Designación de fiscalías ¿impugnable?

Designación de fiscalías ¿impugnable?

Juan Manuel Herrera Sosa

El día del niño pasado, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) legislatura veracruzana emitió convocatorias para designar fiscal general y fiscal especializado en combate a la corrupción, éstos en términos generales son quienes dirigen las investigaciones con las que se persiguen los delitos que se cometan, generales y que tengan que ver con la administración pública (como robarse el dinero del erario) respectivamente.

El procedimiento de dicha convocatoria consistía en entregar ciertos documentos, si se cumplían los requisitos señalados, se pasaba a una entrevista con la misma JUCOPO, donde los integrantes evaluarían a los entrevistados, para finalmente integrar ternas que serían votadas por el Pleno (los 50 diputados) y de esta forma elegir a los fiscales.

En círculos de abogados se habla de la ilegalidad de los nombramientos, de las posibles impugnaciones (“lo echaremos abajo” dicen los más osados) y de los dedazos, líneas, cañonazos y demás cosas incomprobables jurídicamente que supuestamente se dieron, más allá de lo político y chismes (es una majadería meterse en la vida personal de las designadas) me parece necesario de forma muy somera revisar el fondo legal de esto.

La Constitución de Veracruz -en el artículo 67- señala los requisitos para ser designado fiscal (en ambos casos) y el procedimiento que debería realizarse para su designación, la fracción I, inciso d), apartados 3, 4 y 5, señalan que la comisión del ramo citará de inmediato a los aspirantes a una entrevista, luego que la comisión del ramo deberá emitir un dictamen que contendrá una terna de candidatos y finalmente se hará la votación en el Congreso para quien obtenga una mayoría calificada sea designado al momento.

La convocatoria fue emitida con fundamento en los artículos 40, 41, 49 y 109 de la Constitución Federal, que en términos generales hablan de las funciones del Ministerio Público, de la soberanía, la división de poderes, federalismo, responsabilidades de servidores públicos y tratados internacionales; además, en 33 y 67 fracción I de la Constitución de Veracruz, que hablan de las atribuciones del CONGRESO, párrafos del 4 al 8 que hablan del procedimiento para la designación de los fiscales y artículos 18, 33 y 34 de la Ley Orgánica del Legislativo de Veracruz, que señalan igualmente las atribuciones del Congreso y las atribuciones de la JUCOPO, en donde en ningún lado, a mi entender, se le faculta llevar a cabo el procedimiento de auscultación y dictamen de los aspirantes a fiscales, como sí lo señala la Constitución de Veracruz, es decir -desde mi punto de vista-, de entrada la convocatoria fue emitida y el procedimiento realizado por un órgano del congreso no facultado para hacerlo (incompetente),  tan es así que la Constitución Local habla de un dictamen, no de un punto de acuerdo.

Es admisible el amparo, como contexto, el juicio de amparo es un instrumento que nació y existe para evitar los abusos de los poderes públicos en contra de los ciudadanos, se trata pues de proteger los derechos humanos que la Constitución y los tratados internacionales otorgan a los mexicanos dentro del territorio nacional, pero obviamente no es un procedimiento que aplique con todo y para todo, tiene ciertos requisitos técnicos que deben cumplirse para que un órgano federal (que son los que los conocen) le entre y decidan sobre la cuestión planteada, y las más complejas -y criticadas- son las causales señaladas en el 61 de su ley, las famosas IMPROCEDENCIAS.

Las causales de improcedencia, fracción a fracción señalan cuándo el juicio de amparo no se llevará a cabo, y la fracción VII dice textualmente: “Contra las resoluciones o declaraciones […] de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente; entonces, ¿promover un amparo contra las designaciones es improcedente?

Sí y no, la decisión es un acto soberano del congreso veracruzano y ésta no se puede cambiar mediante un juicio de amparo, pero como casi todo en la vida, tiene un pero y es que el juicio de amparo es improcedente contra la decisión, pero es procedente “contra los actos intra-procesales previos a la elección de funcionarios, en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieren la facultad a los Congresos Locales, de resolver soberana o discrecionalmente sobre tales designaciones” (palabras de la Suprema Corte de Justicia), ¿por qué? Ahí voy…

Han sido criterios reiterados de la Suprema Corte por décadas que las causales de improcedencia no pueden ser interpretadas extensivamente, es decir, lo que dice se aplica restrictivamente sin más ni más (hay muchas jurisprudencias al respecto), sin embargo, la dinámica legal cambia, y de la reforma a la Constitución General de junio del 2011 que tuvo por objeto la ampliación del “espectro protector” de los derecho humanos hacia la persona, derivan 2 principios: 1) pro persona y 2) pro actione, que en pocas palabras son actuar de la forma que de la forma más amplia se garanticen los derechos del afectado, para este tipo de casos significa que se deben evitar formalismos que vulneren el derecho de las personas de obtener una resolución que resuelva el fondo de la controversia (el juicio), por qué, porque los ordenamientos internacionales (la convención interamericana) señala que debe haber recursos efectivos para “revisar” la actuación de los órganos de gobierno, porque a final de cuentas, lo que les da legitimidad es que su ejercicio del poder se haga conforme a las leyes.

Señala la Corte también, que para que el juicio de amparo sea admisible en este tipo de casos, los procedimientos anteriores a la resolución de una designación deben cumplir ciertas condiciones: 1) que se encuentren establecidos en forma reglada (es decir en leyes) y 2) que se observancia sea obligatoria para llegar a esa resolución (es decir que su aplicación no sea optativa), si no se cumplen y lo que se pretende combatir en el juicio de amparo son los procedimientos y no los resultados, entonces sí debería ser admitido, a mi entender el órgano y el procedimiento no fueron los señalados en la ley.

En otras palabras, que se pueda decidir el resultado, no significa que no se deban respetar los procedimientos, pues estaríamos en el absurdo maquiavélico de que el fin justifica los medios, entonces no respetemos ningún procedimiento porque sobre el resultado, tengo la seguridad que lo conseguiré, línea que atenta contra el estado de derecho, que tantos siglos y batallas nos ha costado alcanzar.

Existen varios amparos en revisión que ha conocido la Corte en este sentido, y los criterios de épocas pasadas poco a poco van superándose, es una injusticia que se elija a alguien sin decir porqué (ojo que no me refiero a si el perfil de las designadas es el mejor o no), pues esto se presta a abusos e irregularidades, simulaciones y demás cuestiones nocivas que solo dañan e inconforman a la sociedad.

Y -aunque en su mayoría- los criterios en Veracruz siguen las líneas de interpretación restrictivas, hay jueces de distritos que tienen otra concepción de las cosas y prefieren proteger a la gente que legitimar lo que parecen ser decisiones arbitrarias, cada vez hay más de ellos, los tiempos cambian y los criterios también, incluso en Chiapas, recientemente se echó para atrás la designación que hizo el congreso de aquél estado del comisionado de derechos humanos por no respetar el procedimiento ESTABLECIDO EN LA LEY para su nombramiento, o en Jalisco la designación de magistrados es un poco más compleja que una propuesta y una ratificación, pues deben observarse criterios internacionales de idoneidad que deban cumplirse para su designación, parece que por allá se cansaron de ver como se nombraba a las novias y los compadres, cada vez hay más juzgadores conscientes de la realidad de las cosas.

Incompetencia y procedimiento no establecido, además se empieza a desarrollar el principio de motivación reforzada de las designaciones por la Corte y varios Colegiados de México, es decir, aunque el congreso tenga la potestad de elegir soberanamente, debe decir por qué esa persona es idónea o más idónea que los demás, esto da para otro análisis completo, pero como la decisión fue un punto de acuerdo no hay elementos para saberlo.

Como le digo a mis estudiantes de amparo, es tan improcedente el amparo en la DECISIÓN que se tome en los nombramientos, que pueden elegir entre un Kelsen en vida y un abogado que compró su título y pueden elegir a este último, siempre y cuando lo motiven y se cumplan las reglas del procedimiento señalado en la ley.

Ahora, qué se ganaría promoviendo un amparo, primero que sea admitido sería complicado, los criterios en Veracruz siguen con la inercia y la interpretación restrictiva de la admisión del amparo, por lo que irse a recurso si es desechado y lograr que sea admitido sería un triunfo, después que se conozca el fondo y se conceda, el efecto sería reponer el procedimiento, ¿y esto para qué sirve?

Para que, en su caso, se haga desde el principio por los órganos y de la forma que la ley señala, PERO, si la decisión está tomada, de poco abonará volver a hacer todo para obtener el mismo resultado, incluso puede llegarse a entorpecer la procuración de justicia, hay que recordar que estamos sobre el 98% de impunidad, urge que quien tomó(é) el mando nos dé resultados pronto, desde mi punto de vista, poco caso tiene.

No estaría de más que en la legislatura se asesoren mejor en términos legales, tener mayorías no significa quebrantar el estado de derecho, para eso hay tribunales incomprables cuyo objetivo es hacer que las leyes se respeten (la famosa teoría del check & balances) pues está visto que hoy estamos mañana quién sabe, más vale tener una solidez jurídica en la toma de decisiones para evitar el riesgo de que algún inconforme eche para abajo lo que seguro costó un buen tramo de negociaciones y acuerdos al interior, de mínimo se entorpezca lo que anhelamos que es justicia.

Finalmente, debo decir que participé para la designación de la fiscalía especializada en combate a la corrupción y en una entrevista de 9 minutos se me cuestionó sobre cosas que nada tenían que ver con un programa de trabajo o líneas de acción de llegar, vaya, hay que hacerle pero sin abusar, incluso pregunté cuáles serían los factores a considerar sobre los candidatos para la designación, pues no venía en la convocatoria, y me aplicaron la vuelta olímpica en la respuesta, al buen entendedor pocas palabras… y aunque inconforme con el procedimiento, el resultado no me es ajeno a lo esperado, lo que es más, deseo éxito a las mujeres designadas, se necesita valor y compromiso para estar al frente de esas instituciones tan susceptibles a vaivenes políticos, tampoco peco de ingenuo, debe ser más fácil (o menos complejo) gobernar con personas de confianza que con extraños aunque tengan la firme intención de servir a Veracruz, ojalá la historia no se repita, no lo quiero ni no lo deseo, estamos hartos de venganzas, de politiquería barata (y del covid también) que nada abonan a que la situación mejore, ojalá que lo próximo sea por y para el bien de nuestro querido y golpeado estado.

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