Al pie de la letra

Sin embargo, en cuanto empezaron a sondear con diputados locales, funcionarios estatales y otros actores políticos para pulsar qué tan imparcial sería la designación, varios decidieron declinar sus aspiraciones al percibir que la línea marcada desde Palacio de Gobierno sería presuntamente a favor de la actual encargada de la FGE, Verónica Hernández Giadáns.

AL PIE DE LA LETRA

Raymundo Jiménez

* GÓMEZ CAZARÍN VICIA PROCESO

Luego de que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXV Legislatura local publicó la semana anterior la convocatoria para designar al próximo titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) para el periodo 2020-2029, algunos abogados litigantes, académicos universitarios, agentes del Ministerio Público federal y hasta un hijo de un exprocurador general de la República habrían mostrado interés en participar en este proceso legislativo.

Sin embargo, en cuanto empezaron a sondear con diputados locales, funcionarios estatales y otros actores políticos para pulsar qué tan imparcial sería la designación, varios decidieron declinar sus aspiraciones al percibir que la línea marcada desde Palacio de Gobierno sería presuntamente a favor de la actual encargada de la FGE, Verónica Hernández Giadáns.

Inclusive algunos abogados han advertido que impugnarán legalmente el nombramiento del nuevo Fiscal General porque aseguran que el proceso estaría constitucionalmente viciado.

Aducen, por ejemplo, que la Junta de Coordinación Política, que preside el diputado morenista Juan Javier Gómez Cazarín, ha desplazado de hecho a la Comisión Permanente de Justicia ya que la convocatoria diseñada por el líder de la bancada de Morena estipula que será la Jucopo, “como Órgano de Gobierno y de mayor representación parlamentario del Poder Legislativo”, la encargada de desarrollar el proceso de selección de las ternas para la Fiscalía General y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Pero no sólo eso, sino que además el presidente de la Jucopo pretendería usurpar hasta la facultad que el artículo 67 de la Constitución Política de Veracruz le confiere al gobernador Cuitláhuac García, como titular del Poder Ejecutivo.

Y es que dicho ordenamiento constitucional estipula que para designar al Fiscal General el Congreso del Estado deberá integrar una lista de diez candidatos aprobada por las dos terceras partes de sus miembros presentes, la cual deberá remitir al Gobernador, y que si éste no recibe dicha lista dentro del plazo señalado, “enviará libremente al Congreso una terna y designará provisionalmente al Fiscal General hasta en tanto el Congreso haga la designación definitiva”. Pero, recibida la lista, el Jefe del Ejecutivo formará de entre sus miembros una terna que pondrá a consideración del Congreso, y la terna no podrá ser rechazada ni devuelta al Gobernador.

Sin embargo, en su convocatoria, Gómez Cazarín estableció que finalizadas las entrevistas de los aspirantes, la Jucopo emitirá en un plazo no mayor a tres días naturales el Proyecto de Punto de Acuerdo que contendrá una terna de candidatos a ocupar el cargo de Fiscal General, y otra para la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, las cuales serán sometidas dentro de un plazo de cinco días hábiles al Pleno del Congreso del Estado, para que se realicen los nombramientos correspondientes.

Inclusive determinó también que en dicha sesión deberán estar presentes los integrantes de las dos ternas, para que al momento de su designación les sea tomada inmediatamente la protesta del cargo conferido.

CARRILLO ALMEIDA, BUEN PERFIL

Por cierto, nos comentan que el maestro Ricardo Javier Carrillo Almeida fue el primer aspirante que acudió este miércoles ante la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura local a presentar personalmente su documentación para participar en el proceso de selección y nombramiento al cargo de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz.

Almeida Carrillo, quien recibió el acuse de folio número 0001, inició su carrera desde hace 30 años en la antigua Procuraduría General de Justicia del Estado, en la que llegó a ser Subprocurador, hasta que en el bienio del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares fue echado por el ex fiscal general Jorge Winckler Ortiz y su secuaz Marcos Even Torres Zamudio, el prófugo ex titular de la Fiscalía Anticorrupción.

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