona sur, cercanos al mandatario y un gran proyecto de logística, información y rastreo de datos que se instaló en la antigua Estancia Garnica y que en los últimos día de la administración fue desmantelado y cargado en trailers con rumbo desconocido.

Aunque AKIRA Company, de Jorge Jonathan Torres Corona, era una de las favoritas y la instrucción era pagar de inmediato, sus montos oscilaban entre los 120 mil, 600 mil, 800 mil y hasta 1 millón 900 mil pesos, por diversos servicios de logística, renta de campers, sillas, mesas desayunadoras, tinacos, fosas sépticas, renta de carpas, montaje de eventos, suministro de agua, entre otras, en nada se comparan con las cantidades que recibieron otras empresas como Alta Prevención, Blindarte, Grupo Profesional Shalom, Sistemas Integrales Computarizados y Systemtech, entre otras, cuyas sumas son millonarias.

Por ejemplo, sin licitar y con la factura FA 3659 del 12 de junio de 2018, la Secretaría de Seguridad Pública le pagó a Alta Prevención WT México SA de CV, de la Ciudad de México, 34 millones 109 mil 997.20 pesos por concepto de 1 Sistema de monitoreo para redes Wi Fi Contrato No. SSP-UA-076/18.

Esa misma empresa, facturó el 22 de agosto del mismo años (FA 3728) 21 millones 999 mil 980 pesos por 1 Sistema para Protección  de las Tecnologías de la Información Kaspersky Contrao No. SSP-UA-078/18.

Un día antes, el 21 de agosto de 2018, la empresa BLINDRTE S de RL de CV emitió la factura 446 con número de serie del CSD 00001000000305677430 por 13 millones 920 mil 208.80 pesos por concepto de 1 Partida 5 Sistema forense de identificación de usuarios y redes de vínculos, Contrato No. SSP-UA-077/18.

Otra factura interesante es la 424, del 25 de junio de 2018, con número de serie CSD 00001000000305677430 por 1 Partida 3, Sistema de análisis de imágenes y videos con aprendizaje profundo Contrato No. SSP-UA-073/18. Clave servicio 43232605, Software analítico o científico, por 20 millones 624 mil 999.52 pesos.

Una más es de Grupo Profesional Shalom SA de CV. Se trata de la factura  A 9812 con fecha 25 de junio de 2018 por 1 Sistema de soporte técnico en Monitoreo, Contrato No. SSP-UA-071/18 por 58 millones 464 mil pesos o la A 9910, de la misma empresa, con fecha 12 de julio de 2018 por un Sistema de monitoreo de redes sociales, Contrato No. SSP-UA-082/18 por 49 millones con 80 centavos.

Y aunque hay más, finalmente, para esta columna, citamos la factura 1979 de fecha 25 de junio de 2018, de la empresa Systemtech Sistemas Tecnológicos SA de CV, por el Sistema de inteligencia para identificación de Metadata de objetivos, según el Contrato No. SSP-UA-072/2018, que en palabras del anterior auditor del ORFIS sería el sistema que no funcionó para detectar rostros y placas en las cámaras de videovigilancia. De esta factura se pagaron 49 millones 599 mil 999.20.

Todas estas facturas fueron autorizadas por el Jefe de la Unidad Administrativa de la SSP, Guillermo Moreno Sentíes. De concluirse la nueva revisión y encontrársele responsabilidad al ex funcionario, ¿actuará el ORFIS de la misma manera que la Fiscalía en el caso del hijo de Jaime Téllez Marié?

Más detalles de este caso en www.espejodelpoder.com

Nos vemos LOS JUEVES.

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