Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes pedirá información a obispos de México, sobre presunto caso de clérigo de Coatzacoalcos

  • Sigue habiendo casos de encubrimiento de sacerdotes pederastas en el país, expresa Joaquín Aguilar, abogado fundador de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés).
  • En el caso del clérigo de Coatzacoalcos, acusado de intento de abuso sexual de un menor, pide que se sigan los dos procedimientos: el civil y el eclesiástico.

Miguel Valera

El gran problema que ha tenido la iglesia católica es que al no hacer caso de las denuncias de abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes, cae en encubrimiento y se da cuenta de que el problema ha estado creciendo precisamente porque no ha actuado, así lo considera el abogado Joaquín Aguilar Méndez, fundador en México de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés).

En entrevista telefónica, el defensor de los derechos humanos —quien también fue víctima de abuso por parte de un sacerdote—, asegura que “el grave error de la institución es que en muchas ocasiones, no sé si en la mayoría, es que no han tomado el toro por los cuernos”, además de “la complicidad que sigue existiendo entre el estado y la institución religiosa. Eso, desafortunadamente, provoca que haya más impunidad en estos casos”.

Al referirse al caso del sacerdote Cruz Antonio Patraca Morales, de la Diócesis de Coatzacoalcos, denunciado por intento de abuso sexual a un menor de edad, dijo que pedirán información a la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) para intervenir y darle seguimiento a la denuncia presentada.

“Generalmente, analizando el perfil de los pederastas, no lo suelen hacer en una sola ocasión. Van dejando rastro en donde van estando. También es ese otro de los puntos. Hay que analizar bien, si hay un antecedente. Además recordemos también que el Código Penal de Veracruz, contempla el delito de pederastía, a diferencia de otros estados. Nosotros fuimos quienes impulsamos en el país que se contemplara este delito”.

Según información publicada por el reportero Ignacio Carvajal —porque la Diócesis de Coatzacoalcos que preside el obispo Rutilo Muñoz Zamora no ha emitido ninguna comunicación— por la denuncia de la familia en contra del sacerdote Cruz Antonio Patraca Morales, se abrió la Carpeta de Investigación 504/2020 en la Fiscalía Especializada en delitos Sexuales contra el Menor y la Familia, de la avenida Juárez de Coatzacoalcos.

La madre del menor de 16 años, denunció que el clérigo “presuntamente emborrachó, drogó  e intentó violar el sábado pasado (20 de junio), dentro de la casa parroquial de la iglesia Santa María Reina del Rosario, del Fraccionamiento El Tesoro” a su víctima.

Para el abogado Joaquín Aguilar Méndez, quien se ha dedicado a defender a menores víctimas de abusos sexuales de sacerdotes, el caso de Coatzacoalcos podría tipificarse en el delito de pederastía.

“La pederestía es la manipulación que va teniendo el mayor sobre el menor. Precisamente es un delito que tiene que ver con el poder, el poder que se puede ejercer sobre alguien que es más vulnerable. Aquí, sin ser Ministerio Público, todo parece indicar que presuntamente eso fue haciendo ese sacerdote, frente a lo que se está declarando”.

Aguilar Méndez sugiere que a la par del procedimiento civil, se lleve a cabo el procedimiento eclesial de investigación y sanción del delito, en caso de que se compruebe. También lamentó el silencio de la Diócesis de Coatzacoalcos ante este caso. “Sé que ese silencio es normal, porque ellos son muy cerrados, pero eso no ayuda a que fluya esto. Es un tema de Comunicación Social. Si esto sucediera en la Ciudad de México aquí se diría lo que pasa, lo que sucede y lo que se está haciendo, a pesar de que la iglesia en general tiene una comunicación muy cerrada”.

RELEVANCIA DE LOS DOS PROCEDIMIENTOS

Para el jurista, es importante que se lleven a cabo los dos procedimientos de investigación y sanción: el civil y el eclesial.

“Debe de haber una intervención eclesiástica ante el Tribunal Eclesiástico que corresponda, y posteriormente enviarlo a Roma, para que se haga la investigación y en su caso sea sancionado, como lo estipula también el Código de Derecho Canónigo y tiene que ser castigado como lo estipula el Código Penal del Estado de Veracruz”.

“Tiene que haber dos procedimientos. No es juzgar dos veces el mismo delito porque son dos entidades diferentes y al final del día el tipo de castigo es diferente. El castigo máximo de la autoridad eclesiástica es quitarle el sacerdocio. El castigo de la autoridad civil ya es otro tipo de sanción, son procedimientos diferentes que se tienen que llevar a cabo, porque tenemos que terminar con esta impunidad”.

“Hay muchas cosas que hemos observado en estos procedimientos. Si la autoridad civil por x o por y, por algún tecnicismo, por no estar bien hecho, por la cadena de custodia, por mil cosas que te puedes encontrar en el proceso, se echa para abajo, queda libre y ahí es donde la autoridad, la iglesia, lo pude volver a meter a sus filas, porque no ha habido un proceso eclesiástico, por eso nosotros recomendamos que se hagan los dos procedimientos”.

—En otra entrevista usted decía que la Iglesia católica es el espacio ideal para los abusadores, porque cuenta con una gran estructura de protección…

“Así es. Sin embargo, hay algo que tengo que reconocer. A partir de que nosotros hacemos la denuncia, la iglesia comienza a actuar. No en todos los casos. Sigue habiendo casos de encubrimiento en el país. Si bien es cierto que hay algunos obispos o arzobispos que han estado trabajando para que esto no suceda al interior de sus diócesis, hay otros que siguen actuando de la misma forma, violando los mandatos inclusive de su máxima autoridad que es el Papa”.

“Entonces, ahí hay que reconocer esa parte de que sí hay algunos que han trabajado, pero también hay mucho qué hacer todavía al interior, no solo de prevención, sino de actuación en el caso, de protocolos y la otra es también, la forma de atender los casos que sucedan”.

“Ahí es donde la institución no sabe cómo abordarlos. No solo es te escucho y levanto los procedimientos o hacemos las denuncias. No, hay mucho ahí qué reparar y no hablo de una cuestión monetaria, es de algo que es multifactorial y que tiene que ser transversal, con varias cosas para la recuperación y rehabilitación de las víctimas.”

“La institución católica tiene que trabajar en ello y obviamente la autoridad que haga lo suyo. Ahí pareciera que le echamos la culpa a la autoridad eclesiástica, pero aquí el estado, la autoridad civil, tiene que hacer bien su trabajo”.

Respecto a la discrecionalidad o complicidad entre estado e iglesia, Joaquín Aguilar Méndez señala que “hay poblados al interior del país donde la autoridad eclesiástica tiene más carácter o más autoridad moral que la autoridad civil y eso permite que algunos delitos no se castiguen. Precisamente algunos obispos o curas aprovechan esta cultura mexicana para hacer de las suyas y estar delinquiendo. El problema de la pederastía es un problema muy complejo y de muchos factores”.

Para el fundador de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes, que solo castigando, solo actuando, se va a terminar con la impunidad. “Al estar actuando al interior de la institución, los pederastas lo van a pensar muchas veces antes de hacerlo. Ya van a saber que ya no hay impunidad y van a decir, no, mejor por aquí no”.

La Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes fue fundada en 1989 en Estados Unidos por Barbara Blaine. Es una organización altruista que apoya a quienes han sido víctimas de abuso sexual por ministros religiosos, lo mismo católicos que presbiterianos, ortodoxos, testigos de Jehová o de la Luz del Mundo. Cuenta con más de 56 mil miembros en 56 países.

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