Estafa Maestra de Rosario Robles, fraude más sofisticado que el burdo mecanismo  que utilizó Javier Duarte: Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos

El 27 de noviembre pasado, legalmente constituida, la Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se reunió en sesión pública a fin de hacer estudio, análisis y en su caso dictamen y resolución a los autos de los expedientes números SEPJP/LXII/028/2013, SEPJP/LXII/049/2014, SEPJP/LXIV/002/2018, y SEPJP/LXIV/060/2019, mismos que contienen denuncias de juicios políticos en contra de Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Social y ex titular de la SEDATU actualmente presa.

En el capítulo referente a la llamada “Estafa Maestra”, la Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos aludió al caso del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, también implicado en uno de estos expedientes, acerca del cual consignó “que el presente dictamen no prejuzga o se interna a emitir juicio sobre la legalidad o ilegalidad de los actos reclamados por la Procuraduría General de la República en su contra ni sobre su responsabilidad jurídica en dicho u otro proceso judicial.”

También refiere que “se conoce que el 27 de septiembre de 2018 le fue dictada sanción de nueve años de prisión, pero se aclara que a la fecha dicha resolución se encuentra en suspenso; los cargos por los que se dictó la resolución actualmente en suspenso, fueron los de lavado de dinero y de asociación delictuosa presentados por la Procuraduría General de la República (PGR) que lo acusó de haber desviado recursos públicos a través de una red de empresas fantasma.

“La denuncia penal, sobre el hoy presunto indiciado ex Gobernador, supone que la administración local pagó a supuestas empresas para suministrar útiles escolares, alimentos y material de construcción a personas de escasos recursos, pero los proveedores nunca llevaron a cabo las acciones contratadas. Los servidores públicos habrían organizado 73 licitaciones amañadas para beneficiar a 21 empresas con varios elementos en común: se fundaron al mismo tiempo, cerraron al conseguir un contrato o los socios están relacionados entre sí. La operación involucró el reparto de 35 millones de dólares.”

Y sobre el artículo periodístico titulado “LA ESTAFA MAESTRA, graduados en desaparecer dinero público” que publicó el portal Animal Politico, concluyen que “(Javier) Duarte resultó un principiante” ya que detallan que “el gobierno federal usa 128 empresas fantasmas para desviar recursos millonarios.”

“Ya sabemos, Javier Duarte utilizó un burdo mecanismo para desviar recursos públicos: le entregó contratos a empresas que no existían y que no daban los servicios para los que eran contratadas. El dinero, en realidad, terminaba en el bolsillo de los funcionarios. Por eso está en la cárcel. Pero el exgobernador de Veracruz no inventó este procedimiento. El gobierno federal, a través de 11 dependencias, lo ha utilizado una y otra vez para desviar miles de millones de pesos.

“Solo al revisar las Cuentas Públicas 2013 y 2014, por ejemplo, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) detectaron contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones.

“Los 7 mil 670 millones de pesos le fueron entregados a 186 empresas, pero 128 de ellas no debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existen. […] Este fraude, eso sí, es más sofisticado del que usó Javier Duarte. La diferencia radica en que aquí el gobierno no entrega los contratos directamente a las empresas, sino que primero los da a ocho universidades públicas y éstas lo dan después a las empresas. Sólo por triangular los recursos, las universidades cobraron mil millones de pesos de ‘comisión’, aunque no hayan dado ningún servicio. Este primer paso ya había sido detectado por la Auditoría Superior de la Federación e incluso lo había calificado de ilegal.

“Animal Político y MCCI decidieron seguir la pista del dinero y revisar qué hacían las universidades con esos montos y cuáles eran las empresas seleccionadas para estos ‘trabajos’. Luego de reportear en seis estados, revisar miles de documentos, y visitar decenas de supuestos domicilios, la investigación concluye y prueba que 3 mil 433 millones de pesos se entregaron a empresas fantasma y cuyos socios viven en barriadas. Mil millones de pesos más fueron la comisión para las universidades y el resto sirvió para, supuestamente, contratar servicios. En muchos casos, no hay evidencia documental de que estos hayan existido.”

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