Revocan amparo a ONG que como “víctima de la corrupción” reclamaba participar en la investigación contra funcionarios de la FGR que negociaron sentencia con Javier Duarte

El Séptimo Tribunal Colegiado Penal revocó el amparo que un juez federal había otorgado a la asociación civil Tojil Estrategia contra la Impunidad, una organización no gubernamental (ONG) que como víctima de la corrupción reclamó participar en la investigación iniciada contra los funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) que negociaron la sentencia de 9 años de cárcel con el ex gobernador priista de Veracruz  Javier Duarte de Ochoa, actualmente preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México por lavado de dinero y asociación delictuosa.

El reportero Abel Barajas, del diario REFORMA, refirió que el amparo que un juez federal había otorgado a esta asociación civil reconocía en forma inédita esa calidad jurídica y su consecuente acceso a la citada indagatoria.

Sin embargo, durante la sesión del pleno de este jueves, los magistrados Herlinda Velasco Villavicencio y Miguel Enrique Sánchez Frías votaron por revocar el amparo, argumentando que la ONG no se ubica dentro de ninguno de los apartados legales que definen la calidad de víctima, reseñó el periodista del diario capitalino.

Ambos magistrados señalaron que el cohecho y los delitos contra la administración de la justicia que pudiesen haber cometido los funcionarios de la FGR que pactaron el procedimiento abreviado en favor del exgobernador de Veracruz no le causa ninguna afectación a la asociación civil.

Sánchez Frías incluso señaló que la Convención Interamericana de Derechos Humanos no reconoce como un derecho el vivir dentro de un ambiente libre de corrupción, premisa en la que dijo que estaba basado el amparo que en primera instancia le concedieron a Tojil.

“No hay base convencional o constitucional para sustentar la existencia de un derecho humano a un ambiente libre de corrupción. No hay tal derecho humano”, remarcó el magistrado Sánchez Frías.

En cambio, la magistrada Lilia Mónica López Benítez votó en favor de la quejosa, advirtiendo que la corrupción afecta bienes jurídicos colectivos y que interpretar los derechos desde la perspectiva de las Convenciones limita la progresividad de la protección a los mismos.

Pero aún así, ninguno de sus colegas cambió de opinión.

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