Después de Luis Echeverría, podrían ser enjuiciados los ex presidentes Peña Nieto, Calderón y hasta Salinas de Gortari

Al denunciar ante la Fiscalía General de la República (FGR) haber destinado 100 millones de pesos que recibió de la empresa brasileña Odebrecht a la campaña presidencial del PRI de 2012 para pagar asesores electorales extranjeros, el ex director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, le ha abierto la puerta al Ministerio Público federal para proceder penalmente contra el ex presidente Enrique Peña Nieto, que no será el primero en comparecer ante la ley, ya que en noviembre de 2006 –a finales de la administración presidencial del panista Vicente Fox– se libró una orden de aprehensión en contra de Luis Echevarría Álvarez, quien gobernó el país de 1970 a 1976.

Como se recordará, a Echeverría se le señaló de ser presunto responsable del delito de genocidio por la masacre del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, cuando fungía como secretario de Gobernación. El ex mandatario priista enfrentó dos procesos penales, uno de ellos relacionado con el 2 de octubre y el otro con la matanza del 10 de junio de 1971 (cuando era presidente en funciones); sin embargo por su edad y estado de salud, ambos juicios los pasó en prisión domiciliaria. Luego de tres años fue exonerado.

Ayer, el ex presidente Peña Nieto fue señalado por Lozoya Austin de haber incurrido en financiamiento ilícito, al ordenar en 2012 que 100 millones de pesos que la empresa Odebrecht entregó como soborno se utilizaran para el pago de asesores extranjeros en su campaña presidencial.

Además, de acuerdo con dicha denuncia, por instrucciones del presidente Peña y de su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, el ex director de Pemex destinó 404 millones de pesos a la compra de votos de diputados y senadores para la aprobación de las reformas estructurales conocidas como Pacto por México.

CALDERÓN, TAMBIÉN EN LA MIRA

Con base en la declaración ministerial rendida por el ex funcionario, Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), anunció que se investigará el contrato de Petróleos Mexicanos (Pemex) con la firma Braskem-Idesa (una filial de Odebrecht) por la serie de beneficios y privilegios en los precios de los insumos que se otorgaron a esta empresa en administraciones pasadas y que generaron pérdidas muy graves para el gobierno federal, en la operación de la planta de polietileno conocida como Etileno Siglo XXI, que se localiza en Veracruz y comenzó operaciones en 2016, durante la administración del ex presidente Felipa Calderón Hinojosa, del PAN.

Como se recordará, el proyecto para la operación de Etileno Siglo XXI inició en 2003, cuando Calderón era el secretario de Energía con el mandatario panista Vicente Fox Quesada, y se consolidó en 2007, cuando el michoacano ya ocupaba la Presidencia de la República.

La carpeta de investigación en torno a esta empresa se inició con base en una denuncia presentada ante la FGR por el ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin, en la cual señala actos de corrupción que beneficiaron a la constructora brasileña Odebrecht y sus filiales en México, una de las cuales, IDESA, tiene como accionistas a familiares cercanos del ingeniero Javier Jiménez Espriú, quien casualmente renunció hace tres semanas como secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) pretextando su desacuerdo con la decisión del presidente López Obrador de militarizar las aduanas y puertos del país.

Pemex, según se ha informado, no ha podido cumplir los términos del contrato establecido por Calderón con Braskem-Idesa, de suministrarle 66 mil barriles diarios de etanol, poniendo en riesgo la operación de plantas propiedad de la petrolera mexicana.

Al respecto, el titular de la FGR refirió que en su denuncia Emilio Lozoya señala que hubo una serie de beneficios de carácter económico a favor de esa empresa que también está vinculada con una firma mexicana que es socia de Odebrecht y que se les dieron una serie de privilegios en los precios de los insumos, por lo que el gobierno federal tuvo pérdidas muy graves, según refirió el fiscal Gertz.

El contrato firmado el 19 de febrero de 2010 entre Braskem-Idesa y Pemex Gas y Petroquímicas Básicas obligaba a esta última a suministrar una cantidad fija de etanol a la planta de Etileno XXI, a 30 por ciento menos de su valor de mercado.

Además de este subsidio ilegal, el acuerdo le dio a la empresa privada acceso a créditos blandos de la banca pública de desarrollo, como Nafin y Bancomext.

Pese a los términos desfavorables para los intereses nacionales, el contrato se modificó para ampliar su vigencia. El esquema estaba diseñado para que la constructora brasileña recuperara su inversión con una ganancia de 30 por ciento en un plazo de 20 años.

En marzo pasado, el presidente López Obrador se refirió a este caso, al que describió como una serie de componendas entre Odebrecht y ex funcionarios del gobierno de Calderón para hacer su planta (Etileno Siglo XXI) y que le garantizaran gas a precio bajo y con cláusulas leoninas, en donde si Pemex no le abastece tiene que pagar una multa. “Esos contratos se hicieron porque se dedicaron a saquear al país”, acusó el mandatario.

APUNTAN HACIA SALINAS

Emilio Lozoya ha informado también al Gobierno federal, en forma preliminar, que está dispuesto a declarar sobre supuestas maniobras del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, para tratar de influir en la asignación de contratos de Pemex.

Según publica este miércoles el diario REFORMA, de acuerdo con la versión de personas vinculadas al procedimiento de Lozoya, el ex director de Pemex afirma tener información sobre la forma en que el ex mandatario priista, a través de uno de sus hijos, habría pretendido recomendarle la adjudicación de convenios.

De acuerdo con uno de sus informantes, el diario capitalino refiere que en la denuncia que presentó Lozoya ante la FGR no está incluido el nombre de Carlos Salinas; sin embargo, anticipa que es previsible que su querella sea ampliada más adelante o presente una nueva.

Sus abogados Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pruneda han insistido desde las audiencias judiciales que su cliente pretende demostrar la implementación de “un aparato organizado de poder” que llevó a cabo diversos actos de corrupción.

Según la información recabada, en cuanto Lozoya sea requerido para un interrogatorio, presentará fotografías y audios que presuntamente involucran a entre 10 y 12 personas que recibieron sobornos para aprobar la reforma energética.

REFORMA refiere que en el caso de Salinas no es la primera vez que es señalado en un expediente penal de la actual administración, pues el año pasado Sergio Hugo Bustamante Figueroa, el mismo personaje que denunció al abogado Juan Collado, declaró ante la Fiscalía General de la República que el ex Presidente era uno de los dueños de la Caja Libertad.

La mañana de este miércoles, en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, al aludir el caso de Lozoya, el presidente López Obrador  dijo que todos los implicados deberán ser llamados a comparecer y urgió al ex director de la empresa productiva del Estado a que revele más información sobre corrupción.

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