LOS JUEVES

La titular del ORFIS, Delia González Cobos parece que se ha enredado en la revisión de la Cuenta Pública 2018 que le ordenó el Congreso del Estado y no ha podido incluso resolver problemas domésticos…

LOS JUEVES

Miguel Valera

Moreno Chazzarini, desamparado

El pasado 21 de noviembre publicamos en Diario de Xalapa que Guillermo  Moreno Chazzarini, Contralor y Secretario de Finanzas durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, colocó a sus hijos Guillermo Moreno Sentíes y María Eugenia Moreno Sentíes como jefes de las unidades administrativas de las Secretarías de Seguridad Pública y Protección Civil, respectivamente.

Con facturas e información en poder del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, se demostró cómo se operó financieramente el fallido Sistema Estatal de Videovigilancia — de 6 mil 476 cámaras y más de mil 100 millones de pesos— y cómo se puso en marcha “un gran proyecto de logística, información y rastreo de datos que se instaló en la antigua Estancia Garnica y que en los últimos día de la administración fue desmantelado y cargado en trailers con rumbo desconocido”.

Aunque el Contrato SSP-UA-111/17 —en manos de este reportero— para la “adquisición, suministro, electrificación e instalación y puesta en operación del sistemas de circuito cerrado de televisión CCTV en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”, fue firmado por Juan Carlos Saldaña Morán, Jefe de la Unidad Administrativa de la SSP en 2017, para ejecutarlo en dos etapas (2017-2018), por un monto original de mil millones de pesos, la prórroga del mismo fue signada por Guillermo Moreno Sentíes, hijo del ya entonces poderoso Secretario de Finanzas del bieno yunista.

Como ya se ha señalado hasta el hartazgo, la empresa involucrada fue COMTELSAT SA de CV, representada por Gabriela Montaño Zúñiga. Este consorcio tecnológico del empresario Manuel Arroyo, es el mismo que en noviembre de 2012 compró el periódico El Financiero a María del Pilar Estandía González Luna.

Aunque COMTELSAT es una empresa con reconocimiento internacional en su ramo, con oficinas en la Ciudad de México, Mérida, Monterrey, Miami, Houston, Buenos Aire, Sao Paulo y Bogotá, el 22 de septiembre de 2014 fue inhabilitada por tres meses por la Secretaría de la Función Pública por presuntamente incumplir la normatividad de un contrato con Pemex. La multa que se le impuso fue de un peso y se informó a las dependencias del gobierno federal, a través de la circular No.OIC-PEP-AR-18.575.034/2014, que se abstuvieran de contratarla en ese periodo de inhabilitación.

Contratada en 2017 por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, COMTELSAT, incumplió el Contrato SSP-UA-111/17 y así quedó asentado en el informe individual de la Cuenta Pública 2018 que presentó el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz a la Secretaría de Seguridad Pública.

“Una vez concluido el Procedimiento de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio 2018 y los plazos legales para la solventación de los resultados notificados en el Pliego de Observaciones, el ORFIS dictamina que derivado del análisis efectuado a las aclaraciones y documentación justificatoria y comprobatoria presentadas, no fueron suficientes para solventar las observaciones que hacen presumir faltas administrativas y/o la existencia de un daño patrimonial a la Hacienda Pública Estatal, respecto de la gestión financiera de la Secretaría de Seguridad Pública”.

Estas observaciones, dice el informe en mi poder, “hacen presumir la existencia de un daño patrimonial a la Hacienda Pública Estatal de $1,108,819,144.57 pesos, de las cuales el ORFIS promoverá el fincamiento de responsabilidades y determinación de daños y perjuicios de conformidad con el Título Quinto de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”.

¿Qué ha pasado de entonces a la fecha? Nada. La titular del ORFIS, Delia González Cobos parece que se ha enredado en la revisión de la Cuenta Pública 2018 que le ordenó el Congreso del Estado y no ha podido incluso resolver problemas domésticos, como el pago puntual de la nómina de la primera quincena de enero de 2020, que según nos reportaron ayer al mediodía “nunca había pasado esto de que no pudieran pagar la nómina”.

Así que esperar denuncias o acciones legales por este caso del Sistema de Videovigilancia en Veracruz, ni se diga.

En tanto, el ex secretario de Finanzas, Guillermo Moreno Chazzarini se amparó y luego el juzgado decimoctavo de distrito en Veracruz, con sede en Xalapa, le negó el amparo indirecto, dentro del proceso penal que ya llevó a la cárcel al ex subsecretario de Finanzas, Bernardo Segura Molina y en donde también está involucrada la contadora Clementina Guerrero García.

Pero como en la Fiscalía, los ex funcionarios yunistas tienen de aliada a la encargada de Investigaciones Ministeriales, Marcela Aguilera Landeta, seguramente entre dilaciones y escándalos mediáticos en ninguno de estos temas se avanzará y con el paso del tiempo este fraude de las cámaras de videovigilancia y de las irregularidades administrativas del yunato quedarán en el olvido.

Nos vemos LOS JUEVES.

Comentarios: valeramk@hotmail.com

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