Lleva la Asociación Civil Tojil hasta la CIDH denuncia contra el Estado mexicano por corrupción en el caso de Javier Duarte

La asociación civil TOJIL  presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia en contra del Estado mexicano por corrupción en el caso del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, quien se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde cumple la sentencia de 9 años que le fue impuesta por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

TOJIL –que en maya significa “lo justo o lo correcto”– presentó la denuncia ante la negativa de la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial para reconocer su carácter de víctima en el caso, lo cual –subrayó– violenta sus derechos humanos.

“La CIDH tiene la posibilidad de llevar a la Corte Interamericana uno de los precedentes más relevantes para combatir la impunidad en casos de corrupción”, expresó en un comunicado.

Lo que la asociación civil pretende es abrir la puerta para sentar un precedente internacional de combate a la corrupción que beneficie a todos los países de la Organización de Estados Americanos (OEA), según dijo.

El caso inició en 2018, cuando Estefanía Medina y Adriana Greaves, abogadas y defensoras de derechos humanos, presentaron una denuncia en contra de funcionarios de la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República (FGR), para que fueran investigados por posibles sobornos en el procedimiento penal contra el ex gobernador de Veracruz, que derivaron en la negociación de una mínima pena, pese a que tenía graves acusaciones por lavado de dinero y asociación delictuosa, relacionadas con posibles actos de corrupción.

En ese entonces, la Fiscalía General de la República negó a Tojil su derecho a colaborar como víctimas en la investigación y, pese a que un juez de Amparo determinó reconocerles ese carácter, la Fiscalía solicitó a un Tribunal Colegiado que les fuera revocado, y le concedió la razón.

Ahora la CIDH deberá resolver sobre su admisión, que de ser favorable llevará el caso mexicano a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, abriendo un gran precedente sobre la defensa de violaciones a derechos humanos en casos asociados a gran corrupción.

Las cofundadoras de Tojil advirtieron que si este asunto se logra llevar a la máxima sede internacional y se genera una sentencia favorable, se trataría del precedente internacional más importante en la lucha contra la corrupción en América Latina, acorde con los estándares de la propia Comisión y el derecho internacional.

Y es que en la administración de Duarte de Ochoa (2010-2016) fueron contabilizados cerca de 10 mil homicidios dolosos y más de 3 mil 600 desaparecidos; mientras que en el aspecto financiero fueron reclamados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presuntos desvíos por 33 mil millones de pesos; en tanto que el Congreso local exhibió un desfalco superior a los 70 mil millones en organismos autónomos, Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), y por deudas sin pagar al sector empresarial.

LA DENUNCIA DE TOJIL

TOJIL es una asociación civil que denunció a funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por delitos por hechos de corrupción y contra la administración pública.

La denuncia que presentó TOJIL está relacionada con el caso del exgobernador Javier Duarte de Ochoa por el acuerdo al que llegó con funcionarios de la PGR, que a cambio de declararse culpable le fue concedida una reclasificación de delitos: se le retiraron los cargos por delincuencia organizada y se le juzgó por el de asociación delictuosa, reduciéndosele la  pena a sólo 9 años de prisión y una multa de 58 mil 890 pesos.

TOJIL lamentó que eso haya sucedido ya en tiempos de la autoproclamada 4T, y que Javier Duarte haya hecho declaraciones públicas sobre sus pactos con la PGR, cuando estuvo encabezada por Alberto Elías Beltrán.

La asociación civil refirió que en diversas entrevistas, Duarte afirmó que pagó grandes cantidades de dinero a funcionarios de la PGR “como parte de una supuesta negociación para que se declarara culpable, a cambio de reducirle la gravedad de las acusaciones”.

Por ello, desde el 1 de octubre de 2018, TOJIL presentó una denuncia ante la Visitaduría General de la PGR, al advertir la posible comisión de delitos por parte de funcionarios de la Procuraduría. A partir de ello se inició una investigación por los delitos de cohecho y contra la administración de justicia.

TOJIL solicitó que se le reconociera el carácter de víctima dentro de la investigación, que se le informara sobre los actos de investigación realizados y que se proporcionara copia de diversos documentos.

La petición de ser reconocida como víctimas fue realizada a partir de la definición que textualmente establece el artículo 4, párrafo quinto, de la Ley General de Víctimas: “Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos”.

El Ministerio Público federal negó la solicitud. TOJIL presentó una impugnación contra esta determinación, la cual fue resuelta el 20 de diciembre de 2019 por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, el sobrino de la diputada federal de Morena, Dolores Padierna, que le impuso prisión preventiva a Rosario Robles Berlanga, extitular de la Sedesol y Sedatu procesada por la “Estafa Maestra”.

Sin embargo, el juez federal confirmó la negativa de reconocer a TOJIL como víctima. Alegó que aunque las víctimas de la corrupción somos todos, el único representante de toda la sociedad era el propio MP.

De acuerdo con el razonamiento del juez Delgadillo Padierna, la única institución que puede representar a toda la sociedad cuando se investiga a agentes del MP… ¡es el propio MP!.

 

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.