Asignan obras a empresas con historiales negativos

Agencia SPI Veracruz

La Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez entregó contratos de obras a empresas con antecedentes negativos.

Documentos oficiales de dicha dependencia, revisiones en  organismos auditores y en áreas fiscales, se detectó que diversas empresas habían sido investigadas o señaladas por presuntas irregularidades.

Además se encontró que otras fueron beneficiadas durante el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares y en algunos casos una misma persona es  representante legal de hasta dos compañías, lo que hace suponer simulaciones.

Los informes detectaron que la dependencia declaró desiertas varias licitaciones con invitación a tres compañías y luego asignó de manera directa contratos hasta por 42 millones de pesos.

Como ejemplo, aparece la empresa MINESUR Construcción y Minería, aparece en un listado que incumplieron con el programa del Instituto de Espacios Educativos de Veracruz.

A pesar de ello obtuvo dos contratos por asignación directa para el mantenimiento de caminos en el municipio de Tatahuicapan de Juárez, uno  por un millón 681 mil 273.34 pesos  según el contrato SIOP-OP-PF-022/2019-DGCCYCE y otra por un  millón 428 mil 528 pesos con el contrato SIOP-OP-PF-007/2019-DGCCYCE.

A la empresa Eyasa SA de CV se le asignó la obra pavimentación del camino la Unión-Naranjos de Afuera-Mano Fabio Altamirano en el municipio de Cazones de Herrera, según el contrato número SIOP-OP-PF-062-SIOP, por un monto de 37 millones de pesos.

Sin embargo, la compañía comparte la misma dirección de la empresa Reyasa SA de CV en la la Avenida Lázaro Cárdenas Número15 bis colonia Badillo C.P, 91190.

Y una persona identificada como Enrique García Ramírez también es el representante legal de ambas compañías.

La administración yunista le dio obra a Eyasa  por cinco millones 791,481.17 correspondiente a la rehabilitación integral del camellón central del tramo Las Trancas-Aeropuerto El Lencero.

La compañía fue la encargada hace un par de años de  la obra de la avenida Enríquez en la ciudad de Xalapa, donde tuvo problemas por falta de pago, ocasionando el paro de 50 transportistas de diversas organizaciones pues les debía 122 mil pesos.

La compañía TIJIA SA de CV, que aparece con dos domicilios en la ciudad de Xalapa y otro más en Tihuatlán, aparece en un reporte de la Cuenta Pública 2017 porque no amortizó la cantidad de 817 mil 387 pesos, cantidad entregada por el FISE 2011.

A pesar de ello, el gobierno morenista le entregó en asignación directa el contrato SIOP-PS-PE-035/2019-DGCOP por un monto de 182 mil 989.95 pesos.

La compañía Luxa Construcciones S. de R.L. de C.V. -a la cual se le asignó el contrato SIOP-OP-PE-029/2019-DGCOP por un millón 257, 479.95 de pesos para la construcción de pavimento hidráulico en el municipio de Moloacan- tiene antecedentes de observaciones en el Órgano de Fiscalización Superior.

Por ejemplo en la Cuenta Pública 2016 se le señaló de incumplir con la armonización de dos anticipos por las cantidades de 165 mil y un millón 238 mil 573 pesos; y en la Cuenta Pública del 2016 también aparece con anticipos pendientes de amortizar de ejercicios anteriores  por 83 mil 313 pesos y 300 mil pesos.

El representante legal aparece Farid Xavier Lievanos López, quien en 2015 fue  delegado regional del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN).

En tanto la empresa con razón social  Martín Domínguez Salazar le fue asignado el contrato SIOP-OP-PF-011/2019-DGCOP por 920 mil 194.37 pesos para la construcción de guarniciones y banquetas en Oteapan.

Sin embargo, la compañía aparece en las observaciones de la Cuenta Publica 2017 por la falta de comprobación de 439 mil 273 pesos.

Y ese mismo nombre,  Martín Domínguez Salazar aparece como representante legal de  la empresa ProConSup Proyecto, Construcción y Supervisión, quien obtuvo contratos con el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares.

Se trata sólo de una muestra de las empresas contratadas durante el primer año del del morenista Cuitláhuac García Jiménez, las cuales presentan historiales negativos o vínculos con otras administraciones.

Y a ello se le agrega que la dependencia adjudicó de manera directa obras sin cumplir los requerimientos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas.

En dicho ordenamiento legal se establece que la dependencia debe  establecer los montos máximos del valor de la obra, aprobados por un Comité de Obra y  de publicarse en la Gaceta Oficial del Estado.

Sin embargo, se apegaron a los montos máximos que establece el Gobierno Federal para los casos de obras públicas federalizadas asignadas bajo el mismo mecanismo.

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