Justicia Digital en Veracruz, ¿qué estamos esperando?

Por Juan Manuel Herrera Sosa*

¿Para qué existen los tribunales? Voy un poco atrás, siglos antes, el Rey (que lo era por designio divino), podía disponer desde la propiedad de alguien hasta la vida, pasando por la virginidad de las mujeres, su trabajo, los frutos de su trabajo, sus tierras, en fin, de todo aquello que ahora consideramos como derechos fundamentales, sin necesidad de pedirle permiso a nadie ni esperar la resolución de alguien, todo salía de su humor y su juicio; obviamente en algún momento de la vida las personas se cansarían de los excesos y buscaron organizarse de forma distinta para la gobernanza de un territorio, dividiendo el poder y reconociendo derechos para todos los ciudadanos en leyes; por ejemplo, y hartos de sus excesos y malos juicios, como colofón de la Revolución Francesa al Rey Luis XVI le cortaron la cabeza en plena plaza pública ¡LITERAL!

Así nacieron las constituciones, que a muy grandes rasgos es el texto codificado donde se señalan los derechos fundamentales de las personas, los principios que regirán la actuación de las autoridades (que se aterrizan en otras leyes) y la composición básica de los órganos públicos, todo con el fin de lograr un Estado de Derecho, que no es más que hacer que las instituciones públicas protejan esos derechos a través del cumplimiento de las leyes.

Según World Justice Project, para el año 2019 los países con un índice alto de Estado de Derecho fueron Dinamarca (país donde todos reciben una renta si se quedan sin trabajo y sin aumentar impuestos), Noruega (donde los índices de corrupción son los mínimos) y Finlandia (el país que tiene uno de los índices de desarrollo humano más altos del mundo), lamentablemente, México no queda muy bien parado; fortalecer el estado de derecho significa una mejor calidad de vida, poca inseguridad, estables condiciones económicas, educación, cultura y muchos etcéteras para todos, todo eso que en ocasiones nos parece hasta utópico alcanzar.

En México, la Constitución General señala en el artículo 49 que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en el Legislativo, Ejecutivo y Judicial, por su parte el 17 dice, entre otras cosas, que: ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho, además que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Queda claro pues que los tribunales se inventaron para que, en un pleito, no gane el que tenga más fuerza, la metralleta más grande o la cartera más abultada, el estado crea los tribunales y siguiendo las leyes se debería llegar a una solución.

Estoy encerrado tiene meses, ¿qué pasa si necesito acudir a un tribunal en estos tiempos pandémicos? En marzo pasado, el Consejo General de Salubridad Federal  declaró una emergencia sanitaria que puso en pausa toda actividad con el objeto de detener (o aminorar) la propagación del COVID 19; desde luego esta suspensión no era para todo, pues se hizo una lista de las actividades que no pueden (o podían) detenerse, consideradas como “esenciales”, entre ellas, la impartición de justicia.

En ese contexto, desde marzo pasado, el Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz (el órgano encargado de administrar al Poder Judicial) ha ido emitiendo acuerdos de suspensión de actividades, términos y toda actividad jurisdiccional, a excepción de las consideradas urgentes (por ellos mismos) hasta ahora al menos al mes de agosto, lo que tiene de punta a los abogados, pues ellos, que ganan por hacer y no por estar, piden la apertura o al menos alguna solución para que los juicios continúen, amén de todas las injusticias que se están convalidando con esta situación, y nadie les ha dado respuesta, leía que hay barras y colegios de abogados desde Coatzacoalcos hasta Poza Rica con la queja recurrente de que nadie los oye y nadie los ve, incluso que algún abogado había acudido a la Comisión Interamericana en Washington para tratar de echar a andar el tema. Al respecto, debo puntualizar que soy un creyente de que mucho ayuda el que no estorba y que a las instituciones se les debe cuidar y no pegar, pues ha costado lágrimas, sudor, sangre y muchas muertes medio tener instituciones que tengan –al menos en teoría- la obligación de protegernos.

Así, la justicia federal que es quien lleva la batuta de estos temas en México, emitió el acuerdo 12/2020 por el que se regula el juicio en línea, que en realidad es la culminación de muchos esfuerzos previos, y el comienzo del programa de justicia electrónica de su actual Presidencia. ¿Por qué en Veracruz no se hace algo similar? Me parece más un tema de voluntad que de otras cosas, pues tengo en mente al menos 3 poderes judiciales locales que tienen mucho menos presupuesto que el nuestro y lo han ido avanzando en otras entidades federativas (Puebla, Nuevo León, Michoacán, Guanajuato, entre otros) y en el mundo ni se diga, ahora con la pandemia a pasos agigantados, teniendo como resultado que una gran porcentaje de los juicios pueda llevarse de manera electrónica (para más referencias: https://url2.cl/JvdNM).

Creo que el que mucho critica y poco propone más le vale quedarse callado, y como he leído y escuchado varios sabios opinólogos de lugares comunes que nada concretan (adecuar el marco normativo, capacitar, dar presupuesto…), además que por experiencia propia sé que es una posible hoja de ruta de inicio, puedo puntualizar los siguientes -muy generales- pasos concretos:

  1. La Legislatura emitir una Ley de Firma Electrónica Certificada con el objeto de regular la firma y su uso en medios electrónicos en actuaciones públicas, con el objeto de otorgarle el mismo valor jurídico que a la firma autógrafa y para que sea obligatoria para todas las autoridades y sea segura su emisión y uso.

 

  1. Cuando se tenga, debe hacerse un Acuerdo de Pleno del Consejo de la Judicatura donde se apruebe que el Tribunal sea autoridad certificadora para emitir la firma (mientras se llega al nivel de automatización que tienen los tribunales federales). En la Corte bastó con 2 módulos en la entrada, evitando así toda aglomeración y contacto entre personas antes de automatizar todo.

 

  1. Adecuar en los códigos procesales civil y penal, para que -al menos las notificaciones- puedan realizarse por medios electrónicos, esto debe incluir reglamentar acuses electrónicos, archivos electrónicos, avisos electrónicos y la potestad de los actuarios de realizar notificaciones por estas vías para equiparar su realización a las realizadas en vivo. Con esto va aparejado adecuar el uso de medios electrónicos para la celebración de audiencias y algunas diligencias (desde la reforma a la Ley de Amparo, el poder judicial federal va concretando esto bastante sólido).

 

  1. Lo que considero puede ser un poco más tardado, pero importante es empezar pronto, es digitalizar los expedientes, no se necesitan millones, recuerdo perfectamente que en la Corte se realizó un programa de trabajadores eventuales que tenían por objetivo la digitalización de la mayor parte de los expedientes de asuntos de los que había que depurar y de archivo (¡el edificio se andaba casi derrumbando por el peso!), guardando las proporciones, no veo porque algo similar no se puede hacer acá, tal vez dejar de mandar a los meritorios y prestadores de servicio social por las tortas y refrescos y ponerlos a digitalizar pueda ser un buen comienzo, o aprovechar algún tiempo dedicado a las celebraciones pasteleras también, o regresar un rato en las tardes cuando parece que no pasa un alma en los tribunales (el día tiene 24 horas), a veces también hay que dar un poco más de lo que se exige para que las organizaciones funcionen. Para darle solidez jurídica basta hacer un acuerdo fundamentado en la Ley General de Archivos reciente (se puede adaptar y concretar el propio de la Corte o del Consejo Federal).

 

  1. Expedir términos y condiciones para la utilización del servicio en línea, y en cumplimiento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, hacer un aviso de privacidad con el objeto de asegurar al público el tratamiento de sus datos confidenciales y personales.

 

  1. Desde luego la creación de un portal/sistema sencillo e intuitivo, no más complicado de lo que pudiera hacer el equipo reforzado de tecnologías de la información de cualquier órgano público con un presupuesto similar al Poder Judicial de Veracruz, considerando los módulos básicos más importantes: a) Registro de usuario, b) Nueva demanda, c) Consulta de notificaciones de acuerdos, d) Contestación de Promoción, e) Seguimiento de demanda, y f) Recurso; de hecho creo que existen plataformas que se rentan y venden por si esto se ve cuesta arriba. Ellos deberán coordinarse con los secretarios de acuerdos y titulares para ir armando el programa desde el punto de vista procesal, y serán los encargados de capacitar a los operadores una vez esté listo para empezar su uso. Aquí es la magia de unir la tecnología con impartición de justicia y quitarle lo a veces arcaico a las cosas.

La Corte y Michoacán son punteros en este tema, lugares donde tuve la fortuna de estar, observar e incluso en ocasiones participar en su estudio de propuesta, seguimiento y creación; irónicamente lo que antes era criticado y tildado de innecesario, inútil y costoso, ahora es una necesidad imperante, urge una Firma Electrónica y un Juicio en Línea; tengo muy claro que es una simple y pura cuestión de voluntad y de hacer con lo que hay, la brecha generacional no es impedimento, recuerdo también a personas mayores manejando el sistema a la perfección, las circunstancias obligan a migrar a la justicia electrónica, esto ya no es opcional, es necesario e indispensable y si se me permite demasiado muy urgente.

De seguir así, lo único que se está logrando es lo que los administradores llaman un cuello de botella procesal, no imagino la cantidad de miles de demandas y promociones que se van a recibir cuando esto acabe, el personal que tenga que acordar mil inicios, promociones, el sistema de notificaciones quebrado y superado (de por sí tardan sus días), audiencias programadas allá por el 2022 o 2023, ¡una pesadilla! Vaya circunstancia que le toca a la Presidenta que viene llegando.

Algo debe hacerse ya, desde luego es tan importante proteger los derechos a la salud y la vida de los miles de colaboradores del Poder Judicial, como también proteger el derecho de acceso a la justicia de 8 millones de veracruzanos, no aplica pues el argumento utilitarista Benthamniano de que 8 millones son más que los miles de trabajadores, en sentencias se pondera, en dirección de instituciones se resuelve, alguna alternativa debe echarse a andar ya sin comprometer los derechos.

Finalmente, siendo que la impartición de justicia es una actividad esencial, ¿el Poder Judicial del Estado de Veracruz viola el derecho de acceso a la Justicia al suspender de plano la posibilidad de acceder y continuar un juicio hasta la obtención y cumplimiento de una sentencia? Desde mi punto de vista NO y SÍ. NO porque siempre (y lo celebro), ante cualquier peligro, debe proteger la integridad de sus colaboradores; SÍ, porque no da otra alternativa para obtener justicia, la sociedad nos vamos orillando al uso de la ley del más fuerte como en los tiempos de los cavernícolas o como vimos soportar los excesos de los reyes. Desde luego de la pandemia nadie tiene la culpa, pero de cómo se reacciona ante ella me parece que sí. Como dice el Presidente de la República, no se trata de llegar a gerenciarle, sino a transformar a que todo mejore, al final lo importante es la gente. Vienen a mi mente las palabras de Ramón Llull: “la justicia proporciona paz” y estamos sedientos de ésta.

*Ex asesor jurídico en la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Profesor de Amparo en la Universidad Anáhuac

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