Urge Hacienda a dependencias del gobierno federal no ejercer el 75% del gasto presupuestado para servicios generales, materiales y suministros

 

Urge Hacienda a dependencias del gobierno federal no ejercer el 75% 

del gasto presupuestado para servicios generales, materiales y suministros

 

Este viernes 22 de mayo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) envió un oficio a los titulares de administración y finanzas de las diversas dependencias del gobierno federal, en el que les ordena, de manera “urgente y categórica”, no ejercer 75% del presupuesto disponible para las partidas correspondientes a los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, referente a las erogaciones para energía eléctrica, agua, teléfono convencional, celular, internet, servicio postal, infraestructura de cómputo y arrendamiento de edificios. 

 

Este documento, firmado por Victoria Rodríguez Ceja y Thalía Lagunas Aragón, subsecretaria de Egresos y Oficial Mayor, respectivamente, de la SHCP, se deriva del decreto publicado el pasado 23 de abril por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las entidades del gobierno.

 

Como se recordará, hace un mes se decretó reconducir el presupuesto a proyectos que su gobierno considera prioritarios, lo que implicaba la reducción de 75 por ciento de ingresos para 19 mil 440 empresas que lo proveen, de las cuales 88 por ciento son de micro, pequeño y mediano tamaño.

 

De acuerdo con el Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC), 7 mil 703 de los proveedores del gobierno se clasifican como micro empresas, 5 mil 844 como pequeñas y 3 mil 585 como medianas, el resto son corporativos o prestadores de servicios profesionales.

Así, con el objetivo de generar un paquete de 622 mil 556 millones de pesos, en medio de la parálisis impuesta por la pandemia de Covid-19, se preveía reducir uno de cada cuatro pesos que la administración pública gasta en materiales, suministros y servicios generales, con excepción de la Secretaría de Defensa Nacional, Salud, Marina, Energía y Seguridad y Protección Ciudadana en la Guardia Nacional.

Dichos ajustes resultan en 45 mil 380 millones de pesos; y si bien son casi el doble del programa de créditos para pequeños negocios anunciado por el Presidente, es apenas la trigésima séptima (37) parte del billón 719 mil 157 millones que ocupan también en materiales, suministros y servicios generales la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos.

Otra de las propuestas principales del decreto era la eliminación de aguinaldos y la reducción de 25 por ciento a los salarios de altos funcionarios (desde Subdirectores hasta el Presidente) por 3 mil 500 millones de pesos, monto que representa 0.4 por ciento de un gasto que se considera obligatorio en el Paquete Económico por 873 mil 829 que contempla el Paquete Económico 2020.

Entrevistada por el diario La Jornada, Violeta Rodríguez del Villar, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), declaró en aquella ocasión que en la actual crisis es positivo el ánimo de redistribuir, así como el agotar los recursos presupuestales sin acudir a más deuda. No obstante, sin crecimiento y sin diversificar los sectores estratégicos a los que se puede apoyar, todo efecto positivo se anula.

“La redistribución no sólo es una idea loable, sino necesaria y que en México era urgente. Sin embargo, debemos reforzar por el lado de impulso al crecimiento y éste requiere una estrategia de subsidios bastante tensada y que vaya a sectores estratégicos, los cuáles no pueden ser sólo uno. Esto es México. No va a crecer si solamente le apuesta al petróleo, tiene que ser bastantemente más diversificado sin abandonar el objetivo redistributivo”, explicó la investigadora de la UNAM al diario capitalino.

Por su parte, Sunny Villa, directora de Gasto Público del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), comentó que aún estaba por verse hasta dónde llegará el decreto bajo el planteamiento que hizo la Presidencia, sin embargo, también destacó la salida del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de los sectores prioritarios, pese a que éste acompaña la emergencia sanitaria provocada por la enfermedad Covid-19.

La apuesta es simplificar el gobierno, “lo cual es bastante grave”, indicó, señalando que si bien antes de la crisis sanitaria ya había un problema de espacio fiscal, hay ciertos rubros que no están comprometidos y, aunque también necesarios, pueden reorientarse. Entre ellos las evaluaciones, regulaciones y promoción, pero no representan más allá del 5 por ciento del presupuesto.

Rodríguez del Villar explicó que en el contexto de volatilidad actual lo recomendable es reorientar el gasto público antes que acudir a deuda, pero es difícil a través de los mecanismos que se han planteado porque afectan los derechos laborales. En cambio, dijo, se debería hacer una reingeniería de todo el presupuesto, fijar cuáles proyectos son prioritarios, rentables y cuáles tienen mayor efecto multiplicador. “Como se había planteado desde un inicio, si no hay crecimiento, no hay qué distribuir”, apuntó.

Este viernes 22, la Secretaría de Hacienda reiteró que dicho decreto tiene vigencia, por lo que “los ejecutores del gasto deberán guardar congruencia con la entrada en vigor”, y hacer efectivas las medidas de austeridad aplicables a todo el Poder Ejecutivo, incluyendo a organismos descentralizados, órganos desconcentrados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos.

Este viernes 22 de mayo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) envió un oficio a los titulares de administración y finanzas de las diversas dependencias del gobierno federal, en el que les ordena, de manera “urgente y categórica”, no ejercer 75% del presupuesto disponible para las partidas correspondientes a los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, referente a las erogaciones para energía eléctrica, agua, teléfono convencional, celular, internet, servicio postal, infraestructura de cómputo y arrendamiento de edificios. 

 

Este documento, firmado por Victoria Rodríguez Ceja y Thalía Lagunas Aragón, subsecretaria de Egresos y Oficial Mayor, respectivamente, de la SHCP, se deriva del decreto publicado el pasado 23 de abril por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las entidades del gobierno.

 

Como se recordará, hace un mes se decretó reconducir el presupuesto a proyectos que su gobierno considera prioritarios, lo que implicaba la reducción de 75 por ciento de ingresos para 19 mil 440 empresas que lo proveen, de las cuales 88 por ciento son de micro, pequeño y mediano tamaño.

 

De acuerdo con el Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC), 7 mil 703 de los proveedores del gobierno se clasifican como micro empresas, 5 mil 844 como pequeñas y 3 mil 585 como medianas, el resto son corporativos o prestadores de servicios profesionales.

Así, con el objetivo de generar un paquete de 622 mil 556 millones de pesos, en medio de la parálisis impuesta por la pandemia de Covid-19, se preveía reducir uno de cada cuatro pesos que la administración pública gasta en materiales, suministros y servicios generales, con excepción de la Secretaría de Defensa Nacional, Salud, Marina, Energía y Seguridad y Protección Ciudadana en la Guardia Nacional.

Dichos ajustes resultan en 45 mil 380 millones de pesos; y si bien son casi el doble del programa de créditos para pequeños negocios anunciado por el Presidente, es apenas la trigésima séptima (37) parte del billón 719 mil 157 millones que ocupan también en materiales, suministros y servicios generales la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos.

Otra de las propuestas principales del decreto era la eliminación de aguinaldos y la reducción de 25 por ciento a los salarios de altos funcionarios (desde Subdirectores hasta el Presidente) por 3 mil 500 millones de pesos, monto que representa 0.4 por ciento de un gasto que se considera obligatorio en el Paquete Económico por 873 mil 829 que contempla el Paquete Económico 2020.

Entrevistada por el diario La Jornada, Violeta Rodríguez del Villar, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), declaró en aquella ocasión que en la actual crisis es positivo el ánimo de redistribuir, así como el agotar los recursos presupuestales sin acudir a más deuda. No obstante, sin crecimiento y sin diversificar los sectores estratégicos a los que se puede apoyar, todo efecto positivo se anula.

“La redistribución no sólo es una idea loable, sino necesaria y que en México era urgente. Sin embargo, debemos reforzar por el lado de impulso al crecimiento y éste requiere una estrategia de subsidios bastante tensada y que vaya a sectores estratégicos, los cuáles no pueden ser sólo uno. Esto es México. No va a crecer si solamente le apuesta al petróleo, tiene que ser bastantemente más diversificado sin abandonar el objetivo redistributivo”, explicó la investigadora de la UNAM al diario capitalino.

Por su parte, Sunny Villa, directora de Gasto Público del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), comentó que aún estaba por verse hasta dónde llegará el decreto bajo el planteamiento que hizo la Presidencia, sin embargo, también destacó la salida del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de los sectores prioritarios, pese a que éste acompaña la emergencia sanitaria provocada por la enfermedad Covid-19.

La apuesta es simplificar el gobierno, “lo cual es bastante grave”, indicó, señalando que si bien antes de la crisis sanitaria ya había un problema de espacio fiscal, hay ciertos rubros que no están comprometidos y, aunque también necesarios, pueden reorientarse. Entre ellos las evaluaciones, regulaciones y promoción, pero no representan más allá del 5 por ciento del presupuesto.

Rodríguez del Villar explicó que en el contexto de volatilidad actual lo recomendable es reorientar el gasto público antes que acudir a deuda, pero es difícil a través de los mecanismos que se han planteado porque afectan los derechos laborales. En cambio, dijo, se debería hacer una reingeniería de todo el presupuesto, fijar cuáles proyectos son prioritarios, rentables y cuáles tienen mayor efecto multiplicador. “Como se había planteado desde un inicio, si no hay crecimiento, no hay qué distribuir”, apuntó.

Este viernes 22, la Secretaría de Hacienda reiteró que dicho decreto tiene vigencia, por lo que “los ejecutores del gasto deberán guardar congruencia con la entrada en vigor”, y hacer efectivas las medidas de austeridad aplicables a todo el Poder Ejecutivo, incluyendo a organismos descentralizados, órganos desconcentrados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos.

 

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