De vuelta a lo cavernícola

Por Juan Manuel Herrera Sosa*

En México, específicamente en San Miguel Canoa en el Estado de Puebla, la noche del 14 de septiembre de 1968 fueron ajusticiados 5 trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla y algunos otros pobladores que se opusieron al acto; ellos únicamente tenían la intención de subir al volcán Malinche, pero al haber mal clima se refugiaron en el pueblo. El párroco local -quien incitó la revuelta- los acusó de ateos y comunistas, de ir en contra del estado y la religión, además de haber abusado de algunos bienes y personas de la comunidad (lo que nunca sucedió), el pueblo azuzado tomó armas, los enjuició a su entender y los condenó a linchamiento público, tomaron las armas por ellos mismos y la justicia por propia mano, murieron 3.

Esta semana se hizo viral un video en el que un malandrín sube a un transporte público al parecer en Texcoco, y tratando de asaltar a los pasajeros se queda solo a merced de los usuarios, quienes lo ajustician hasta dejarlo herido inconsciente y desnudo en la calle; luego, recibí varios videos donde hacen lo mismo a dos asaltantes motociclistas en la Ciudad de México en plena Colonia del Valle (les patean la cabeza hasta que se ven sin movimiento), y así, fui recibiendo videos similares uno tras otro. Estas situaciones desde luego no son nuevas, recuerdo linchamientos en zonas serranas incluso en una delegación alejada del centro en el entonces Distrito Federal y, aunque no son el pan de cada día, es más común, ya no sólo en poblaciones alejadas, ahora se hacen a media ciudad, a medio día y, al parecer, con absoluta libertad e impunidad.

Sucede un fenómeno que llama mi atención, que es más rápida la viralización de videos de esta naturaleza, memes y toda clase de publicaciones (tan es así que al momento de escribir estos párrafos me llegó un video de una canción relatando lo sucedido de forma chusca) que la denuncia que hagan los afectados, ¿por qué? Creo –absolutamente convencido- que existe un desencanto a la hora de solicitar reparaciones por medios institucionales, hay hartazgo y cansancio de la impunidad.

Vayamos al deber ser, el artículo 17 de la Constitución General entre otras cosas dice: Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho…”, dicha prohibición está dirigida a los particulares y según una tesis del Poder Judicial Federal, explica que se refiere a que nadie se encuentra en aptitud jurídica de conocer y resolver unilateralmente los litigios de que forme parte, mucho menos de forma imperativa a las contrapartes, es decir, nadie puede auto resolver sus problemas e imponer sanciones a otras sino únicamente después de acogerse a un proceso jurisdiccional, y vienen los presupuestos básicos del acceso a la justicia: a) que sea llevado a cabo ante tribunales competentes, b) con apego a las leyes aplicables, y c) mediante procedimientos establecidos previamente. En el contexto constitucional se refiere a la actividad correspondiente a los tribunales en cuanto a que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para eso.

Por su parte, la justicia por mano propia corresponde a una o varias conductas violentas que se realizan al margen de la ley, con la finalidad de ajusticiar al presunto autor o autores del delito, con el objeto de buscar el resarcimiento del daño causado en contra de las víctimas (o sus familiares).

La profesora colombiana Michelle González determina 3 hechos que se relacionan y son la columna vertebral del problema sobre la justicia por mano propia, que son:

  1. La inseguridad, el miedo y la desconfianza de las personas sobre la dureza de las penas de los condenados, pues con ello se disminuye la credibilidad hacia la administración de justicia, teniendo como resultado el incremento del temor de los ciudadanos a denunciar cualquier acto delictivo por sentirse en riesgo;

 

  1. La dificultad en el acceso a la administración de justicia y los tiempos de resolución de los procesos, con esto se tiene como resultado que es preferible actuar al margen de la ley y de los tribunales para resolver conflictos, pues los procedimientos se entienden pesados, difíciles y largos;

 

  1. La desconfianza en las autoridades estatales, esto tiene que ver con la imagen pública y la concepción de la gente sobre las instituciones, son constantes las noticias de delincuentes impunes o de beneficios de casa por cárcel, fugas y delitos desde las mismas prisiones.

Cuando estos factores aparecen en un mismo estado y sociedad, se genera un “espontaneísmo reactivo” –dice la profesora- que no es más que la inmediata necesidad de sentir justicia y que relaciona a personas que aunque no se conozcan, comparten el mismo sentimiento.

Entonces, si se dan los 3 aspectos que la profesora señala (que los vivimos día a día), le sumamos que los gobernados tenemos vedada la posibilidad de justicia por propia mano por ser una actividad exclusiva de los juzgadores en ejercicio sus funciones, surge la cuestión: si no se me otorga dicho derecho ¿puedo recurrir a la justicia por propia mano?

Una respuesta puede encontrarse en las ideas de la Teoría de la Justicia del filósofo estadounidense y profesor de la Universidad Harvard John Rawls, de la que derivan 3 principios para entenderla: 1) libertades básicas para todos, 2) igualdad de oportunidades para todos y 3) equidad en la distribución de los recursos; me parece que no hay que ser un astrofísico ni hacer un amplio estudio para saber que estamos lejos de alcanzar estos ideales. Además, hay que señalar que ésta teoría se basa en el famoso contrato social, en el que –teóricamente- todos estamos de acuerdo para que haya instituciones y someternos a ciertas reglas, lo que me hace reflexionar sobre qué pasa cuando esto no sucede, ya hay quienes por sus actividades ilegales usan pistolas y asesinan, quienes roban y quienes incumplen contratos, todos en completa impunidad, entre otras cosas peores, y si a esto le adicionamos que las instituciones encargadas de restablecer las cosas están cerradas (o funcionan no muy bien) ¿qué caso tiene someterse a ese contrato social? O ¿qué alternativas me quedan?

Algo tiene que pasar, de lo contrario estaremos cada vez más lejos de conseguir justicia a través de actos dispuestos y ordenados que tengan por finalidad una resolución que puede ser exigida coactivamente (así dice la jurisprudencia) y estaremos más cerca de párrocos como el de Puebla o de que los justicieros anónimos se propaguen; o en una de esas, llevado al extremo, poco a poco regresamos a lo cavernícola, donde el que sea más atrevido, tenga más fuerza y el garrote más grande gane el pleito; si así sucede, ahorrémonos el dineral que nos cuestan las instituciones.

*Maestro en Derecho, ex asesor en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, profesor de Amparo en la Universidad Anáhuac.

manolo.herrera27@gmail.com

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