Declara SCJN “parcialmente inconstitucional” la Ley de Ausencia por Desaparición de Personas del estado de Veracruz

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró “parcialmente inconstitucional” al invalidar una porción del artículo 31 de la Ley Número 236 para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas para el Estado de Veracruz, aprobada por la LXV Legislatura local y publicada el 20 de marzo de 2019, la cual permitía que, en la recuperación de bienes en casos de personas ausentes  que reaparecen, bastaría la existencia de indicios de que la persona hizo creer su desaparición de manera deliberada con el fin de evadir responsabilidades, para que ésta solamente pudiera recobrar sus bienes en el estado en que se hallaren, sin poder reclamar los frutos –productos o utilidades que los bienes generan– ni rentas.

El proyecto, expuesto por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, fue avalado por 5 votos por la invalidez total del artículo mencionado y 4 por la invalidez parcial del pleno; de ahí que los votos de mayoría de nulidad total de un precepto se sumaron a la nulidad parcial.

La SCJN resolvió que la mera existencia de indicios no es suficiente parta tener por acreditada, en la vía civil, la posible simulación de una desaparición. Por tanto, el Pleno estableció que la disposición resultaba violatoria de las garantías de audiencia, seguridad jurídica, debido proceso y legalidad, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8.1 de la Convención Americana sobre derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Con lo anterior, la Corte resolvió la acción de inconstitucionalidad 44/2019 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la  invalidez del artículo 31 de la Ley Número 236 para la Declaración especial de Ausencia por Desaparición de Personas para el Estado de Veracruz, publicada en la Gaceta Oficial del Estado de 20 de marzo de 2019.

Entre otros aspectos, la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas establece que la ausencia de una persona desaparecida podrá ser decretada por un juez especializado en materia familiar.

También destaca el reconocimiento de la ausencia de la persona desaparecida, así como la protección de su patrimonio; la conservación de la patria potestad y la protección de los derechos y bienes de las y los hijos menores de 18 años.

Además, protege los intereses jurídicos de los familiares de las personas desaparecidas para efectos de garantizar sus derechos a la propiedad, acceso a seguros, pensiones, guardia y potestad de sus hijos menores.

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