Cuitláhuac García y gobernadores de Oaxaca, Hidalgo y Tlaxcala proponen al Senado reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales

Este lunes fue instalado en el Senado de la República la mesa de trabajo interinstitucional “Hacia una reforma penal de todos y para todos”, en la que además del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, participaron los mandatarios priistas de Oaxaca, Alejandro Murat; de Tlaxcala, Marco Antonio Mena, y de Hidalgo, Omar Fayad, quienes entregaron al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, una propuesta de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales.

El gobernador oaxaqueño dijo que se trata de “dar dientes” al Estado mexicano en el combate al crimen organizado y que la ley no sea letra muerta.

La propuesta de reforma, indicaron los mandatarios estatales, busca frenar la puerta giratoria del sistema penal acusatorio, que permite la liberación de delincuentes por fallas en los procedimientos.

Murat aseguró que los gobernadores del Partido Revolucionario Institucional consideran necesario abrir el debate y la reflexión en torno al marco jurídico del sistema penal acusatorio. La discusión debe atender cinco ejes fundamentales: el fortalecimiento del sistema de impartición de justicia, la protección de los derechos humanos, enfrentar con contundencia a la impunidad, fortalecer el derecho de las víctimas y proteger las instituciones encargadas de la procuración, administración y aplicación de la justicia en el país.

El mandatario oaxaqueño destacó que es imperativo trabajar por un México más justo y seguro. Explicó que se pretende tener un código con disposiciones claras y precisas, que brinde a las fiscalías todos los elementos para que el respeto irrestricto a los derechos humanos no vuelva a entrar en conflicto con la aspiración común de erradicar la impunidad de la vida social e institucional.

“Se trata de dar dientes al Estado, de pasar de la pasividad a la acción, de la defensiva a la ofensiva. Se trata de tener una nueva ley y que no sea letra muerta. Son reformas que no sólo consideramos necesarias, sino urgentes, para hacer frente de una vez por todas y con eficacia a todas las expresiones criminales que deterioran nuestro tejido social y lastiman física, patrimonial y emocionalmente a nuestras familias.”

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