Justicia en Veracruz, la crisis que viene

Por Juan Manuel Herrera Sosa*

Mueve a este artículo el propio de David Fuentes publicado el lunes pasado en El Universal referente al Covid y el rezago en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que al otro día mereció una reflexión del propio Ministro en retiro José Ramón Cossío referente al Poder Judicial de la Federación, curioso como siempre, ¿qué pasará en esto para Veracruz?

Según el Tercer Informe de Resultado del pasado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, correspondiente al año 2019, que por cierto parece un álbum de fotos del entonces Magistrado Presidente (próximo al retiro) y del cual también en algunas cifras hay discrepancias, específicamente en el anexo estadístico, se tienen los siguientes números:

Para los Juzgados de primera instancia, se iniciaron en el año, el siguiente número de expedientes:

a) En materia penal: 11,039

b) En materia civil: 42,833

c) En materia familiar: 36,900

Por su parte en alzada, a las Salas se le turnaron el siguiente número de expedientes:

a) En materia penal: 3,381

b) En materia civil y mercantil: 2,307

c) En materia familiar: 2,746

No incluyo otras materias por no ser el grueso de asuntos de los que se espere un gran rezago, por ejemplo la Sala Constitucional recibió menos de 100.

Haciendo números muy sencillos, es decir, sin considerar el crecimiento poblacional que señala el INEGI de casi 3% (entre más gente más pleitos y más demandas), la disminución de Veracruz en los índices de estado de derecho y seguridad jurídica (entre más indefensión más necesidad de acceso a la justicia) y todas las nuevas demandas que resultan de esta crisis pandémica, además de no hacer estimaciones previas (método que se usa en administración y estadística para calcular la desviación estándar cuando se quiere obtener un resultado calculado con una probabilidad más real); con números muy planos se puede dimensionar el tamaño del rezago simplemente dividiendo las cifras del informe entre los 12 meses del año, y tomar este número prorrateado para cada mes para multiplicarlo por los 4 meses que se lleva en suspensión, sin considerar los periodos vacacionales y suspensión de labores (que no son pocas), el rezago derivado de la crisis sanitaria sería:

Juzgados de Primera Instancia
Penal 3,680
Civil 14,277
Familiar 12,300
TOTAL 30,257
Salas del Tribunal Superior de Justicia
Penal 1,127
Civil 769
Familiar 915
TOTAL 2,811

 

Y me refiero nada más a inicios, es decir, recibir una demanda y acordar lo conducente (si se desecha, si se admite, etcétera), de esos 33 mil expedientes en rezago, habría que sumarle el trámite, si se admiten la mitad, son casi 17 mil que habría que notificar al menos a 2 partes (demandante y demandado), 34 mil notificaciones pendientes, el informe señala que no se notifica más de 4 mil en un año, si nos vamos a números planos serían casi 9 años en darle salida al rezago, más todo lo nuevo.

Pero aún falta incluir los expedientes que ya se encontraban en trámite, las audiencias que se tendrán que reprogramar, las diligencias que tendrán que tener nueva fecha, las notificaciones de todas esas actuaciones procesales, se antoja un verdadero caos, ¿qué va a pasar? Hasta ahorita nadie sabe, he tenido la oportunidad de hablar con abogados postulantes, y están más allá de la resignación, esperando sus audiencias allá por el 2022 o 2024; también con jueces, uno al que le tengo gran admiración de la región de Córdoba, me comentaba que él desde el principio –y con mucha visión- empezó a actuar de oficio lo que podía irse desahogando, y aun así no sabía que iba a hacer cuando se viniera el tsunami de promociones y demandas, ¿y todos los demás que se rigen bajo la ley del mínimo esfuerzo y no lo hicieron?; de la sociedad ni hablamos, si antes se entendía el acceso a la justicia como algo lejano ahora lo ven astronómicamente lejos.

Excelente oportunidad para reinventarse, la justicia digital es sólo una forma de dar una certera respuesta a lo que se viene, pero el tiempo ya pasó, y ahora se corre el riesgo de que por las prisas suceda lo que en su momento pasó en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y todo lo que derivó (demandas, enjuiciados, inhabilitaciones…), se llevaría su tiempo y el problema, al parecer, se tiene para el próximo lunes; considero que, aparte de empezar ¡YA! el esbozo de un sistema de justicia digital, se pueden contemplar otro tipo de acciones que en otros países y estados han funcionado:

  1. Pensar en computar desde cero el plazo de ciertos procedimientos y duplicar el tiempo para presentar recurso ante aquellas resoluciones que hayan sido notificadas antes de la suspensión de labores. (Perú y España)
  2. Accesos limitados en guardias escalonadas, habilitar dos jornadas laborales diarias, matutinas y vespertinas, evitando estar todo el personal al mismo tiempo y con horarios establecidos, no quedarse motu proprio como ahora lo hacen, sino por obligación, de forma extraordinaria, de 8 a 2 y de 3 a 9 por ejemplo, incluso pensar en fines de semana. (Chile)
  3. Habilitar personal para notificaciones, incluso contratar eventuales y habilitar espacios para sus labores, es imprescindible que no haya recursos humanos y espacios inactivos, aquí también sería bueno considerar –como el Poder Judicial de la Federación- habilitar días inhábiles para avanzar, considerando que al menos el mes tiene 10 -la tercera parte-, es decir, se podría avanzar un 33% más rápido en las notificaciones (Michoacán y España).
  4. Concatenado con lo anterior, considerar el uso de TIC´s para teleaudiencias, en España empiezan a funcionar, se puede abatir el rezago si se adelantan en número sin el riesgo de tener a la gente de forma presencial, no será necesario hacerlas tan esporádicas para no poner en riesgo la salud, ni en el limitado horario de labores actual.

Acciones muy generales que desde luego son imperfectas, pero siento pueden aportar a lo que se viene, lo difícil serían solicitar ampliación presupuestal, pues el legislativo anda más concentrado en ver como invadir que en resolver.

Entiendo que no a todos les parecen y que generan molestia en algunos sectores, recuerdo haber hecho un comentario en Facebook sobre la noticia de un portal de la última ampliación de la suspensión y recibí reclamos e insultos de todo tipo, y por las menos defensas (sólo del gremio de abogados postulantes), de verdad que no se trata de causar molestias a los colaboradores del Poder Judicial, no tienen la culpa de la pandemia –pero la gente tampoco- para todos esto es extraordinario; sin embargo, considero que hay una diferencia abismal entre tener una quincena segura y depender del funcionamiento de esta institución para poder comer o para resolver un problema, por ahí andan unos amparos alegando el peligro a la vida por falta de sustento por tener los tribunales cerrados (Yucatán), que aunque suenan raros, parece que algunos los han admitido, no se enojen, no es para siempre, es una cuestión de mera empatía temporal.

Vaya recibimiento para los próximos Magistrados (que están a un trámite), enhorabuena para ellos y ojalá aporten todo lo que se espera de su parte para hacerle frente a esta situación; al Consejo de la Judicatura del Estado dejar sus grillas y su voraz necesidad a un lado y ponerse a diseñar estrategias para la próxima apertura de los órganos jurisdiccionales, no todo es pelearse las plazas y presupuestos, incluso con acciones y modificaciones legales inconstitucionales (ya hablaremos de ello), hay que recordarles a los más que el enriquecimiento ilícito está tipificado en el 328 del Código Penal para el Estado de Veracruz, es mejor enfocarse en trabajar en cosas edificantes que la sociedad requiere; a la legislatura, que pena que se presten por desconocimiento o interés, o peor aún por ignorancia o complicidad al embate a un poder autónomo e independiente, ¿cuál es el trasfondo? Al menos platíquenlo para saberlo, en mi rancho dicen no hagas cosas buenas que parezcan malas (¿o al revés?), una leída al artículo 49 de la Constitución General y su historia no les vendría nada mal; finalmente a los señores gobernantes, sus buenas intenciones las pueden aterrizar en estos temas, las historias siempre tienen más de un punto de vista, no olviden que la gente de lo bueno y más de lo malo siempre se les echa la culpa y hay elecciones el año que viene.

Finalmente, citando al Ministro Cossío: “Por las magnitudes de asuntos que previsiblemente van a generarse y por los límites funcionales de los órganos de impartición de justicia, es previsible la aparición de una crisis que no será del tipo estrepitoso o radicalizado, sino más bien sutil y extendida”, el problema está a la vista, la solución está en sus manos, no estamos para más crisis.

PD. La iniciativa con la que se pretende modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado se antoja inconstitucional, allá por el 2007 intentaron lo mismo en Baja California y la Suprema Corte (como siempre) tuvo que enmendar, ya hay precedentes, investíguenle bien que por ahí anda la resolución.

*Maestro en Derecho, ex asesor jurídico en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Profesor de Amparo en la Universidad Anáhuac

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