Ex policías exigen justicia por despidos

Agencia SPI Veracruz

Trabajadores de la extinta Policía Intermunicipal Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla, denunciaron que no hay avances en las investigaciones por la falsificación de firmas para el cobro cheques con su finiquito.

Al manifestarse en plaza Lerdo, el asesor jurídico de los trabajadores, Ader Óscar Juárez Téllez, recordó que fueron 400 los trabajadores, entre policías y personal administrativo, que fueron despedidos durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

A raíz de ello comenzaron la lucha pero hace un año se dio a conocer que se destinaron 20 millones de pesos para su finiquito y esto nunca les fue entregado porque alguien más cobró el dinero.

Es así que interpusieron denuncias el 24 de octubre de 2019 bajo el expediente 808/2019 en contra de varios ex funcionarios, entre ellos el ex gobernador Javier Duarte y el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita.

Además, contra el ex jefe de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública, Alejandro Contreras Uscanga; el ex jefe de Recursos Humanos del Gobierno del estado, Aurelio Lazcano Guerrero; ex jefe de Finanzas, José Luis Navarrete Ortega; ex director Jurídico, Luis Rafael Sánchez Infante; Ulises Rodriguez Landa, actualmente en Unidad Administrativa, José Luis Villa Sánchez y actual encargada de Administración de Recursos Humanos de la Unidad Administrativa de la SSP, Noemí Liliana Lozada Hernández.

Pese a lo anterior, no ha habido un avance y por ello hicieron un llamado a la titular de la Fiscalía General del estado Verónica Hernández Giadans y a la Clementina Salazar Cruz, que es la titular de la Fiscalía Anticorrupción, para que le den celeridad al caso.

“Hemos venido casi dos veces por mes, esperemos que nos atiendan porque no hemos tenido respuesta; nosotros acreditamos que las firmas con las que se cobraron las cheques son falsas, lo acreditamos a través de peritos”.

Dijo que desafortunadamente la mayoría de las personas despedidas son adultos mayores que en muchos casos ya incluso fueron despedidos y sin embargo no obtuvieron su finiquito.

“Pedimos justicia ante el despido justificado, es una demanda social de más de 400 trabajadores (…) No sé si hay omisión de las autoridades que nos representan pero seguimos con la lucha ha sido un calvario y un cansancio; son personas de la tercera edad, algunos ya han muerto y si en vida no les pagaron menos ya finados”.

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