Cambios para seguir igual: gatopardismo en la Fiscalía del Estado de Veracruz

Juan Pablo Armas / Opinión

Durante los primeros 12 meses del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, lo que justificaba la inacción en muchos otros temas que preocupaban a los veracruzanos, era que el Fiscal General del Estado no jalaba parejo con el Gobernador.

Jorge Winckler Ortiz, hoy prófugo de la justicia,  se volvió un dolor de cabeza  para este gobierno morenista porque traía su propia agenda, que era continuar la consigna de su jefe Miguel Ángel Yunes Linares.

Finalmente, en una acción bien concertada, los que mueven los hilos del poder en Veracruz lograron sacar a Jorge Winckler e imponer a Verónica Hernández Giadáns como encargada de Despacho de la Fiscalía del Estado, cargo que ha desempeñado en los últimos nueve meses.

Hoy, la maquinaria legislativa se apresta a tomar el control total de esta dependencia encargada de procurar justicia y ha abierto el proceso para tener, con todas las de la ley, un Fiscal o una Fiscal por 9 años.

Estos hechos nos traen a la memoria la obra  de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, la novela “El gatopardo”.  En la práctica política se conoce como “gatopardismo” o “lampedusianismo”, a aquella estrategia reformista que simula cambiar una parte de la estructura para conservar intacto el todo, sin que nada cambie realmente.

Y esto no es precisamente porque la fortuna parece favorecer la continuidad a la discípula de Eric Cisneros Burgos, sino en realidad a la estructura infiltrada de Miguel Angel Yunes Linares.

Sucede que a excepción de la Titular, toda la estructura de la Fiscalía ha permanecido a las órdenes del ex Gobernador, aquel que retó al Presidente y le dijo “loco”, “viejo guango”, “vividor”, entre muchas otras linduras que quedaron registradas en los medios de comunicación y redes sociales.

Desde esa estructura se ha perpetrado una obsesiva persecución para linchar  y hacer chivos expiatorios a quienes quizás no sean los verdaderos responsables de la operación del entramado  de las empresas fantasmas.

La más célebre perseguida por este montaje judicial es la socorrida villana veracruzana: Karime Macías Tubilla.

Pero pronto nos podríamos llevar sorpresas que podrían poner al descubierto un posible montaje que dejará pequeño el caso de Florence Cassez y que desvele una persecución política.

Presionados  por el tiempo y porque no encuentran los elementos contundentes suficientes para cuadrar el proceso de extradición de Karime Macías Tubilla, la Fiscalía General del Estado de Veracruz, trata de apuntalar los alfileres que sostienen la investigación en contra de los diez detenidos el pasado 17 de abril y obtener de ellos nuevas pruebas que hagan pensar a las autoridades inglesas que allá está la autora intelectual del saqueo, cuando las pruebas, contundentes, señalan otros actores.

Es tal la desesperación por cumplir con el mandato yunista para extraditarla, que no importa que se inventen cargos por esta estructura yunista infiltrada en la Fiscalía.

Existen documentos filtrados ya en redes sociales que avalan la urgencia de fabricar pruebas, también hay comunicaciones  de la CNBV y de la UIF que categóricamente afirman que la señora Karime Macías Tubilla no tiene cuentas bancarias y que en ningún momento recibió pago alguno o transferencia de las empresas fantasmas.

El señalamiento del que pende su acusación,  hecho por Juan Antonio Nemi Dib,  fue obtenido con tortura al ex funcionario, acreditada por la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos.

Toda una maquinación con propósitos electorales ejecutada a la perfección por un experto en temas carcelarios: Miguel Ángel Yunes Linares.

Ahora, los mismos empleados de Yunes en la Fiscalía, tratan de obtener pruebas a como dé lugar y a espaldas de la Fiscal Verónica Hernández Giadáns y del propio Gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

En la madrugada del 23 de abril, luego de una maratónica audiencia, el juez Gregorio Esteban Noriega Velasco supo que el Fiscal Manuel Medel Hernández, no obstante su proclividad a construir guiones fantasiosos con toneladas de papel sin substancia, no traía los elementos suficientes para vincular a los indiciados  a proceso y dictarles prisión preventiva.

A las cuatro de la mañana el juez decretó un receso para continuar más tarde y finalmente —con una sumatoria de 20 horas de audiencia de vinculación— los 10 detenidos fueron sentenciados a un año de cárcel preventiva.

Se ha actuado bajo consigna de una estructura yunista.  No existen elementos para este abuso. ¿Dónde queda la presunción de inocencia y debido proceso? No hay delitos graves que merezcan la prisión preventiva por un año  y expongan a las personas a contagios de Covid 19.

Hoy no importa su inocencia o culpabilidad, sino lo que abone al montaje para lograr la escandalosa y poco efectiva  extradición que sume al proyecto político sucesorio de los Yunes.

De los detenidos, Julián Alberto Rubín Sandoval fue Director de Atención a Población Vulnerable y quien concluyó el periodo al frente del DIF, probablemente sea más víctima que culpable.

Todos sus amigos y conocidos meten las manos al fuego por Julián Alberto Rubín Sandoval y están seguros de que se está cometiendo una injusticia en su caso.

Víctor Manuel Carrizo Yoval fue detenido cuando iba saliendo del palacio municipal de Xico, donde se desempeñaba como Secretario del Ayuntamiento. Fue subdirector de Recursos Financieros del DIF.

Emilia Yasbe Azamar Hernández, quien también fue detenida, era la secretaria privada de Tarek Abdala  pero también sus amigos y conocidos conocen de su probidad e integridad, a diferencia de la de su jefe operador de la familia Herrera Beltrán y quién planeo y ejecuto a lo largo y ancho del Gobierno de su jefe Javier Duarte, la operación de las empresas fantasmas junto con el contador Víctor López Gachuz,  la operación iniciada en el DIF, pero ampliada a toda la estructura gubernamental de Duarte con más de 400 empresas fantasma.

El Fiscal Manuel Medel Hernández tendría que dejar en libertad a los diez detenidos y el juez a su vez, dejar sin efecto las órdenes de aprehensión  al considerar el ridículo que hará ante las autoridades británicas exhibiendo las prácticas bananeras de persecución política.

La Fiscalía General del Estado que preside Verónica Hernández Giadáns, pareciera  a ciegas, seguir el mismo juego del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, fabricando expedientes falsos e inculpando a personajes, por venganzas políticas.

Ya existen versiones de nuevos casos de tortura en el Penal de Pacho Viejo y muchos ven con sospecha, por ejemplo, que Manuel Fernández Olivares, alias “el Pámpano”, sea el Secretario Técnico de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, a pesar de que fue gente muy cercana al compadre, socio  y cómplice de Yunes, el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Edel Álvarez Peña (nada menos que su jefe de asesores ) y fue acusado por el periodista Ricardo Ravelo, de estar vinculado a grupos criminales de alto calado.

Otra persona, también vinculada al grupo de Miguel Ángel Yunes  Linares, lo es Marcela Aguilera Landeta, Directora de Investigaciones Ministeriales, ex colaboradora cercana de Juan Carlos Molina Palacios -quien en su momento retó a Yunes-  el ex diputado asesinado en noviembre de 2019 y cuyo caso no ha sido esclarecido por la misma fiscal, como tampoco concreta ninguna denuncia contra los Yunes.

Al parecer, en la Fiscalía no han entendido el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador y se han dejado infiltrar por el yunismo. Por eso se entiende la tranquilidad con la que el ex gobernador se sigue moviendo entre comunicadores y políticos veracruzanos.

Dice la consigna popular: “nadie sabe para quién trabaja”.

¡Zas!

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