Jorge Winckler, a punto de echar abajo la orden de aprehensión en su contra; Juez federal emplaza a exjefe de ayudantes del exfiscal duartista Luis Ángel Bravo 

El 19 de noviembre pasado, en seguimiento al Juicio de Amparo 936/2019 promovido por el ex titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Winckler Ortiz, el Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, José Ezequiel Santos Álvarez, emplazó para la audiencia constitucional que será celebrada a las 10:40 horas del 4 de diciembre próximo, a un “tercero interesado de identidad reservada de iniciales F. Z. A.”, cuyo testimonio sería determinante para suspender la orden de captura del abogado yunista, quien niega los delitos de secuestro y tortura que le imputa la Fiscalía estatal a cargo provisionalmente de Verónica Hernández Giadáns, ex directora Jurídica de la Secretaría de Gobierno.

Como se recordará, en su anterior demanda de amparo indirecto, Winckler Ortiz solicitó la protección de la Justicia de la Unión en contra de actos de autoridad consistentes en la orden de aprehensión, ficha roja y alerta migratoria en su contra, “toda vez que el pasado 23 de septiembre del año en curso, tuve conocimiento porque fue filtrado a medios de comunicación la supuesta existencia de una orden de aprehensión en contra del suscrito, por hechos que no cometí, situación que fue reiterada por el C. Gobernador del Estado de Veracruz y su Secretario de Gobierno.”

Así mismo, Winckler expone que “en el Juicio de Amparo indirecto 813/2019 del índice del Juzgado Décimo Octavo de Distrito, por autos notificados por lista de acuerdos de fecha 30 de septiembre y 02 de octubre, se agregaron informes previos (a los cuales no acompañaron la orden de aprehensión aquí reclamada) en donde se señala que en el proceso penal 296/2019, el Lic. Noel Escobar Castán, Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, había librado mandamiento de captura en mi contra, insisto, sin tener conocimiento completo del acto reclamado por no haber acompañado el documento en donde conste el mandamiento de captura.”

El ex titular de la FGE señaló que “se promueve esta nueva demanda de Amparo y no una ampliación en los autos del Juicio de Amparo indirecto 813/2019 del índice del Juzgado Décimo Octavo de Distrito, en razón de que esta nueva orden de captura, es de fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo antes detallada y la fecha para la celebración de la audiencia constitucional de ese Juicio de amparo, está fijada para el próximo día 11 de octubre próximo.”

“A pesar de no haber cometido delito alguno, tengo el temor fundado de que por razones políticas, se haya obtenido una orden de aprehensión en mi contra sin que la solicitud ni la orden respectiva, cumplan con los requisitos constitucionales y legales para su obsequio, con el único fin de legitimar el uso desproporcionado  de la fuerza pública que fue desplegado en contra  de la Institución  del Ministerio Público el pasado 3 de septiembre de 2019, fecha en la cual fui legal y arbitrariamente separado del cargo, y más de mil elementos policiacos sitiaran y tomaran por la fuerza las oficinas centrales de la Fiscalía General del Estado”, expuso Winckler, quien refirió que se desempeñó como titular de la FGE de Veracruz, “entre el 30 de diciembre de 2016 al 3 de septiembre pasado, fecha en que ilegalmente la Comisión Permanente  del Congreso del Estado, determinó separarme provisionalmente del cargo; en dicho periodo, la Fiscalía especializada en personas desaparecidas inició procesos penales en contra de más de 100 servidores públicos, por su probable participación en el delito de desaparición forzada de personas.”

Winckler señaló que “uno de los aludidos procesos, fue el 130/2018, instaurado en mayo de año 2018, en contra de Luis Ángel Bravo Contreras, por su probable participación en el ocultamiento de cuerpos de personas víctimas de desaparición forzada; en el cual el Juez de Proceso y procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, dictó auto de vinculación a proceso en su contra, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva. Auto de vinculación a proceso que después de ser analizado por la Superioridad Federal en un Juicio de Amparo, fue declarado como constitucional.”

Detalló que “el pasado mes de mayo del 2018, fui denunciado por el C. Francisco Zárate Viña, ex empleado de la Fiscalía General del Estado y quien se desempeñara como Jefe de Ayudantes del  ex Fiscal General del Estado Luis Ángel Bravo Contreras, por mi supuesta  participación en hechos fantasiosos que fabricó junto con el abogado Arturo Nicolás Baltazar, con la única finalidad de beneficiar al C. Luis Ángel Bravo Contreras, Jefe de ambos y quien, como señalé, está siendo procesado por la Fiscalía General del Estado por su probable participación en el delito de Desaparición Forzada de Personas, dentro del Proceso Penal 130/2018 del Índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa.”

“Con relación a estos hechos, en los que de manera inverosímil señala haber sido privado de su libertad y objeto de maltrato por parte de servidores públicos de la Fiscalía General, los mismos han sido puestos en conocimiento de diversas autoridades, quienes han exhibido la inexistencia de los hechos narrados por el C. Francisco Zárate Aviña. En este sentido, dentro del Juicio de Amparo 421/2018 del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, en el que Francisco Zárate Aviña aparece como Quejoso con relación a los mismos hechos materia de la Carpeta de Investigación que supuestamente fue judicializada para obtener el mandamiento de captura en mi contra, el Juzgado de Distrito resolvió que no existieron los actos reclamados, consistentes en desaparición forzada, privación ilegal de la libertad, incomunicación ni tortura, al contar, entre otras cosas, con un medio de prueba indudable: el día en que supuestamente ocurrieron los hechos, un Actuario Federal logró notificar de manera personal a Francisco Zárate Aviña (quien según su versión posterior, se encontraba privado de su libertad en ese momento), y certificó que el quejoso no se encontraba privado de su libertad y que el propio Francisco Zárate Aviña señaló no haber sido objeto de tortura, maltrato ni ningún trato cruel, inhumano o degradante. Dicha certificación, cuenta incluso con la firma autógrafa de la supuesta víctima, quien posteriormente a esa diligencia, decidió de manera voluntaria no retirarse con el Actuario Judicial (lo que resultaría absurdo de alguien que efectivamente se encuentra privado de su libertad), sino permanecer en las oficinas en donde se encontraba realizando tareas propias de su carácter de empleado de la Fiscalía, donde según su versión posterior ‘se encontraba detenido’. Sin embargo, aun cuando Francisco Zárate Aviña haya cambiado posteriormente su versión de los hechos, con la intención de beneficiar a Luis Ángel Bravo Contreras, el medio probatorio consistente en la Diligencia de Notificación llevada a cabo por parte del Actuario Judicial del Juzgado de Distrito, quien, como sabemos, goza de fe pública , derrumba cualquier intento  malicioso del denunciante, o de autoridades cómplices, de buscar beneficiar con una fabricación al C. Luis Ángel Bravo Contreras.

Winckler añade también que “la sentencia dictada por el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Mixta dentro del Juicio de Amparo 421/2018, fue recurrida por el Quejoso, sin embargo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia penal del Séptimo Circuito con residencia en Boca del Río, Veracruz, confirmó en el Amparo en Revisión 299/2018, lo evidente: No existió ni desaparición forzada, ni privación ilegal dela libertad, ni tortura, ni incomunicación, ni ninguna otra clase de maltrato hacia el C. Francisco Zárate Aviña.”

Además, el ex fiscal yunista alude al artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitando la Determinación de No Ejercicio de la Acción Penal existente dentro de la Carpeta de Investigación FGE/FIM/CI/203/2018, pues expuso que “dentro de la cual se investigaron hechos idénticos a los que son objeto de Carpeta de investigación que según los medios de comunicación fue judicializada para obtener el mandamiento de captura en mi contra, trae como consecuencia la imposibilidad jurídica de pretender someterme a una nueva persecución penal por los mismos hechos.”

Winckler refirió que no sólo el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula que “nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito”, sino también “los artículos 8 y 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, respectivamente”, además del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su artículo 14 establece que “la persona condenada, absuelta o cuyo proceso haya sido sobreseído, no podrá ser sometida a otro proceso penal por los mismos hechos.”

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