Defensores de derechos, bajo indiferencia y acoso criminal

Agencia SPI Veracruz

Las personas defensoras de los derechos humanos enfrentan diversos riesgos, entre ellos un sistema de justicia indiferente y presiones del crimen organizado en Veracruz, alertó el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede).

En su informe “Informe de Libertad de Expresión en México 2020 – CASEDE”,  se estableció  que uno de los riesgos más preocupantes es el simple hecho de presentar una denuncia, ya que las y los defensores se ven victimizados e intimidados por las autoridades y agentes ministeriales sin ver una solución a sus denuncias.

“Esto se debe a que estas autoridades son percibidas mayoritariamente como corruptas y partícipes de los crímenes que van a denunciar, por lo que muchas de esas denuncias llevan años sin ser resueltas”, detalló.

“No buscamos responsables”, aclararon las y los defensores, sino resultados y encontrar respuestas relativas a las personas desaparecidas.

En el estado de Veracruz, los defensores consideran que muchos municipios “no tienen opción”, pues es el crimen organizado quien toma las decisiones y ante amenazas y asesinatos, les ceden el poder.

Se hizo hincapié en que el periodo de mayor riesgo lo enfrentaron durante el gobierno de Javier Duarte, en tanto que con el gobierno actual existe una mejor relación que con los anteriores.

Sin embargo, dijeron que ello no significa que la relación sea óptima, porque las agresiones siguen creciendo.

“Perciben carencia y ausencia de Estado, lo cual se escuda en una simulación (partidista) de protocolos e impunidad. El mismo gobierno es percibido como coordinador de organizaciones que promueven los delitos en la entidad”, acusaron.

En el informe se estableció por ejemplo que ante las desapariciones las autoridades se disculpan públicamente, pero después de eso no existe ningún tipo de resultado, no hay carpetas de investigación y quienes son señalados culpables salen libres de la cárcel, y no se hace nada posteriormente.

Más aún, el riesgo hacia la vida de las mujeres y sus defensoras ha ido en aumento en Veracruz, tal como lo indican las integrantes de los colectivos en defensa de las mujeres, reciben constantemente amenazas de muerte, en las que les dicen que van a encontrar a mujeres “embolsadas”.

Cuando se tratan los casos, existe la revictimización y las autoridades buscan justificar la falta de protocolos y seguimiento (como en el caso de los feminicidios).

Asimismo, las defensoras aseguran que están bajo intimidación; una de las participantes en los grupos focales cuenta que quienes las amenazan, entran a sus casas y dejan “huellas” de que estuvieron ahí, para que sepan que están siendo vigiladas y que tienen el poder de entrar en sus propiedades privadas.

En resumen, las personas defensoras perciben falta de acceso a la justicia y no vislumbran un mejor panorama a corto plazo.

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