La promesa de AMLO de “acabar con la corrupción”, en la práctica no ha cambiado mucho para México: Analistas internacionales

  • Es el resultado del Índice 2020, Capacidad de Combate a la Corrupción (CCC) en América Latina.
  • Así lo dan a conocer Roberto Simon y Geert Aalbers, de Americas Society (AS), Council of the Americas (COA) y de la consultora Control Risks.
  • “Evaluando la capacidad de América Latina para detectar, castigar y prevenir la corrupción en medio de covid-19”, subtitulan el estudio.

Miguel Valera

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegó al poder con la promesa de “acabar con la corrupción” y el tema lo ha mantenido firme en la agenda de su gobierno. Sin embargo, el índice 2020, Capacidad de Combate a la Corrupción (CCC), elaborado por la Sociedad de las Américas (AS), el Consejo de las Américas (COA) y la consultora Control Risks, muestra que en la práctica, la corrupción no ha cambiado mucho para México.

“De hecho, el país se ha estancado y tiene una pobre capacidad para detectar, castigar y prevenir la corrupción”, indica el estudio signado por Roberto Simon, Senior Director of Policy at AS/COA y Geert Aalbers, Partner at Control Risks y que puede leerse completo, en inglés, en https://www.as-coa.org/sites/default/files/archive/2020_CCC_Report.pdf

En este 2020, México tiene un puntaje general de 4.55, cifra que es menor a la alcanzada en 2019, de 4.65. En capacidad legal nuestro país obtuvo 4.15; en democracia e instituciones políticas, 4.55 y en sociedad civil, medios de comunicación y sector privado, 6.24, lo que muestra la importancia de la participación ciudadana en el combate a la corrupción.

El país con el puntaje más alto en el Índice CCC 2020 es Uruguay, con 7.78 de 10. Le sigue Chile (6.57), Costa Rica (6.43), Brasil (5.52), Perú (5.47), Argentina (5.32), Colombia (5.18), México (4.55), Ecuador (4.19), Panamá (4.17), Guatemala (4.04), Paraguay (3.88), República Dominicana (3.26), Bolivia (2.71) y Venezuela (1.52), como el más bajo.

Los analistas han estudiado la capacidad jurídica, la democracia e instituciones políticas, la sociedad civil, los medios y el sector privado. El objetivo del “índice”, indican, no busca “avergonzar” —shame — o señalar los países  sino fomentar una discusión basada en políticas, ayudando a los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado a identificar, a través de datos y una metodología sólida, las áreas de éxito y deficiencias que deben abordarse.

El puntaje general de México, así como los puntajes de las tres subcategorías, se mantuvieron notablemente similares a los del año pasado. Hay varias razones detrás del estancamiento de México, pero una de las más importantes es la falta de progreso en las reformas institucionales a largo plazo. AMLO ha basado principalmente su campaña anticorrupción en torno a su capacidad personal para erradicar el problema. Mientras tanto, el presidente prácticamente ignoró el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), aumentó el uso del gasto discrecional en los contratos públicos y descartó los controles para mejorar la gobernanza, entre otras tendencias preocupantes, indican Roberto Simon y Geert Aalbers, en el análisis.

Por el lado de la aplicación —añaden—, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) expandió drásticamente sus actividades, dando a conocer presuntos casos de corrupción que involucran a miembros de la oposición, de la Suprema Corte, entre otros. Sin embargo, se ha cuestionado el posible control que AMLO tenga sobre la UIF.

En consecuencia, el puntaje de México en lo que se refiere a la independencia y eficiencia de las agencias anticorrupción disminuyeron. En algunas variables bajó la capacidad legal, así como la independencia y eficiencia del sistema judicial, de tal manera que México se ubica significativamente por debajo de países como Brasil, Colombia o Perú, y más cerca de otros como Guatemala y República Dominicana.

“Fuera del gobierno, la campaña de la sociedad civil contra la corrupción también ha perdido algo de su fuerza en los últimos dos años, como se refleja en una puntuación más baja para este variable. Esto probablemente se deba a dos factores principales: el éxito de AMLO en apropiarse la causa anticorrupción y sus ataques retóricos contra ONG’s y otros grupos independientes”.

CUESTIONES CRÍTICAS A MONITOREAR

En el apartado “CRITICAL ISSUES TO MONITOR”, los analistas internacionales se refieren a las acusaciones que enfrentan el ex director de Pemex, Emilio Lozoya; el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa y el Secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, quienes están bajo investigación y algunos no han sido sentenciados. Aún no se sabe si estos casos avanzarán o sus posibles consecuencias políticas.

“Se espera —o la expectativa— es que México avance en la implementación de un sistema penal acusatorio, más cercano al modelo de Estados Unidos. Con el tiempo, esto puede conducir a cambios importantes en la aplicación anticorrupción, incluido el uso cada vez mayor de instrumentos de negociación”.

“La administración de AMLO ha eliminado los controles y ha aumentado la discrecionalidad para los contratos del gobierno, al tiempo que impulsa grandes proyectos de infraestructura y aumenta el gasto sanitario debido a COVID-19. Esta combinación aumentará aún más los riesgos de corrupción”, concluyen en su apartado de México.

El estudio “Capacidad de Combate a la Corrupción (CCC) 2020” anota que la pandemia del COVID-19 está golpeando a América Latina en un momento en que la ola anticorrupción de toda la región en los últimos años ha venido perdiendo fuerza y en algunos lugares, ha retrocedido peligrosamente.

La corrupción ha sido históricamente un obstáculo para América Latina, minando el crecimiento, la democracia, la gobernanza y violando los derechos de millones.

En este contexto, Americas Society (AS), el principal foro dedicado a la educación, el debate y el diálogo en las Américas y el Consejo de las Américas (COA), una organización internacional comprometida con el desarrollo económico, social y la democracia en todo el hemisferio occidental, en alianza con Control Risks, lanzaron por segundo año este importante estudio de combate a la corrupción.

“En lugar de medir los niveles percibidos de corrupción, el Índice CCC evalúa y clasifica a los países según la eficacia con la que pueden combatir la corrupción. Los países con una puntuación más alta se consideran más propensos a ver a actores corruptos procesados y castigados. La impunidad continua es más probable en países en el extremo inferior de la escala”, aseguran.

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