Veracruz y otros cuatro estados concentran 52.6 % de 73 mil desaparecidos 

De los 73 mil 308 personas reportadas oficialmente hasta este sábado como desaparecidas y no localizadas, el 52.6%  se concentraban en las entidades de Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa, Jalisco y Estado de México.

Según el diario EXCELSIOR, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno), que da a conocer la Comisión Nacional Búsqueda (CNB), Tamaulipas es la entidad que suma el mayor número de casos (10,810), seguida de Jalisco (10,240), Estado México (7,684), Veracruz (5,018), Sinaloa (4,846), Nuevo León (4,319) y Coahuila (3,131), que en total acumulan 47 mil 88 personas desaparecidas y no localizadas.

De acuerdo con el trabajo periodístico del reportero Aníbal Martínez, del diario capitalino, esa cantidad es superior a la que registró hasta abril de 2018 el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED), que es de 42 mil 998 personas en dicha condición. Según el RNPED, 41 mil 835 personas en esta condición son del fuero común y mil 163 de fuero federal, entre ellos 68 extranjeros.

En contraste, las entidades que menos habitantes están en dicho estatus son Campeche, con 45; Tlaxcala, con 56, y Tabasco, con 113.

En una consulta realizada por EXCELSIOR al Rnpdno, el cual reportaba hasta el mediodía del sábado 73 mil 308 personas desaparecidas y no localizadas, se halló un desfase de 426 personas en el conteo por estado al total de la cifra reportada; es decir, sólo arrojaba 72 mil 882.

En el último reporte de la CNB, dado a conocer el pasado 13 de julio, se registró un total de 177 mil 844 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, mientras que en el reporte del 1 de agosto, se daba un total de 178 mil 474 en dicha condición.

Mientras que el 13 de julio anunció que había 73 mil 201 habitantes desaparecidos y no localizados, ayer registró 73 mil 308; es decir, que en 19 días desaparecieron o no fueron localizadas en el país 107 personas.

De los 73 mil 308, 72 mil 799 personas (99.31%) estaban en calidad de desaparecidas y 509 (0.69%) en calidad de no localizadas.

Entrevistada por EXCELSIOR, María Guadalupe Aguilar Jáuregui, coordinadora del Colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej), declaró que esas cifras reflejan el desinterés de las autoridades locales para dar una atención integral a cada caso de desaparecidos y aunque aseguró que en la actual administración federal hay avances y un claro interés, aún falta mucho por hacer, ya que “ponen a gente que no conoce del tema”.

Lamentó que muchas veces  que se intenta denunciar la desaparición de algún familiar, de inmediato las autoridades los vinculan con problemas de drogas, y aunque admitió que muchas madres de desaparecidos que confesaron que sus hijos sí consumían, defendió que “independientemente de eso todas las personas tienen derecho a la vida”.

Aguilar Jáuregui dijo que en la mayoría de los casos de desaparecidos, éstos son hallados muertos o localizan osamentas y la satisfacción que tiene como activista es ayudar a decenas de madres a encontrar los restos de sus hijos.

La activista, quien vio por última vez a su hijo en 2011 y a quien sigue buscando, dijo que para muchas madres que hallan los restos de sus familiares enfrentan un “enorme dolor, porque los encuentran muertos, y el único consuelo que les queda de haberlos encontrado es que tendrán un lugar donde llorarles”.

Reprochó que de nada sirve tener fiscalías especializadas en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas, comisiones estatal y nacional de Búsquedas si las mismas autoridades “no paran ni detienen la delincuencia, las cifras de delitos”.

Criticó que la Secretaría de Gobernación sólo hace ruido unos días y después se olvida.

“A mí no me interesan sus cifras, a mí lo que me interesa es saber ellos a cuántas personas han encontrado”.

Señaló que los datos que dan las autoridades sobre las personas en esta condición “están muy lejos de la realidad, porque para saber cómo está la situación se necesita participar en un colectivo o en las fiscalías de Desaparecidos, donde las cifras están al día”.

Ante ello, llamó a las autoridades a realmente cumplir con las promesas y dar presupuesto para la búsqueda de los desaparecidos.

UN CASO DE XALAPA

En su reportaje, el reportero Aníbal Martínez refiere el caso de una joven desaparecida hace casi nueve meses en la ciudad de  Xalapa: el de la estilista Nora Liz López Saldívar, cuya familia –señala el periodista– no ha recibido una sola respuesta lógica por parte de las autoridades que tomaron este asunto como otro más y, hasta la fecha, no hay avances o indicios que les indique dónde podría estar.

El reportero expone que Claudia Ivonne Saldívar, madre de Nora, tiene razones para pensar que a su hija le hicieron daño, pues refiere que había vivido una relación violenta con el padre del hijo que esperaba.

Según relata el periodista, la noche del 11 de noviembre Nora llegó a la casa de su madre para pedirle que cuidara a su hija, una niña de 5 años, ya que ese día se había citado con su exmarido, Irán Hernández, en la casa que ambos habían compartido y que ahora sólo habitaba la joven con su pequeña hija.

La abuela, al día siguiente, llevó a la niña al jardín de niños; su hija no se comunicó con ella y no le extrañó, pues pensó que estaría ocupada en su trabajo, en una estética.

Lo que sí le inquietó fue que, por la tarde, una profesora del jardín de niños de su nieta le pidió pasar a recogerla porque la madre no había llegado por ella. La abuela fue por la niña y comenzó a buscar a su hija, pasó un día completo sin poder comunicarse con ella, su teléfono sí sonó, pero luego ya no.

La familia de la joven buscó al exmarido, quien reconoció haber estado con Nora Liz la noche del 11 de noviembre, pero que, al día siguiente, salió de la casa alrededor de las 7:30 y no volvió a saber de ella.

La madre de Nora aseguró que quien se adelantó a denunciar la desaparición fue su exyerno y cuando ella intentó pedir informes se los negaron, asegurándole que sólo le informarían al titular de la denuncia, quien especificó que sólo a él le dieran datos. La pareja sólo duró casada 10 meses, y aunque previamente vivieron juntos dos años, hubo violencia y por eso ocurrió la separación.

En la carpeta de investigación hay una amplia declaración del exmarido que aseguró que se había separado de Nora por una presunta infidelidad de ella; la madre asegura que no, que su hija le confió que Irán se había puesto violento, le destrozó parte del mobiliario en su casa y se había llevado una computadora portátil. Ignora cuál era el motivo de un encuentro entre ambos.

Desde ese tiempo a la fecha, la familia de Nora Liz no ha podido saber nada sobre los avances de la investigación y la esperanza de que la policía rastreara la sábana de llamadas de su hija, antes de su desaparición, se ha desvanecido porque tiene noticias de que en la investigación ministerial abierta sigue sin existir ese informe.

Lo que más le angustia a Claudia Ivonne es que, de acuerdo con un ultrasonido, fechado en octubre de 2019, que encontró en la estética de su hija, ella tenía un embarazo de aproximadamente cuatro meses al momento de su desaparición y para la primera semana de mayo estaba previsto el alumbramiento. Aseguró que si sólo se hubiera ido, Nora no hubiera abandonado a su hija y reiteró que la obligaron a desaparecer.

Y EN VERACRUZ RENUNCIA LA FISCAL ESPECIALIZADA

Este sábado, sorpresivamente, a través de las redes sociales se dio a conocer la renuncia de Martha Lidia Pérez Gumercindo, titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, de la Fiscalía General del Estado.

Antes de ocupar este cargo en la FGE, Pérez Gumercindo se desempeñó en la agencia del Ministerio Público Investigadora Especializada en Delitos contra la Libertad y la Seguridad Sexual y contra la Familia con sede en Martínez de la Torre, Xalapa, Tantoyuca; agente del Ministerio Público en litigación en la Unidad Integral de Procuración de Justicia (UIPJ) de Xalapa; Fiscal Décimo Octavo en la UIPJ radicada en Xalapa; Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Regional de la zona norte Tuxpan y Fiscal de Distrito de la UIPJ con sede en Poza Rica.

Su salida fue asumida como una ruptura con los Colectivos de Búsqueda, que rompe con la armonía del trabajo que se venía haciendo, según consideró Lucía Díaz Genao, integrante del Colectivo Solecito

“Es cortar con lo que había y declararnos la guerra, nos están declarando las hostilidades, por ahí; no va y deberían saberlo, ese no es el camino y ojalá y rectifiquen. Lo tenemos que tomar como una señal de hostilidad”, afirmó la activista Díaz Genao.

De acuerdo con la información que circuló en redes sociales, la renuncia de Martha Lidia Pérez Gumercindo fue por motivos personales.

Díaz Genao consideró que la medida es un mal precedente, y no descartó que se repitan los mismos problemas que se padecieron en el pasado con el ex fiscal Jorge Winckler, de quien se quejó que simplemente no los escuchaba.

“Es muy mal preámbulo, un presagio ominoso de cómo va a marchar los trabajos de esta Fiscalía que en vez de tratar de acercarse a las víctimas se está alejando y se van a tropezar con las víctimas como una fuerza bastante considerable, y no será fácil que una Fiscalía nos pase por encima”, advirtió.

Por su parte, Anaís Palacios, integrante del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda, lamentó el cambio, pues señaló que le mete ruido al proceso de localización de personas reportadas como desaparecidas, lo que calificó como un duro golpe para sus familias.

“Este cambio, en el contexto de la pandemia resulta doblemente golpeador porque representa que alguien que entienda o no del tema (a quien designen) asuma con responsabilidad y sin compromisos políticos, que tenga capacidad, empatía, y sobre todo que retome el trabajo en curso, que sepa liderear a un equipo y que sorteé las condiciones actuales de Fiscalía”, posteó en redes sociales.

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