La Legislatura exhibiéndose, otra vez…

Por Juan Manuel Herrera Sosa*

Suenan cada vez más en los pasillos de los tribunales en México, incluso de la Suprema Corte, los yerros jurídicos, ridículos legales, que comete la Legislatura, pero hay uno, que por lo que refleja y significa, además por las consecuencias que trae, llama la atención, y es la reciente remoción de un magistrado por alcanzar la edad que la legislatura pasada determinó para el retiro obligatorio.

La historia es más o menos así, como antes los Magistrados eran vitalicios y como una forma de volver más dinámico el Poder Judicial, se determinó en la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial de Veracruz que el periodo de nombramiento de los Magistrados sería de 10 años con la posibilidad de prorrogarse otros 5, siempre y cuando se cumplieran ciertas condiciones respecto a su desempeño, además en noviembre de 2017, la Legislatura de Veracruz realizó una reforma constitucional que estableció el retiro forzoso de jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado cuando hubieren cumplido 65 y 70 años, respectivamente, la excusa fue actualizar a los juzgadores para que empezaran a resolver personas que “conocieran mejor los nuevos contextos”, que no hay que ser un astrofísico para saber que se trataba de abrir espacios para el gobierno que pensaba en la continuidad, pues éstos se abrían muy poco y pasaba mucho tiempo para que sucediera. Como anécdota, recuerdo cuando era niño haber escuchado que le llevaban la nómina al magistrado que estaba agonizando en su casa para que firmara y que su secretario proyectista, quien prácticamente actuaban como titular, había pedido un dinero por alguna sentencia.

Resulta que a pesar de conservar algunos emolumentos en este nuevo retiro forzoso (porcentajes de salario y compensación, pensión para viudas, entre otros), algún magistrado que consideró injusta la reforma, impugnó y ganó, consiguiendo en ese amparo que no se le aplicara el retiro por edad, pues ya tenía 70 años cumplidos,  aquí sucedió que el fallo concesorio lo obtuvo después de haber sido forzosamente retirado, por lo que –con la pena- el Presidente del Tribunal pasado, en acatamiento a la justicia federal, tuvo que reinstalarlo.

Después, en las elecciones pasadas en Veracruz cambió el partido que detentaba el ejecutivo y la mayoría en la legislatura por los que están actualmente, a ellos les toca designar los espacios que habían quedado vacantes (nadie sabe para quién trabaja), y decidir sobre la posibilidad de prorrogarse de algunos otros. Así, en los primeros días de julio, la nueva legislatura barre con 6 nombramientos de los cuales 4 tenían la posibilidad de buscar una ampliación por 5 años más (parece que sólo 1 había declinado ese derecho) y a los otros 2, les aplicaron el retiro forzoso por edad.

No cabe duda que la ignorancia es atrevida, pues uno de estos 2 es quien tenía el amparo ganado y aun así lo retiraron, parece que razón y conocimiento es algo que adolecen quienes toman este tipo de decisiones, más que “operar” se cometen fallos que exhiben la debilidad jurídica de las decisiones y el desconocimiento de las leyes y el estado de derecho, y que al tiempo vienen a ser reparados por los tribunales federales; además, para vergüenza, no sólo queda en lo local, ya trascienden en el centro y en mucho círculos jurídicos, para el ridículo de mi querido Veracruz.

Vamos por partes, ¿qué es un amparo? Un juicio que a través de la historia constitucional de nuestro país (desde 1857) se instituyó y se fue perfeccionando para que, ante las arbitrariedades de las autoridades, los ciudadanos pudiéramos acudir a una instancia cuando consideráramos que se violan nuestros derechos humanos, ¿para qué sirve? Para protegernos y para proteger el orden constitucional, pues en esa ley fundamental descansa toda la organización del estado y los derechos básicos de todos, entonces lo que se busca es que ella misma no sea violada por la autoridad, mucho menos pasando sobre los derechos de las personas. No está por demás decir que este tipo de juicios lo conocen los tribunales federales y si las autoridades se resisten a cumplir lo que ordenen puede llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen que cumplir les agrade o no, o les haya tocado en su periodo de mandato o no.

Lo que hizo la Legislatura es lo que técnicamente se conoce como repetición de un acto reclamado, que no sólo es grave, sino que trae consecuencias jurídicas bastante trascendentes, ahí voy:

La repetición del acto reclamado es cuando la autoridad reitera la conducta que ya se había declarado inconstitucional por un órgano jurisdiccional federal (ganado un amparo), para ello se requiere que exista identidad entre las partes de la relación que da origen al acto, es decir, que sean los mismos demandantes y demandados (en amparo se llaman quejosos y autoridades responsables) y que los elementos y la afectación del acto reclamado también tengan identidad (que se trate de lo mismo y afecte de la misma manera), no lo digo yo, lo dice la Ley de Amparo en todo un capítulo que empieza en el artículo 199.

¿Qué va a pasar? De manual (dijera mi querido padre) y lo que cualquier estudiante de derecho sabe:

  1. Ante la tramitación del incidente por el afectado, el juez que conoció determinará que se le está aplicando una norma que ya había declarado inconstitucional, por lo que se considerará fundado.

 

  1. Luego se correrá traslado a la autoridad para requerirle un informe, es decir, le va ordenar a la legislatura que informe sobre la repetición del acto.

 

  1. Aquí la Legislatura tiene una oportunidad de oro, pues en este informe tendrá que “defender” su posición, si es acto repetido o no, pero además, PODRÁ DEJAR SIN EFECTOS EL ACTO DENUNCIADO.

 

  1. Si no se deja sin efectos e impera la obstinación, resolverá el Juez si existe o no existe tal repetición, me parece que en este caso es muy visible que sí, así se enviará al Tribunal Colegiado de Circuito, quien revisará el procedimiento y determinará en definitiva si existe o no tal repetición, más que repetir el procedimiento se trata de darle una nueva oportunidad de desistirse del acto denunciado a la legislatura.

 

  1. Determinándose que SÍ, se formulará un proyecto en el que propondrá separar de su encargo al funcionario responsable de la repetición del acto reclamado y enviará el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (así dice la ley).

 

Si llega hasta allá, cuando la Suprema Corte conozca del asunto, indefectiblemente resolverá en: a) separar del cargo al responsable y b) dar vista al Ministerio Público Federal por la posible comisión de un delito. Además la misma ley de amparo en el 267, fracción II, determina de 5 a 10 años de prisión y multa de hasta mil días de salario a quien repita un acto reclamado. De ese tamaño.

Aunque existe una jurisprudencia que puede aminorar los efectos si no hay dolo en la repetición del acto reclamado, alguna vez oí decir a un Ministro en una sesión que regularmente en los casos de repetición del acto reclamado, más que demostrar el dolo, se demostraba la ignorancia en cumplir con los efectos del amparo, y hay que recordar que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento; varios son los casos conocidos donde así se ha procedido, o cuando se listaba el asunto la autoridad doblaba las manos, irónicamente los todopoderosos cumplen el adagio de que los carniceros de hoy serán las reses del mañana.

Como vemos una tras otra, lejos de ayudar parece que se empeñan en complicar las cosas, cuadro que de por sí ya está complejo si de gobernabilidad hablamos, los ánimos están encendidos, el Coronavirus, la violencia y la crisis económica crispan más el entorno; como siempre digo, tener la mayoría no significa no respetar la ley, ¿pues qué no se trataba de respetar las leyes como antes no se hacía?; ahora, nada más y nada menos patearon el avispero judicial federal y en una de esas a la Corte, y ahí sí ni se influye ni se manda, ya lo dijo el Ministro Presidente: “quien no respeta las resoluciones está realizando actos en contra de la democracia y el Estado de Derecho”, ahí no se juega, ya se lo demostraron a un Gobernador del mismo partido que nos gobierna, que tramposamente quiso extender su periodo, a ver si ahora no voltean para acá.

Me queda una duda, ¿el mismo criterio le van a aplicar a la Presidenta del Tribunal que está próxima a cumplir la edad de retiro forzoso y a algunos recién nombrados que son contemporáneos? Veremos…

*Maestro en Derecho, ex asesor jurídico en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Profesor de Amparo en la Universidad Anáhuac

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