Responsabilidad penal de las empresas, obligación inevitable

Por Juan Manuel Herrera Sosa

Imagine que una empresa, para cumplir sus metas de negocio, destruye propiedad, realiza exilios forzados, incluso llegando al extremo de matar gente, violando todo derecho a la vida, libertad, seguridad, entre otros. Pues esto sucedió en Nigeria y se demostró en el famoso fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos Kiobel v. Royal Dutch Petroleum C, donde la extraterritorialidad en el conocimiento del caso dio la posibilidad de que en Estados Unidos se sancionaran estas conductas, que, de no ser así, hubiesen quedado en la total impunidad.

Con esas atrocidades de ejemplo, se hizo indudable que la protección y el respeto a los derechos humanos debía ser un principio rector del actuar no solo de las personas físicas, sino también de las jurídicas, fueren nacionales y trasnacionales.

Por ello, en junio 2014 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU resolvió la creación de un grupo de trabajo internacional encargado del seguimiento del cumplimiento de derechos humanos. Este grupo visitó México en el 2016, ahí se documentaron cerca de 90 casos de violaciones graves a derechos humanos, realizadas por empresas nacionales e internacionales en México (tan sólo en ese año), la mayoría relacionada con las industrias de minería y extracción de hidrocarburos, pero también en empresas relacionadas con finanzas y bancos.

De esto derivó la Observación General número 24 del Comité de Expertos del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, que son los organismos que le dan “seguimiento” y realizan “observaciones” a los tratados que firman los países, ahí se puntualizó que: los Estados firmantes de los pactos son los responsables de las empresas corporaciones que residen en sus territorios y jurisdicciones.

Se puso al fin en el escenario, el papel central de las empresas en la vida de un país, principalmente sus responsabilidades cuando afectan los derechos de alguna persona o colectividad, pues antes era motivo de dudas y debates quién debía responder ante la violación de derechos por parte de una empresa.

Así, en el mismo 2016, -derivado de la reforma en materia penal de 2008- se promulgó el Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuyo título X, capítulo II, específicamente los artículos 421 al 425 se introdujeron las responsabilidades penales de las personas morales.

A partir de este cambio, ahora es posible vincular a proceso a toda una empresa, entendiéndola desde el representante legal (primero en rendir cuentas) hasta socios, accionistas, administradores, directores, supervisores, operativos, en fin, a toda persona física que sea parte o esté vinculada con ella.

Además, el Código señala claramente que las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, resaltando que si existen falta de controles que dieron como resultado alguna ilegalidad, eso no los exime.

También, que no se extingue la responsabilidad penal de las personas jurídicas en temas de M&A, es decir, cuando se transformen, fusionen, absorban o escindan, y se tenga alguna responsabilidad, la seguirán teniendo dependiendo el grado de relación con la nueva sociedad.

¿Cuáles son las penas? Desde una sanción pecuniaria (multa) hasta la disolución, incluyendo clausuras, suspensiones, prohibición de realizar las actividades en el futuro, veto para participar en licitaciones, el decomiso de los objetos y productos del delito, es decir, las ganancias ilícitamente obtenidas y para las personas físicas multas y penas privativas de libertad (cárcel).

En el norte del país existen varios casos de empresas relacionadas con distribución de gas y construcción que han sido vinculadas a proceso, lo que es más, han sido condenadas por ilegalidades cometidas en manejos financieros y en falta de programas de cumplimiento en temas de seguridad, ocasionando desfalcos a arcas públicas y muertes de trabajadores; por el contrario, en Veracruz no se sabe de alguna empresa (como persona moral) que haya sido vinculada y condenada, a pesar de que casi piden a gritos se les denuncie por las ilegalidades que a simple vista realizan.

Ante esto, la prevención, tarde que temprano las empresas deberán -por ley- cumplir diferentes normas que observan los derechos humanos, los riesgos de su incumplimiento están a la vista, bien harían en prepararse para los nuevos perfiles de administradores y abogados que serán necesarios.

*Ex Asesor en la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Profesor de Amparo en la Universidad Anáhuac.

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