SCJN ordena a Veracruz devolver a la federación 96 mdp de un seguro agropecuario catastrófico que desvió el gobierno de Javier Duarte

  • Durante el ejercicio fiscal 2014, los recursos fueron otorgados para proteger a los productores rurales de bajos ingresos del Estado de Veracruz.

Ciudad de México.- En sesión remota del Tribunal Pleno realizada a través del sistema de videoconferencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ordenó al Poder Ejecutivo de Veracruz devolver a la federación 96,470,817.15 pesos, así como al pago de rendimientos y cargas financieras, recursos que le fueron otorgados para la contratación de un seguro agropecuario catastrófico, que protegería a los productores rurales de bajos ingresos del Estado de Veracruz, pero que no fueron aplicados durante el ejercicio fiscal 2014.

El Pleno resolvió que el Poder Ejecutivo de Veracruz no demostró haber contratado el mencionado seguro con los recursos recibidos ni haberlos reintegrado a la Federación, por lo que incumplió con sus obligaciones conforme al Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable que celebraron la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Veracruz el 18 de febrero de 2014.

Juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal 1/2019, promovido por el Poder Ejecutivo Federal en contra del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, demandando la terminación del Convenio de Coordinación celebrado el 18 de febrero de 2014 y de su anexo técnico, indica el comunicado 116/2020, de la SCJN.

Un año después de la firma de ese convenio entre el gobierno de Javier Duarte de Ochoa y la SAGARPA, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que esos fondos nunca se aplicaron pues, aunque se firmaron las primas correspondientes, no se cubrió su pago, por lo cual las empresas aseguradoras terminaron cancelando los contratos.

La ASF alertó del posible desvío de recursos: “se conoció que la entidad federativa no realizó los pagos correspondientes a la empresa aseguradora, ni tampoco se proporcionó evidencia del reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos federales no ejercidos”, indica el reportero Eduardo Murillo, de La Jornada.

En el caso analizado por la SCJN no se tocaron las responsabilidades penales por estos desvíos, solo se solucionó la disputa entre los dos niveles de gobierno sobre si se debería devolver al erario federal el dinero que no se destinó para el objetivo al cual estaba etiquetado, concluye.

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